Luego de las denuncias e investigaciones
En un encuentro que se mantuvo con el gobernador, la ministra de gobierno ya comunico al servicio penitenciario la decisión de dar por concluido el irregular convenio que suscribió con la entidad que incluía mano de obra en negro, evasión y deslealtad comercial.
Luego de las distintas denuncias y varias investigaciones iniciadas tanto en la justicia como en la administración, finalmente el Gobierno provincial decidió terminar con el pingue negocio de la Mutual Modelo.
Un negocio que se hizo público luego de varias denuncias y el escándalo que se suscitó en la capital del citrus, cuando uno de sus directivos y un importante socio del mismo, intentaron cobrar al Municipio de Concordia una suma millonaria por una donación realizada a los inundados.
La operatoria, que beneficia exclusivamente a la entidad mutual, consiste en la fabricación de colchones utilizando no solo las instalaciones sino también la mano de obra de la Unidad Penal N°1 ubicada en la capital entrerriana, es decir, las personas privadas de su libertad.
Recordemos que a fines de diciembre de 2015, a poco de asumir las nuevas autoridades gubernamentales, la ciudad de Concordia sufrió una gran inundación que obligó a evacuar a miles de personas, las cuales perdieron todo.
Catástrofes que afloran la solidaridad de la gente, tal es así que al Municipio llegaron una cantidad considerable de colchones, almohadas y afines para los evacuados, bienes que se entregaron en calidad de donación por parte de la entidad mutual.
Sin embargo a los pocos meses, autoridades de la mutual modelo pretendieron cobrar dicha donación presentando una factura por la suma de 1 millón de pesos.
Una factura que llamativamente pertenecía al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
En aquel momento, se conoció que quienes insistían en el cobro de la factura eran Adrián Bruffal, titular de la mutual modelo (AMMER), y su socio, el afamado empresario de la obra pública, Miguel Marizza, los cuales habrían presionado fuertemente a las autoridades municipales para que saliera la orden de pago.
Si bien el pago nunca se realizó, la situación generó una investigación penal preparatoria de oficio en la Unidad Fiscal de la capital del citrus para determinar cuáles son las vinculaciones entre los privados, la financiera AMMER, y el organismo estatal que habrían pretendido defraudar, según lo denunciado públicamente, al Estado municipal cobrando un millón de pesos por los bienes dados en donación.
Una investigación penal preparatoria que esta cargo del fiscal Santiago Brugo y que continua su curso y que oportunamente avanzó, solicitando la autoridad judicial sendos informes al servicio penitenciario sobre el convenio que celebró con la mutual modelo.
Un convenio que se celebró en diciembre de 2014 entre, José Mondragon, en carácter de director general del Servicio Penitenciario entrerriano y Aníbal Miotti, director de la Unidad Penal N°1, por una parte, y Adrián Bruffal, presidente de la Mutual, por la otra, y que, actualmente se encuentra plenamente vigente.
El objeto del acuerdo, no es otro que la comercialización y venta de colchones y productos complementarios por parte de la Mutual, única beneficiaria de la operación.
Un convenio que ya lleva tres años y que en aquel momento llamó poderosamente la atención de los conocedores de la administración pública la agilidad con que se inició y culminó el trámite, causando un gran desconcierto en aquellos ya que no contó con informe contable, dictamen jurídico y auditoria.
Una Mutual Modelo que es conocida por varias irregularidades en sus operaciones comerciales, es más, actualmente está siendo investigada por una maniobra que implicaría, a criterio de la fiscal Patricia Yedro, Peculado y Negociaciones incompatibles, en virtud de sus negocios que mantiene con esferas estatales.
Negocios irregulares que también se desarrollan en el ámbito privado y que han sido cuestionados y hasta denunciados mediáticamente.
La operatoria comercial que ahora el gobierno dio la orden de concluir incluía la confección de los colchones y dichos productos utilizando la mano de obra de los internos y las instalaciones de la UPNº1.
Dichos productos, una vez confeccionados por los presos, eran puestos a la venta por la Mutual a los compradores que la misma indique, facturando esta última la operación.
Si bien los fines altruistas podrían verse inconmovibles, en el trasfondo no existía más que serias irregularidades de tinte laboral, impositivas y contrarias a la ley de lealtad comercial, con el agravante de que está directamente involucrado el estado provincial.
Un pingue negocio por donde se lo mire, con cero costos, previéndose ganancias únicamente para la Mutual Modelo (AMMER) que se lleva el 90% del producto de la ventas, quedando el 10% para la Unidad Penal en concepto de compensación por el producto vendido, algo que echa por tierra los fines altruistas.
Cuantiosos beneficios económicos obtenidos a través mano de obra que no cumple las condiciones mininas legales, evadiéndose impuestos y utilizándose instalaciones del estado que al darse a conocer generó muchísimo rechazo en la gente, debido no solo a las anomalías legales que son sometidos los privados de libertad, sino más aun en virtud a que el estado provincial era parte y fomentaba dichas irregularidades.
Un rechazo y mala imagen que la propia mutual modelo intento revertir, es más, recientemente buscó obtener buena publicidad a través de la donación de estos productos confeccionados de manera irregular a un importante evento solidario que se realiza en la capital.
Irregularidades que, si bien con muchísimas dilaciones, están siendo también investigadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, aunque los avances de la causa en búsqueda de responsabilidades sea casi nula.
Estas condiciones habrían sido determinantes para el Ejecutivo Provincial, quien, con mayor rapidez y expedites que aquel órgano de contralor, reacciona a través del ministerio de gobierno, repartición que dirige el servicio penitenciario, y resuelve bajarle el pulgar al pingue negocio de la Mutual Modelo.
Más allá de esta medida que seguramente contara con el respaldo de la sociedad, lo que aún no se sabe y se espera son los avances de las investigaciones administrativas y penales que se están desarrollando y la culminación de las mismas en cuanto a la determinación de responsabilidades de los privados y de los funcionarios.