La publicación del convenio entre la Mutual Modelo y el Servicio Penitenciario, el allanamiento y el tráfico de influencias generaron una fuerte reacción de sus responsables.

¿Estaba al tanto el juzgado de ejecución penal? ¿Sabe la cabeza del Poder Judicial sobre este escándalo? ¿Intervino el Tribunal de Cuentas?

Picasso y Bruffal, en vez de explicar estas irregularidades, haciendo alarde de sus relaciones de poder político y la justicia, hostigan e intentan amedrentar con demandas e intimaciones para silenciar a la prensa ante estos actos o acuerdos escandalosos.

La publicación del convenio entre una financiera denominada Asociación Mutual Modelo, en ese entonces suscripta por el presidente de la entidad, Adrián Bruffal, y el Servicio Penitenciario Provincial, en donde se desnuda un pingüe negocio cuyo única beneficiaria es la Mutual, provocó desesperación en funcionarios y privados.

Recordemos que en diciembre de 2014, José Mondragón, en carácter de director general del Servicio Penitenciario entrerriano y Aníbal Miotti, director de la Unidad Penal Nª1, por una parte, y Adrián Bruffal, presidente de la Mutual, por la otra, suscribieron un llamativo convenio de colaboración, que actualmente se encuentra plenamente vigente.

El objeto del acuerdo, más allá de los fines de labor terapia y resocialización social que expresamente manifiesta el mismo, no es otro que la comercialización y venta de colchones y productos complementarios por parte de la Mutual de Bruffal.

Un convenio de 6 años con opción de renovarse por 3 años más, que llamó poderosamente la atención de los conocedores de la administración pública la agilidad con que se inició y culminó el trámite, causando un gran desconcierto en aquellos ya que no contó con informe contable, dictamen jurídico y auditoria.

La operatoria comercial incluye la confección de los colchones y dichos productos utilizando la mano de obra de los internos de la UP Nº1.

Dichos productos, una vez confeccionados por los presos, son puestos a la venta por la Mutual a los compradores que la misma indique, facturando esta última la operación.

Lo que llamó notablemente la atención es que en el convenio no se informe la suma de dinero que perciben los internos de la UPNº1 por la confección de los colchones “sociales”. Indudablemente que la falta de la cláusula dispara una serie de sospechas contra la Mutual que se está valiendo de mano de obra en negro para comercializar, evadiendo así las cargas y aportes sociales que implica la registración laboral.

Idénticos resultados tuvo la gran repercusión que obtuvo la publicación de los sendos allanamientos ocurridos en varias mutuales de la capital entrerriana entre las que se encontraba la Mutual Modelo en virtud de la Causa de Sidecreer.

La Mutual Modelo nuevamente fue puesta en la mira de la justicia a raíz de la denuncia presentada en diciembre de 2016 por los diputados Esteban Vittor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola contra Juan José Canosa y/o ex Director de la tarjeta SIDECREER: señor Nelio Calza y/o los miembros del Directorio y/o responsables de la tarjeta SIDECREER por la supuesta comisión de ilícitos que afectan al erario público.

Al parecer, según consta en la denuncia, la Mutual Modelo de Adrián Bruffal habría facturado por la suma de $1.219.750,55, siendo esta vez allanada por orden de la jueza Paola Firpo y cuyo operativo estuvo a cargo de policías provinciales y delegados judiciales en virtud de una posible vinculación con el ex funcionario y actual asesor legislativo.

La operatoria de la Mutual con Sidecreer habría sido realizada a través de los “famosos” códigos de descuentos, los cuales fueron convenidos con varios municipios de la Provincia, entre los que se encontraban el de Paraná y el de Concordia, aunque este último, en virtud de los serios cuestionamientos por la mengua de los sueldos de los municipales, ya los derogó.

En dicha oportunidad, fuentes judiciales confirmaron, que los policías llegaron provistos de un oficio emanado por la jueza Firpo y secuestraron computadoras, pendrives, discos externos y otros medios de almacenamiento de información, además de documentación respecto de inversiones que podría haber realizado Canosa.

La gran repercusión de dichas publicaciones, repetimos,causó no solo malestar entre funcionarios y privados vinculados, si no también desesperación provocando una catarata de intimaciones, cartas documentos y demandas por cuantiosas sumas de dinero.

Privados y funcionarios que, haciendo gala o alarde de sus influencias con el poder político y la justicia, ahora también se animan a hostigar a familiares de periodistas, a través de amenazas y presiones para que no se publiquen ciertos hechos posiblemente delictivos.

La publicación que daba cuenta de que la concejal paranaense de Cambiemos Marta Zuiani intentó, desde su cargo, gestionar el pago de una cuantiosa suma de dinero a favor de la financiera Mutual Modelo en la Municipalidad de la capital entrerriana, no deja de ser un ejemplo de aquello, poniendo de manifiesto la posible comisión del delito de tráfico de influencias para beneficiar a la Mutual que preside Miguel Picasso y cuya conducción se alterna con Adrián Bruffal, actual directivo y cara visible de la mutual.

Las preguntas que debería responderse el Tribunal de Cuentas, ya que toda erogación del Estado, sea Provincial o Municipal, debe estar justificada y ser controlada, son ¿existió un decreto o acto administrativo que declare la necesidad de adquirir?, ¿hubo un cotejo de precios? ¿Se eligió la oferta más conveniente para los intereses del estado? ¿Se aprobé la compra o contratación? ¿Se controló el pago de esos bienes o servicios?

La Justicia debería preguntarse al utilizar presos como mano de obra si esto eso posible, sabrán si los presos perciben emolumentos, ¿existe contralor por parte del juzgado de ejecución penal en esta contratación?, lo mismo que la cabeza del Poder Judicial, ¿sabe el STJ sobre este tipo de contrataciones en donde se utiliza mano de obra presidiaria?

Estas y otras preguntas como ¿si ese valor agregado tributa al Estado?, ¿si el expediente pasó por las áreas que debe pasar? ¿Si existe un dictamen de jurídico? O ¿si existe un dictamen del contable? Son respuestas que el Tribunal de cuentas deberían hacerse.

Lo mismo la persona de Bruffal, el cual debería dar cuentas sobre cómo es posible que, siendo empleado público pueda contratar con el Estado.

Un Bruffal que es empleado de planta permanente del municipio de Paraná, precisamente del área de turismo, es más, estuvo entre los primeros lugares en la lista para conducir el Suoyem que encabezo Hugo Vázquez.

Un Picasso con una peculiar historia, un hombre muy ligado al sector empresarial, con fuertes vinculaciones con Miguel Marizza, que fue gerente de “crédito Argentino” (hoy Banco Francés) experto en operatorias de compra y venta de cheques y colocación de dinero, trascendiendo en su momento que fue desplazado de la entidad bancaria, arribando luego a la mutual.

Estas y otra preguntas es la que la Justicia y el Tribunal de Cuentas deberían comenzar a hacerse, e, investigar a estos privados que con intimaciones judiciales quieren cercenar la libertad de prensa, hostigando ahora también a familiares de los periodistas.