Muy ligada a Carlos Molina ahora a Sergio Varisco
La denuncia fue presentada por los diputados Guzmán y Zavallo y apunta a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
La semana pasada desde este Portal trascendía que los diputados provinciales, Gustavo Guzmán (FpV) y Gustavo Zavallo (FE) habían denunciado penalmente a la Empresa Constructora Norvial S.A. y a quienes aparecen como socios de la misma, el Ing. Leonardo Damonte y la Sra. María Eugenia Castrillon, por innumerables irregularidades que surgían de la documental aportada por estos en la contestación a la demanda de Amparo contra el Loteo del Acceso Norte.
Un amparo que fue presentado por el inminente daño ambiental que el mismo provoca por las deficiencias en la construcción del loteo ya que en el mismo no se previó que la zona es inundable como tampoco que con el mismo va a colapsar el sistema cloacal y que tiene como objetivo hacer cesar las obras pro el grave impacto que producirá en la zona como en los barrios aledaños.
Sin embargo del proceso de amparo también surgieron cuestiones penales que a juicio de los diputados provinciales la justicia debía investigar, presentando en consecuencia una denuncia penal contra la constructora y sus socios documentados.
Así de la documental acompañada por la propia demandada surgía que quien figura como presidenta de la empresa, María Eugenia Castrillón, no registra impuestos activos según la constatación de la inscripción de AFIP, y además es beneficiaria del plan Procrear.
“En virtud del aparente escaso patrimonio de la Sra. Castrillón no guardaría congruencia con la titularidad de una empresa que se estima factura cuantiosas cifras tanto para la obra pública como para emprendimientos privados, generando la lógica sospecha de la figura de ‘socio aparente’, es decir, testaferro”, expresan los legisladores.
Por ese motivo, los legisladores solicitaron investigar penalmente “quién es en verdad el socio oculto de esta Sociedad Anónima”, “ya que la empresa constructora demandada, vinculada por la obra pública con el fisco provincial y municipal, como también con los privados, se dedica a construcciones que pueden llegar a perjudicar a muchos ciudadanos de la provincia”.
El fundamento básicamente de los legisladores para denunciar penalmente es la relación que existe en este tipo de sociedades donde figurarían socios aparentes, o testaferros y con los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, entre otros, lo cual implica la necesaria investigación penal, como también en saber cuáles son sus verdaderos socios.
Ahora fuentes judiciales aseguran que la denuncia fue tomada muy seriamente por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, asignándose al fiscal Alvaro Pierola como conductor de la misma, y no solo eso, también se informó que por la complejidad de la causa se solicito la colaboración de un delegado judicial, asignados al Dr. Gonzalo Bandano.