Varisco, Rolandelli, Blanca Osuna, Bilbao y Llosa son investigados penalmente por el loteo de Norvial.

Obras habilitadas con documento falsificado

Según la denuncia presentada en Fiscalía, el intendente y su secretario legal, la ex intendenta y sus funcionarios serían responsables por valerse de un documento apócrifo para habilitar y dar continuidad a la urbanización.

Horas pasadas ingresó en la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación una ampliación de denuncia por la comisión de delitos de falsificación de documentos la cual apunta al actual intendente Sergio Varisco, su secretario legal y técnico, Walter Rolandelli, la ex intendenta Blanca Osuna y los funcionarios municipales de su gestión, Abelardo Llosa y Xavier Bilbao.

Dicha ampliación se otorga en el legajo Nº53328 que fuera iniciado por los diputados Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo donde los legisladores denunciaron a la empresa Norvial Servicios S.A. y el grupo societario que lo comprende, el ingeniero Leonardo Damonte y la Sra. María Eugenia Castrillón y que apunta a la investigación por la posible comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal y que investiga el Fiscal Álvaro Pierola.

Ahora, la investigación penal también se pondrá en la mira a los actuales funcionarios municipales y a los de la gestión anterior, como también al Colegio de Bioquímicos, sus autoridades y Norvial y sus socios Leonardo Damonte, Néstor Dalmolin y María Eugenia Castrillon, como también a su director de obra el ingeniero Matías Fernandez Arnau.

Los hechos que motivaron la ampliación de la denuncia no fueron otros que los surgidos esta semana cuando la ingeniera Nadia Mehring, a quien tanto la empresa constructora, como el Colegio de Bioquímicos, y también los funcionarios municipales con mandatos actuales y mandatos cumplidos le atribuyen la autoría de un informe de gestión ambiental e informe hidráulico, negó rotundamente haber firmado el mismo.

Dicha situación disparo una serie de sospechas contra Varisco y Rolandelli, quienes a pesar de conocer que la ingeniera negó la autoría de los estudios no paralizan la obra, como también contra la ex intendenta Osuna, y los por entonces funcionarios Llosa (subsecretario de infraestructura) y Xavier Bilbao (vialidad urbana), a quienes se les atribuye haberse valido de un documento falso o adulterado, agravándose el delito por su condiciones de funcionarios públicos.

Al denuncia,a la hora de atribur responsabilidades, manifiesta “Indudablemente la falsificación del importante documento apunta directamente contra la empresa constructora, sus socios, Leonardo Damonte, María Eugenia Castrillón y Néstor Dalmolin, como también sobre el director de obra de la constructora, el ingeniero Matías Fernandez Arnau, cabiéndole las responsabilidades de artículo 292 y/o 296 del Código Penal. Asimismo, en mérito del articulo 296 y 298 también estarían comprendidos dentro de la responsabilidad penal, los funcionarios públicos municipales que extendieron una aprobación de inicio de obra valiéndose de dicho instrumento apócrifo, como el subsecretario de infraestructura del periodo donde se inició el expediente del loteo (2015), el arquitecto Abelardo Llosa, el director de vialidad urbana, el ingeniero Xavier Bilbao y la Presidenta Municipal, Blanca Inés Osuna, como también los funcionarios municipales actuales que, en igual tesitura encuentra apoyatura en el documento de gestión ambiental falsificado, el Intendente Sergio Varisco y el secretario legal y técnico Walter Rolandelli, todos los cuales se valen o hacen uso de un documento inexistente, fraguado, falsificado o adulterado”.

Los graves hechos denunciados tienen severas sanciones de prisión para sus autores, adicionándosele la inhabilitación absoluta para ejercer cargo público para el caso de los funcionarios públicos.

Una nueva denuncia que deja a las claras las graves irregularidades y ilegitimidades que se comenten en la ciudad en las habilitaciones de urbanizaciones y la connivencia de los funcionarios en estos emprendimientos inmobiliarios millonarios, los cuales, como el caso de este denunciado, perjudicaran enormemente a los vecinos debido a la ausencia de un estudios de impacto ambiental.