Llamativo comunicado de la sección Paraná del Colegio de Abogados
Violando el derecho de defensa y desconociendo las irregularidades cometidas, la documental apócrifa presentada en juicio y el hostigamiento de una empleada judicial para cobrar honorarios, la Comisión Directiva defiende la actuación del abogado Minni.
Un llamativo comunicado circuló esta tarde por las casillas de mails de los abogados matriculados de Paraná.
Una misiva suscripta por la comisión directiva de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos y que tiene como fin repudiar las declaraciones públicas realizadas del diputado provincial Gustavo Guzmán en este medio en las cuales afirmaba “El Dr Beltrán Minni patrocinó una estafa”.
Un comunicado que sorprende no solo porque en el mismo se viola el derecho de defensa que le asiste en esta caso al diputado provincial, creyendo sin efectuar ningún reparo, las palabras del abogado Minni, sino que también porque anticipa, arrogándose las facultades del Tribunal de Disciplina, una postura a favor de un letrado que en las próximas horas deberá enfrentar un proceso en la esfera del Colegio profesional.
Llama la atención que la defensa irrestricta que realizan las autoridades de Paraná de la institución se realiza a pocos de haber ingresado una grave denuncia por el incumplimiento de las normas de éticas profesional contra el Dr. Minni.
Ya el magistrado Pablo Virgala creyó en las declaraciones que el mismo abogado patrocinó resolviendo a su favor y negando la paralización del Loteo del Acceso Norte ya que a su juicio no se produciría un daño ambiental en la zona y hoy, con el tiempo como juez, los resultados dañosos están a la vista.
Declaraciones, las de Guzmán, argumentadas no solo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sino también por tener interese legítimo en un juicio de amparo que tramitó el año pasado en la justicia con el fin de salvaguardar el medioambiente y el bienestar de un grupo importante de vecinos de la ciudad de Paraná.
En aquellas declaraciones brindadas, el diputado provincial, daba cuenta de todas las irregularidades cometidas, denunciadas y hasta confesadas en posteriores trámites judiciales en la documentación presentada por la Caja previsional de Médicos y Bioquímicos de Entre Ríos y la empresa Norvial Servicios S.A. para lograr primero la factibilidad y luego la habilitación y consiguiente inicio de una mega obra de urbanización emplazada en el Acceso Norte de la ciudad.
Documentos e informes, todos ellos, que se presentaron nuevamente en aquel mencionado juicio de amparo que tramito ante el magistrado pablo Virgala y en la cual el Dr. Beltrán Minni fue el abogado patrocinante de los demandados Roberto Gebhart como titular del organismo previsional y Leonardo Damonte como titular de la empresa constructora.
Un juicio que, a pesar de las inconsistencias en la prueba presentada y los reiterados intentos en busca de dar sobre aviso al juzgador sobre las anomalías, efectivamente se resolvió a favor de la empresa, argumentando el juez que no se pudo probar el inminente daño ambiental que la obra provocaría a los vecinos.
Una obra que desde el día cero estuvo viciada ya que, entre los documentos respaldatorios, nunca conto con un estudio de impacto ambiental y que, indudablemente por la corrupción estructural que tiñe a varias áreas de la administración pública, puntualmente la Municipal, sin embargo logro su autorización, sobreviviendo luego un sinfín de graves irregularidades.
Un plan de gestión ambiental suscripto por una ingeniera ambiental que en sede judicial dijo desconocer no solo su firma sino también haber realizado el mismo como asimismo ignorar la zona donde el loteo está emplazado, otro informe ambiental realizado por un ingeniero impedido de ejercer en nuestra provincia y la falsificación de la firma de otro profesional, el cual ante fiscalía reconoció el documento y confirmó que se la habían fraguado, son algunos de las graves irregularidades.
Anomalías que, llamativamente son desconocidas por los integrantes de la comisión directiva de la sección Paraná del organismo profesional que nuclea a los abogados entrerrianos, que hoy con liviandad defiende a un letrado que patrocinó y, por lo tanto, con su firma avaló no solo las falacias propinadas por los demandados sino también, y más grave aún, las constantes anomalías en la documental.
