El típico caso de una investigación penal caída por las presiones del poder

Inacción y dilaciones policiales, operaciones e influencias desde el gobierno para evitar esclarecer un grave hecho ilícito cometido con total impunidad y connivencia de las autoridades.

La capital entrerriana se ha vuelto un caos en materia de seguridad, las autoridades policiales y del ministerio de justicia, nada hacen para combatir la delincuencia.

A diario la prensa recibe partes novedad con graves hechos ilícitos cometidos en las calles paranaenses, constantes son los reclamos de los vecinos exigiendo mayor seguridad, la respuesta viene siendo siempre la misma, silencio e inacción totales.

Entre los reclamos sin dudas el más generalizado es el de la presencia policial, se estima que si un uniformado esta apostado sobre los lugares donde se cometen los delitos, los delincuentes evitaran la zona.

Se estima únicamente porque ni desde el ministerio de gobierno ni desde la policía tienen estadísticas criminales que indiquen cuales son los sectores en Paraná con mayores índices de delitos y cuales con menores y medios.

Sin embargo, a pesar de los pedidos, la gente incluso en sus casas está totalmente desprotegida porque quienes deben brindar seguridad, el ministerio de gobierno y la policía, poco o nada hacen para revertir las cifras de la criminalidad.

Más aun con esta nueva medida implementada por la ministra de gobierno, Rosario Romero, otorgándole colaboración al Municipio de Paraná.

Los policías de la capital entrerriana dejaran de prestar sus propias funciones para pasar a actuar como un agente de tránsito más.

Muy a contramano de lo que pide la ciudadanía y en contradicción con la emergencia en materia de seguridad, quienes deben estar previniendo robos, abusos, hurtos, etc., se sumaran a la tarea de ordenar el tránsito en la ciudad.

Lo único que puede esperar el vecino es sufrir el delito y que la Justicia sea quien se encargue de encontrar a los responsables.

Una empresa difícil, la imagen de la Justicia en la investigación de estos hechos no mejora respecto de quienes deben prevenirlos, constantemente es comentada la consideración de la ciudadanía sobre la actuación de los fiscales.

La cosa no mejora con los denominados delitos de cuello blanco, tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, el cohecho, el peculado, la malversación, son algunos de los ejemplos.

En la Provincia, iniciar la investigación u ocultar los hechos, su avance o no, viene siendo utilizada como herramienta de algunos sectores políticos para acrecentar su poder.

Para los delitos “comunes”, los que sufren directamente los ciudadanos comunes la resolución de la causa, su esclarecimiento y el hallazgo del o los responsables, dependerá en todos los casos del fiscal que este de turno.

Hay fiscales comprometidos con su labor, hay otros que dejan mucho que desear en sí y hay algunos que, es conocido y comentado e incluso ha sido denunciado públicamente, son presionados por el poder político para que las causas no avancen.

“Casualmente”, estos últimos son los que están generalmente “de turno” cuando se suscitan hechos donde están involucrados importantes funcionarios provinciales.

Hay un caso emblemático sucedido en Paraná, un robo, aunque por sus características para nada común, que vincula a autoridades de peso y, sumando a su peculiaridad, que se encuentra estrechamente conectado a una grave causa de corrupción de la actual gestión provincial.

Exactamente hace un año, en horas cercanas al mediodía, una banda de delincuentes ingresaba al inmueble del director de este medio para hacerse de un valioso maletín.

Hasta ahí nada fuera de lo común, si no fuera porque el hecho se sucinto en una zona fuertemente custodiada por estar domiciliado a 30 metros el gobernador Gustavo Bordet.

No fue la única singularidad, uno de los delincuentes a cara descubierta, demostrando total temeridad e impunidad, a plena luz del día y con una logística y estructura vistas solo en las películas, ingresaba al edificio, para luego dirigirse al departamento de un familiar y exigirle “un maletín color plateado”, otro le ofrecía apoyo a través de un teléfono móvil de altísima tecnología.

Dentro el inmueble, el delincuente se manejó como si conociera cada uno de los rincones de la casa, por todos lados buscó su ansiado maletín plateado, es más, incluso sabia de la existencia de un automóvil estacionado en el garaje del subsuelo del edificio  y conocía el lugar exacto de ubicación de las llaves.

El conocimiento se expandía asimismo a los movimientos familiares, en aquella oportunidad, el golpe lo dio aprovechando ausencia del director y parte de su familia.

Por más de 6 horas estuvo en el edificio buscando el maletín, primero fue directo a los lugares que estimaba podía estar, insistimos, conocía de antemano de la existencia de su botín y características, demostrando también una inteligencia acabada sobre el inmueble, incluso sabia en habitáculos podía llegar a estar.

