Impunidad
Para lograr la habilitación de la urbanización en el Acceso Norte, presentaron un informe de impacto ambiental con la firma de la ingeniera Nadia Mehring que sostiene nunca haber pisado el loteo.
Al caso del loteo del Acceso Norte que se encuentra en manos de la justicia por numerosas irregularidades, se suma una nueva demanda contra el Colegio de Bioquímicos, dueños de la urbanización más grande de la provincia, la empresa constructora Norvial y el municipio de Paraná.
Para lograr la factibilidad del terreno, la empresa Norvial y el Colegio de Bioquímicos presentaron un informe que sostenía que no causaría impacto ni daño ambiental, a pesar de que los vecinos de la zona denuncian que se trata de un terreno inundable y que podría haber graves problemas en caso de que siguieran adelante las obras en la urbanización millonaria.
Este informe fue presentado a los funcionarios municipales por una consultora de Santa Fe y aparece elaborado y firmado por la ingeniera ambiental Nadia Mehring, para la empresa Norvial, del ingeniero Leonardo Damonte y cuyo director de obra es el ingeniero Matías Fernández Arnau.
El estudio sostiene que no hay impacto ambiental y provocó que la habilitación y factibilidad para realizar la urbanización fuera otorgada por el funcionario Abelardo Llosa, el director de Vialidad Urbana municipal, Xavier Bilbao, y la aprobación de la intendenta Blanca Osuna, según consta en el expediente judicial.
Al enterarse, a través de la prensa, de que su nombre figuraba como la responsable del informe de gestión ambiental y viendo los peligros que este loteo podría desatar a particulares, la ingeniera Mehring se presentó ante los Tribunales de la provincia para denunciar penalmente que su firma había sido fraguada ya que ella no hizo el informe.
Más allá de las maniobras irregulares de los privados de presentar un informe con firma fraguada, según denuncia la ingeniera, lo grave es que tanto la intendenta, como los funcionarios Llosa, Bilbao y el secretario Legal y Técnica del municipio Walter Rolandelli, no hayan acreditado la veracidad de ese estudio, algo que deberían haber hecho con un escribano que certificara la firma y recibiendo el informe de manos de los profesionales.
Fraguar un informe de impacto ambiental de este tipo significa una gran estafa al Estado y a particulares porque hay dinero de por medio, más de 600 millones de pesos, porque hay un interés real y directo por el beneficio que provoca este loteo hacia los hoy demandados, y porque fue otorgado por los entonces funcionarios municipales y la ex intendenta Blanca Osuna.
Lo llamativo es que Llosa y Bilbao, luego de terminar su mandato, fueron puesto por Blanca Osuna y Carlos Molina como funcionario de Obras Públicas de la provincia el primero y el segundo es uno de los funcionarios más importantes de Hidráulica de la provincia, a pesar de que ambos otorgaron una habilitación a partir de un informe apócrifo, fraguado y lleno de anomalías e irregularidades, con lo que se puso el zorro la cuidado de las gallinas.
Tanto es así que la profesional que dicen que elaboró, firmó y presentó el informe, los denunció penalmente por haber utilizado su nombre y su título como autora de un estudio que sostiene no haber hecho.
Sin dudas, este es un grave caso de estafas por parte de una empresa que ya ha sido denunciada ante la Justicia por otras irregularidades, algo que no hubiera sido posible sin la connivencia de los funcionarios del momento como Llosa, Bilbao y la ex intendenta Blanca Osuna, que deberían velar por el bien de todos los paranaenses y no por los intereses económicos de los privados.
Más grave aún es que el abogado Walter Rolandelli, a pesar de las advertencias de funcionarios y técnicos de la gestión actual, se vale de un informe fraguado para permitir continuar con las obras y defender la dudosa habilitación que Llosa, Bilbao y Osuna otorgaron apenas seis días antes de dejar el mando del municipio.
Es más, ayer la ingeniera Mehring se hizo presente en Tribunales de la provincia en donde presentó una denuncia penal y también estuvo en la redacción de este medio para aclarar la situación y señalar que jamás pudo haber hecho el informe en cuestión porque nunca había pisado ese loteo:
“Soy ingeniera ambiental, me contrataron en junio de 2015 en la consultora de Ricardo Ruiz, Martín Gaínza y Hernán Rodríguez, después me fui porque eran personas de dudosa reputación, el ambiente no era bueno”.
“Me pidieron que haga un borrador de un plan de gestión ambiental de un loteo en el Acceso Norte de Paraná que yo no conozco, después Ricardo Ruiz y Martín Gainza terminaban los detalles. No me dijeron dónde lo iban a presentar, yo no supe más nada”.
“Conocía la ciudad de Paraná pero el loteo no lo conozco, nunca fuimos a verlo, por eso no lo hice. Sabía que era para la empresa Norvial y el colegio de Bioquímicos”.
“Jamás hice el informe, a pesar de que en su defensa, los dueños del loteo dicen que el informe lo hizo la consultora SH y yo”.
Hay un procedimiento en Santa Fe que se hace para los loteos porque hay diferentes categorías ambientales, la categoría 1 causa bajo impacto ambiental y no requiere un estudio, las categorías dos y tres sí hay que hacer el estudio de impacto ambiental y ahí se ve si es viable el proyecto o no. Esa calificación se colegia, va al ministerio de ambiente y ahí se corrige, lleva todo un proceso y si no es viable no se aceptan”.
“Por las publicaciones en los medios, veo que aparece mi nombre como si fuera la autora de un informe de gestión ambiental, porque es el único nombre que aparece. No sé por qué figura mi nombre en ese informe porque no conozco el loteo, no sé con qué intención pusieron mi nombre”.
“Ante los riesgos de grave impacto ambiental que puede causar este loteo, presenté la denuncia a fiscalía porque niego haber firmado un estudio de impacto ambiental para esta empresa. Mi firma no puede aparecer porque nunca lo hice”.