Insólito: A pesar de que Gietz reconoció la sustracción de la CPU, para el jurídico del área la irregularidad fue “coherente y fundada”.

Corrupción estructural

Aunque la computadora fue sacada del área sin autorización y a pesar de que el funcionario admitió tener conocimientos suficientes como para borrar información, no se investigará el hecho.

Luego de la publicación de este portal que daba cuenta que el director de Hidráulica de la Provincia, el ingeniero Cristian Gietz, había sustraído una CPU de su repartición, se empezaron a conocer los llamativos detalles de las actuaciones administrativas.

La carátula es “Supuestas irregularidades en la Dirección de Hidráulica”, y fue iniciada bajo la órbita del ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a cargo del ingeniero Luís Benedetto bajo expediente 1996719 en fecha 13 de junio.

La investigación está a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cartera mencionada, a cargo del abogado Mariano Crespo, quien, según consta en el expediente, le informó al ministro Benedetto acerca de “una publicación vinculada a la supuesta comisión de una irregularidad por parte del titular de la Dirección de Hidráulica, apreciaciones expuestas en el portal de noticias www.davidricardo.com.ar…”.

Además, el Dr. Crespo agregaba que “según los hechos expuestos en el portal de internet antes mencionado, la conducta del sujeto individualizado como Cristian Gietz en relación al supuesto retiro de una CPU de las oficinas de la Dirección de Hidráulica resulta reñida con el deber impuesto en el art. 60 inciso “L” de la Ley 9755… a su vez, tal supuesto actuar se encuentro incurso en la prohibición…. Contenida en el art. 62 inciso “i» de la Ley 9755….”

Un dictamen que, como consecuencia, disponía correr traslado al Sr. Gietz para que realizara el descargo correspondiente, a partir de lo que se generó un sinnúmero de pormenores protagonizados por el Director de Hidráulica, como también el Director de Asuntos Jurídicos de la cartera que conduce Benedetto.

En su descargo, antes de comenzar su defensa, Gietz acusa “el carácter difamatorio e injurioso de la publicación” y “su manifiesta maliciosidad” pero, llamativamente, lejos de negar la grave irregularidad, reconoce lo publicado por este Portal, asumiendo que el día 9 de junio aproximadamente a las 15 horas sustrajo el CPU de su oficina de Hidráulica, agregando que se lo llevó a su casa para trabajar y practicarle tareas de mantenimiento.

Más allá de los argumentos planteados por el ingeniero para justificar la sustracción del CPU, se trata de un bien que forma parte del patrimonio del Estado provincial, que está inventariado como tal, por lo que debe permanecer dentro de la órbita de la repartición y ser retirado de allí exclusivamente bajo autorización por escrito al servicio contable, algo que cualquier funcionario de carrera del Estado, como es Gietz, sabe.

Sin embargo, y a pesar de reconocer la irregularidad, que seguramente será investigada más a fondo por la Administración Pública, debido a que presenta tintes ilícitos, una nueva peculiaridad surgió del dictamen del Dr. Crespo al darle continuidad a las actuaciones administrativas con posterioridad al descargo.

Llama poderosamente la atención que el Director de Asuntos Jurídicos nombrado por Benedetto, luego de tener en sus manos el reconocimiento del hecho irregular y pasible de una severa sanción, haya elevado al ministro un dictamen donde expresa que “…desde mi punto de vista, la explicación brindada por el Sr. Gietz me permite concluir en la veracidad de sus dichos pues, lejos de negar una conducta objetivamente ponderada”, es decir, asumiendo Crespo que la conducta es irregular, “dio una respuesta congruente y fundamentada respecto a lo acontecido ese día”.

Si bien a muchos ya no sorprenden las irregularidades de los distintos funcionarios que conforman la cartera de Benedetto, los pormenores de las actuaciones administrativas generaron un gran malestar en la repartición, y se comentaba en los pasillos de la Casa Gris que si hubiera sido cualquier otro empleado el que se lleve un bien de Estado de mínima se comía un sumario.

Sin ir más lejos, hace poco más de un año, el entonces director de Obras Sanitarias de la provincia, Hugo Righelatto, fue detenido cuando intentaba trasladar en su automóvil particular documentación pública de su organismo, y fue apartado inmediatamente del cargo por el gobernador Gustavo Bordet.

Si bien el ex funcionario estaba siendo investigado en una causa por negocios incompatibles con la función pública y otros delitos conexos, su detención no fue como consecuencia directa de la investigación judicial, sino justamente por tener en su poder documentación pública del organismo.

Ese antecedente reciente en la provincia deja en claro que situaciones similares se miden con distintas varas: mientras que un funcionario fue preso por intentar trasladar documentos del Estado, en el caso de otro, desde la dirección de Asuntos Jurídicos del área se resuelve que el supuesto infractor presenta argumentos válidos y fundados para sustraer un CPU que forma parte del patrimonio público de una dirección que, casualmente, podría decirse que es prima hermana de Obras Sanitarias.

Como agravante, en el momento en que Gietz sustrajo la computadora del organismo, la Cámara de Diputados esperaba la respuesta de un pedido de informes presentado por integrantes de los tres bloques por serias irregularidades en un loteo que se estaba realizando en el Acceso Norte de la capital provincial, en el que también estaban involucrados funcionarios dependientes de la dirección de Hidráulica.

Debido al fuerte impacto ambiental que el millonario emprendimiento generaba en la zona, y al sinfín de irregularidades que se detectaron en la Justicia, finalmente el municipio de Paraná resolvió paralizar las obras, pero el pedido de informes aún no ha sido respondido por Gietz.

En su descargo, además Gietz señala que realizó una “maestría en informática aplicada a la ingeniería” y afirma que posee “conocimientos informáticos suficientes para saber que no es necesario trasladar una PC para eliminar información”. Llama la atención que un funcionario provincial afirme tan livianamente que sería capaz de borrar sus huellas si tuviera la intención de hacerlo.

La dirección que conduce Gietz está bajo la órbita del ministro Luis Benedetto y de la secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, que al momento de la sustracción del CPU tenía al arquitecto Marcelo Richard al frente, hoy premiado con el traslado a la conducción de la Unidad Ejecutora Provincial.

Tanto Benedetto como Richard fueron hicieron sus primeros pasos y comenzaron a escalar en la administración pública en la ciudad de Concordia. Quizás en la capital del citrus los funcionarios podían llevarse a sus casas pertenencias del Estado y hoy creen que es normal algo que en realidad consiste en un ilícito.

Más allá de esto, indudablemente, el dictamen del abogado Crespo, si bien no vinculante, genera un muy mal precedente para la administración pública provincial, corriendo el riesgo, a partir del mismo, que comience una seguidilla de faltantes de bienes en virtud de la carencia no ya de sanción si no, más grave, hasta de una investigación, profundizando aún más corrupción estructural de la provincia.