Transcurso largo de tiempo donde privó de su libertad a un familiar, a quien con intimidaciones y amedrentamientos, cuando no supo mas donde buscar, le exigía respuestas.

Tras las largas horas lo encontró, y así como entró, se fue, evadiendo cualquier tipo de custodia en la zona.

El conocimiento del lugar fue manifiesto, sabia cuántas cámaras de seguridad había en la cuadra, impresiona ver los videos de las mismas y los cruces en las aceras que realiza para que su rostro no quede enteramente registrado.

Sin embargo, en el ingreso y al egreso del edificio, no mostró este cuidado, quedando su cara y demás características filmadas.

De las imágenes se puede extraer su altura, su tez, color de pelo y por su puesto se observa nítidamente su rostro, sin embargo, desde fiscalía, a un año del hecho, aun no tienen una sola pista de quien podría ser, llamativo por donde se lo mire.

La investigación desde el momento inicial estuvo teñida de varias irregularidades, todas dirigidas a la paralización, al ocultamiento, a evitar que se esclarezca.

Nótese que a pesar de los pedidos y reclamos, la división de investigaciones de la Policía, sabiendo que las cámaras de seguridad se pisan a los 12 días, es decir, se elimina lo registrado superponiéndose filmaciones posteriores, nunca  pidió archivos fílmicos a los vecinos.

A los 33 días de ocurrido el hecho, algunos de los vecinos propietarios de las cámaras fueron notificados por la Policía para que envíen las imágenes.

Esta fue una de las señales de que la causa no debía avanzar.

Otra fueron las llamativas declaraciones públicas del comisario Fabio Jurajuria, director de investigaciones de la PER en lo que fue un intento de desviar las actuaciones, hacerle creer a la opinión pública que se trataba de un hecho común y habitual.

Mostrando una ignorancia absoluta del código penal, de su tipología y de las características que presentan los delitos e incluso violando el código procesal penal  de la provincia, Jurajuria le decía a la ciudadanía que fue “un cuento del tío”.

Un Jurajuria que dio precisiones del expediente no solo cuando tiene vedado tal posibilidad, sino que afirmó como ciertas circunstancias que el mismo no contenía ni siquiera que fueron denunciadas.

Para esa altura, y a pesar del poco tiempo transcurrido e la investigación, una sola cosa estaba clara, ni la Policía, ni la Justicia ni tampoco las autoridades del gobierno provincial, querían que el hecho se esclarezca.

No era para menos, según la información que obtuvo el medio, el delincuente registrado en las cámaras de seguridad se trataba de un miembro de las fuerzas de seguridad.

A partir de dicho dato, todas las peculiaridades de la causa comenzaron a tener sentido.

Faltaba una singularidad más, en plena investigación, desde fiscalía se ofició a distintas fuerzas de seguridad para que colaboren con la identificación del delincuente filmado.

Lo normal y habitual es que las contestaciones de estos organismos demoren, tanto es así que desde fiscalía suelen practicar un reiteratorio.

Llamativamente, al otro día de oficiada, desde gendarmería enviaban la respuesta a la fiscal manifestando “no surge de nuestros registros”

Y el lector se preguntará ¿qué interés en este grave robo pueden tener las autoridades provinciales? Para dar respuesta a este interrogante hay que remontarse al contenido de lo pretendido, el botín de los delincuentes.

Amén del dinero, en el maletín plateado que por cierto se encontraba en un lugar inhóspito del inmueble, existía una gran cantidad de documentación original que vinculaba a uno de los funcionarios más importantes de la gestión provincial como también al más importante en hechos de corrupción.

Decretos, órdenes de pagos realizados a un medio de comunicación totalmente desconocido en la provincia de titularidad de un empresario conocido por negociados con el poder por cifras millonarias.

De los documentos del maletín se desprendían serias sospechas de la comisión de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, y/o violación de los deberes de funcionario público a través del direccionamiento de la publicidad oficial.

Gustavo Bordet, Edgardo Kueider y el financista Adrián Bruffal, los presuntos penalmente responsables.

Más arriba sosteníamos que el grave hecho al director de este medio se relacionaba directamente con otro grave hecho de corrupción, las muestras están a la vista.

Hace un año del hecho y aun no existe un solo responsable, ni siquiera una sola pista para dar con el delincuente filmado, el cual, fue a buscar un maletín que en su interior contenía documentos probatorios para el inicio de una causa por corrupción.

Hechos estos que igualmente se denunciaron iniciándose la respectiva investigación, pero que, al igual que su conexa, duerme hace varios meses sin avances en el despacho del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

Dos hechos distintos en cuento a su tipología, pero enteramente semejantes en su resolución, en ambos casos, primaron las inacciones, dilaciones, operaciones, presiones e influencias desde del poder político para evitar que se esclarezcan.