Designación del presidente del Tribunal de Cuentas
El ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos se manifestó en virtud del pedido de ex convencionales constituyentes sobre el pliego de Guillermo Smaldone.
El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, manifestó: «Urribarri gobierna con la Constitución y las leyes vigentes, si no se reglamentaron algunos artículos no puede achacarse al Poder Ejecutivo esa responsabilidad».
Báez calificó de «UTE otoñal» al listado de firmantes de la solicitud, «ya que nada los une, sólo la necesidad de decir algo y tener repercusión mediática; si no dicen estas cosas nadie repara en ellos», agregó.
El ministro así salió al cruce de la solicitud de «cordura y al irrestricto respeto de la Constitución de Entre Ríos», que firman Augusto Alasino, Jorge Monge, Rubén Villaverde, Griselda De Paoli, Juan Carlos Arralde, Raúl Guy, Santiago Carlos Reggiardo, Carlos Claro Díaz, Américo Schvartzman, Dario Gianfelici y Daniel Zabala, Martín Acevedo Miño y Adriana de la Cruz de Zabal.
Sobre el tema, expresó que «la Constitución es clara en su artículo 217, donde establece que el presidente del Tribunal de Cuentas debe asumir ‘previo concurso público que la ley ordenará’. Aquí viene el primer escollo: no existe tal ley y tampoco hay en la Legislatura un proyecto que reglamente ese artículo», advirtió.
Según Báez «no se incumple ninguna prerrogativa constitucional, ya que sí se cumple lo normado en el artículo 175 inciso 16: corresponde al Poder Ejecutivo ‘nombrar, con acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal de Cuentas’, ni lo que prevé el artículo 103 inciso 2: corresponde exclusivamente al Senado ‘prestar o negar acuerdo al Poder Ejecutivo, en audiencia pública previa difusión del propuesto y de sus referencias personales, para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas’. Y menos todavía el artículo 214 que fija los requisitos que Guillermo Smaldone supera holgadamente».
Para el ministro, lo sustancial es que «la nueva Constitución mantuvo la facultad otorgada históricamente al Poder Ejecutivo para designar al presidente del Tribunal de Cuentas, con acuerdo del Senado; que además realizará la audiencia pública (fijada en el artículo 103), dónde se reciben objeciones a la designación y en todo caso lo discutible es la no reglamentación del artículo 217 sobre el requisito del concurso público que nunca fue reglamentado. Entre los firmantes hay un diputado en ejercicio que hubiera podido presentar un proyecto y no lo hizo, no puede ser responsabilidad del gobierno esa falta, por lo que digo que Urribarri gobierna con la Constitución y las leyes vigentes. Si no se reglamentaron algunos artículos no puede achacarse al Poder Ejecutivo esa responsabilidad y, en todo caso, está haciendo uso de las facultades que la Carta Magna le asigna y que no se modificaron en la reforma».
Para Báez «se trata de otro de los manotazos que ensaya la oposición entrerriana organizada en este caso bajo la forma de UTE otoñal, es una unión transitoria de individualidades sin ideas comunes más que poner palos en la rueda; quieren aparecer cómo defensores de la institucionalidad, cuando en realidad están viendo cómo sobrevivir políticamente hasta las elecciones de 2015. En realidad lo que quieren es paralizar las decisiones de un gobierno que atiende las necesidades del conjunto y no expresiones minoritarias», finalizó.