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Juegos de presiones
El intendente Varisco sólo se va con la intervención sancionada o la prisión decretada por el juez

Fecha Publicación: 27/06/2018 | Cantidad de Lecturas: 2608 

La suspensión de la afiliación es una de las últimas medidas impulsadas desde arriba buscando presionar al radical, que no se va a ir del municipio para no allanarle el camino al gobierno nacional, a la justicia federal y al justicialismo



Como se anunció desde este Portal la semana pasada y en la jornada de este miércoles fue tomado por varios medios nacionales, el Tribunal de Ética de Cambiemos oficializó la suspensión de la afiliación al radicalismo del intendente de Paraná, Sergio Varisco.

La decisión fue tomada por parte de las autoridades del tribunal recientemente creado para investigar a los principales dirigentes y funcionarios actualmente en el poder del sello político del presidente Mauricio Macri.

Asimismo, en aquel momento trascendieron los motivos de la medida, que no era otro que la grave crisis en el seno de la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica que implica tener al intendente de una importante capital de provincia procesado por una megacausa de narcotráfico, acusado de financiar a la organización criminal que comercializó droga.

Se trata de una durísima medida oficializada por el Tribunal para el mandatario comunal, teniendo en cuenta la historia que precede a su apellido dentro de la Unión Cívica Radical.

La intención de esta decisión no es otra que empujar a Varisco, presionarlo desde distintos sectores políticos e institucionales, para que dé un paso al costado, es decir, arrinconarlo para que sea él mismo quien se aleje de las riendas municipales.

La suspensión de su afiliación no es más que una de las muestras que argumentan la presión, a las cuales habría que agregarle otros hechos que dejan en claro que a Varisco le han sacado la escalera.

El no envío de fondos nacionales para continuar con obras públicas ya iniciadas es notable hoy, en idéntico sentido el silencio de varios dirigentes radicales, caso del intendente y presidente del Comité Provincial Radical, Pedro Galimberti, que ya no solo no atiende los teléfonos a las autoridades nacionales que le exigen que sea él el que suspenda a Varisco, sino también a los medios de prensa.

Todos estos, ejemplos concretos de que a Varisco varios sectores internos de Cambiemos intentan arrinconarlo para que deje el gobierno municipal, ya sea renunciando o a través de un pedido de licencia.

Sin embargo, desde el sector del intendente de Paraná algo es sabido: solamente “muerto o preso” lo sacan del municipio, así lo expresa constantemente Varisco a sus allegados, manifestación a la que habría que adicionarle “o intervenido” ya que suena muy fuerte hoy como alternativa.

En el génesis de esta estrategia varisquista existen varios argumentos trascendentales. El primero, es que el intendente no quiere hacerle el juego al gobierno nacional. Y es que, si Varisco renuncia o pide licencia, le resuelve el gran dilema o problema que se le presenta hoy al sector político que lidera el presidente Mauricio Macri consistente en remover a alguien de su propio sello.

El intendente, más allá de la imagen negativa que le produce a Cambiemos, ha sido el dirigente principal de tracción de votos del partido del presidente en la capital entrerriana y quien ha garantizado la movilización de militancia y seguidores en las últimas dos elecciones en Paraná, algo que ni siquiera hoy puede comprometer su aliado político el PRO y que pesa ante una elección que está a la vuela de la esquina.

Por otro lado, Varisco tampoco quiere allanarle el camino a la oposición, los diputados provinciales del justicialismo se resisten y no quieren tener tomar la decisión de sancionar la ley de intervención.

El PJ no es intervencionista, mucho menos a un gobierno radical, histórico contendiente electoral, y se niega a pagar el costo político que esta medida acarreará, y menos gratuitamente.

Tampoco el justicialismo local, representado en los ediles del HCD paranaense, sectores que, según ha trascendido recientemente en este Portal, a través de un “acuerdo” vienen trabajando fuertemente para aportarle a la viceintendenta Josefina Etienot los funcionarios que esta necesitará para llevar adelante el ejecutivo municipal en el caso de que el intendente renuncie o pida licencia, garantizándole así a la presidenta del Concejo, con quien comparten una notable cercanía, una transición sin mayores sobresaltos.

La oposición, tanto provincial como local, más allá de la gravedad institucional que el “Variscogate” trae aparejado, cree que es un problema ajeno, y ahí no se quiere meter.

Por último, el argumento netamente personal del intendente de no ceder ante las distintas presiones que lo quieren arrinconar hacia una renuncia o licencia, es la necesidad imperiosa de mantener su investidura, único obstáculo que impide su privación de libertad.

El juez federal Leandro Ríos fue muy claro en este sentido al beneficiarlo con la excarcelación en la resolución del procesamiento.

“En el caso de Sergio Fausto Varisco si bien por su condición de Intendente municipal se genera un riesgo cierto de que pueda influir en los testigos del proceso y de que pueda destruir prueba relevante en relación al delito de peculado, dicho riesgo procesal debe conjugarse con el «arraigo institucional» que posee por esa misma condición de Presidente Municipal, a lo cual debe aditarse que se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad”, reza expresamente aquella resolución.

Varisco está libre de milagro y hoy la única llave para su ingreso a la cárcel es no ser más intendente por su renuncia o por no ejercer el cargo transitoriamente tras haber solicitado una licencia.

El intendente jornada tras jornada ve complicarse más y más su situación procesal, así lo indican los hechos, movimientos judiciales y políticos que se van produciendo, más allá de que ante la prensa siga apelando a su “negacionismo”.

Sin ir muy lejos, y como ejemplo, este miércoles Varisco mantuvo un encuentro con directores, subsecretarios y secretarios más cercanos y de su propio riñón, y no habló, sino que le dio la palabra a uno de sus abogados defensores, Miguel Ángel Cullen, el cual transmitió a los presentes el complejo panorama que atraviesa el presidente municipal y contó los pormenores del caso.

En el medio de todo este escándalo se empiezan hacer notorias las ausencias de los principales servicios que debe brindar el Municipio, siendo de público conocimiento que los funcionarios municipales ni siquiera hoy atienden el teléfono para resolver problemas básicos de los paranaenses.

Frente a esto, la única alternativa para paliar la gravísima y sin ningún tipo de precedente crisis de las instituciones municipales, es hacer lo que ni a la dirigencia de Cambiemos ni al Justicialismo ni al propio Varisco le conviene: intervenir el municipio.

Una medida excepcional que tendrá efectos no sólo para el Ejecutivo sino también en el Concejo Deliberante, que dejará de funcionar por el plazo que dure la intervención, recayendo toda la autoridad del gobierno municipal en la figura del interventor.

Condición, esta última, que es sabida por los ediles, principalmente de la oposición y que motiva su férrea resistencia con los pedidos de licencia.

Ahora el Concejo se encuentra limitado en su integración con la ausencia del concejal varisquista, Pablo Hernández, quien está privado de libertad, circunstancia que le ha valido al oficialismo la pérdida de la mayoría.

Mayoría que, según se prevé, también quedará cercenada si continúan incorporándose pruebas contra el edil Emanuel Gainza, como los resultados de los recientes allanamientos simultáneos en su contra y la declaración de la procesada, ex pareja del capo narco Celis, Luciana Lemos, que lo vinculó directamente en la entrega de dinero, complicando fuertemente el futuro judicial del edil, algo que se anticipó el pasado domingo en este Portal.

Circunstancias todas estas que alientan más aun y, seguramente, argumentarán el pedido de intervención total del Municipio de la capital entrerriana que, ante la grave crisis institucional que día a día se acrecienta, se ha convertido en ingobernable e inconducible para ambos poderes estatales locales.


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