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Los contratos como mecanismo de presión en la mira
Una nueva denuncia y la ampliación de la causa penal contra la viceintendenta Etienot

Fecha Publicación: 10/08/2018 | Cantidad de Lecturas: 1634 

“La posible comisión de un nuevo delito que requiere ser incluido en la investigación penal preparatoria”,uno de los argumentos esgrimidos ante represalias constatadas



Nuevos movimientos en la causa penal que tiene como protagonista a la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot.

El pasado 2 de julio el abogado y concejal paranaense del bloque “Frente Renovador”, Luis Díaz, formuló una denuncia en sede de la fiscalía contra la viceintendenta.

El motivo para instar la investigación penal preparatoria (IPP) no fue otro que la posible comisión del delito de coacciones.

Un hecho que, si bien con algunas dilaciones, se encuentra siendo objeto de investigación por parte del fiscal de la unidad que tiene a su cargo las causas de corrupción, Dr. Gonzalo Badano.

Conforme el escrito de denuncia, el edil manifiesta, que el día 27 de junio, la viceintendenta le exigió su renuncia al cargo de vicepresidente segundo del cuerpo deliberativo del Municipio, bajo el anuncio de que si no lo hacía se exponía a graves difamaciones que lo vincularían con el narcotráfico.

Una IPP que, pese a los llamativos casos omisos del fiscal de ordenar varias de las pruebas solicitadas por el edil, caso del allanamiento en la presidencia del Concejo y algunas periciales, han existido algunos movimientos probatorios, la primera medida del fiscal, fue citar al denunciante para practicar una pericial sobre su celular personal.

La medida tuvo como objeto otorgarle veracidad a los dichos del edil, encontrándose en el mismo la charla que mantuvo el mismo el día previo a la reunión donde corrieron al hecho denunciado.

Del dialogo quedó comprobado que el edil y la viceintendenta se reunirían para hablar sobre lo que pasaría en el HCD ante especulaciones de la salida del intendente Sergio Varisco de su cargo y la inminente detención del edil Emanuel Gainza, ambos complicados en aquel momento por el escándalo judicial narco.

Recordemos que si se otorgaba esta situación, es decir, si Varisco por algún motivo no deja de estar al frente del municipio lo debe reemplazar Etienot, produciéndose un corrimiento, quedando finalmente Díaz al frente del HCD ante el escenario que no ocurrió de Gainza privado de su libertad.

Asimismo, el fiscal ordenó la presencia de Etienot en la sede del Ministerio Publico para que la misma entregue su celular para realizar el mismo procedimiento que practico con el denunciante.

Sin embargo del transcurso de la investigación surgió un nuevo hecho. El concejal Díaz había relatado en su escrito inicial una vivencia previa similar a la denunciada y que también tenía como protagonista a la viceintendenta y que conforme a la nueva información a la que accedió este Portal, merece ser investigada.

A mediados de abril, según denuncio oportunamente Díaz, el edil había sido objeto de represalias luego de haberse negado a cumplir con una exigencia de la presidenta del cuerpo.

Puntualmente, a través de un decreto de presidencia del HCD, al edil se le recortó en más de un 20% los módulos de contratos para sus asesores.

Una situación que fue constatada mediante acta notarial en el propio Concejo Deliberante, quedando, junto con la documentación aportada por el edil consistente en la facturación mensual de todos los miembros de su equipo de trabajo, plenamente comprobada.

Una práctica que, según se comenta en los pasillos del Concejo, si bien lamentable, suele ser habitual para realizar especies de aprietes para lograr acciones u omisiones en el ejercicio de las actividades propias de los funcionarios públicos.

Una situación que presumiblemente quedaría comprendida dentro de las características de un nuevo delito.

Frente a este panorama, y pese a ciertas versiones periodísticas que daban cuenta del archivo de las actuaciones contra la viceintendenta, algo que negó el propio fiscal, se produce un nuevo movimiento en la causa contra la denunciada.

Según la información a la que accedió este Portal, al delito de coacciones oportunamente denunciado y que se encuentra incurso en una investigación se solicitó la adición del ilícito denominado “atentado a la autoridad”.

Entre los argumentos esgrimidos se menciona “la protección del funcionario público que se encuentre de alguna u otra manera en una relación subordinación con respecto a otro funcionario público”.

El motivo no es otro que evitar posibles conductas catalogadas como “aprietes” en que se pueden ver expuestos los funcionarios públicos y para que los mismos puedan actuar libremente en las funciones propias de su cargo.

Conductas, estas, que lamentablemente constituyen prácticas habituales y que conforman una de las aristas de la corrupción, tan necesaria, aunque muy difícil, de erradicar en la función pública.

De esta manera, un nuevo movimiento judicial se produce en la causa que tiene como denunciada a la funcionaria de Cambiemos en Paraná en virtud, como se menciona en el escrito, “la posible comisión de un nuevo delito que requiere ser incluido en la investigación penal preparatoria”, dejando el manejo de los contratos como mecanismo de presión en la mira de la justicia.

Un sello partidario que, si bien en diferentes escalas de complejidad, en la capital entrerriana tiene a varios funcionarios vinculados como protagonistas en investigaciones llevadas a cabo por la Justicia penal por hechos de corrupción.


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