Una comisión directiva integrada que es presidida por Gerardo Ormaechea, que más allá de las distintas irregularidades, según reza el comunicado, consideró “necesario expresar la preocupación institucional que surge a partir del hecho que un Diputado, que compone el Poder Legislativo, cuestione la legitimidad de una Sentencia Judicial firme, así como la actuación del Juez y del Abogado que intervinieron en el expediente”.
Una “preocupación institucional” que desconoce que nadie puede imponer a una ciudad un barrio semi privado de tales características, sin haber cumplimentado requisitos de seguridad mínimos, tal como resulta ser el que, siendo bordeado por una ruta, las familias que allí pretendían habitar, no tuvieran una salida a calle urbana, sino más precisamente, una salida a una ruta, enormemente peligrosa, sin calle colectora alguna y sin las autorizaciones de autoridades de Vialidad Provincial.
Una “preocupación institucional” que, entre las líneas del comunicado, no aparece de su simple lectura justificada, encontrando solo una mención a la percepción de honorarios, manifestando la misma “El ejemplo esperable y exigible a cualquier ciudadano y en especial a un Diputado, es que, luego de tramitado un juicio, se cumplan las sentencias en todo cuanto éstas dispongan pagar, hacer o no hacer”.
Honorarios que el Dr. Minni, intentó cobrar vilmente, utilizando como medio a una empleada de la Justicia que hostigó o amedrentó para conseguir su percepción, hecho por el cual también el abogado ha sido denunciado.
Aquellas líneas no dejan más que entrever que la sola preocupación del Dr. Minni, al solicitar una reunión con la comisión directiva para que lo respalden, está más ligada a la suma regulada por su actuación que a los dichos del diputado.
Más allá de esto último, lo cierto es que el comunicado de la comisión directiva del Colegio de Abogados sorprendió a muchos, ya que, en su afán de ejercer una defensa irrestricta a uno de sus colegas y escuchando solo su parte, desconoce las variadas anomalías e ilicitudes que permitieron que un proceso, que tuvo como inicio la defensa de los vecinos, de las cuales el diputado es su representante, sus propiedades como también el ambiente y la seguridad de los mismos, resultara adverso a los intereses de la gente y a favor de los negocios inmobiliarios millonarios.
Un amparo que tuvo como objeto la paralización de la obra, algo que si bien no pudo lograrse en este proceso judicial puntual iniciado por los diputados, si se consiguió en sede administrativa y hasta fue confirmado en sede judicial en un amparo posterior tramitado ante el juez Ángel Moia.
Consideraciones estas a las que hay que sumarle que, en contra de lo que sostuvo Minni ante la Comisión Directiva del Colegio de abogados y ratificada por estos, que la sentencia confirmatoria del STJ fue apelada mediante Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema, el cual, lógicamente ante la paralización dispuesta por el Municipio, fue declarado abstracto, en virtud de que el objeto del litigio ya había sido dirimido ante aquella resolución municipal.
Un proceso judicial el de los diputados provinciales que, más allá de la preocupación institucional que los letrados mencionados consideran necesaria manifestar en defensa del Dr. Minni, los unge, a ellos como a cualquier otro ciudadano, con la facultad de expresarse sobre su disconformidad con sentencias judiciales y las actuaciones profesionales que consideren injustas, como también en denunciar mediática, institucional y judicialmente los distintos vicios que a su juicio tiñen las distintas irregularidades cometidas, al menos es lo que se espera y se pregona de nuestros representantes.
Los planteos judiciales realizados por el diputado Gustavo Guzmán, respecto del loteo llevado adelante por la Caja de Médicos y Bioquímicos en el Acceso Norte de Paraná, obedecieron, nada más y nada menos, que a responder desde la sensatez política, a un avance pernicioso sobre la ciudad, desde una corporación que no tuvo escrúpulos al momento de definir una urbanización que agrede a Paraná.
Entonces, antes de repudiar dichos del Diputado Guzmán, es exigible que desde el Colegio De Abogados adviertan la responsabilidad como institución de Paraná, en particular frente a estos abusos cometidos por particulares inversores sin escrúpulos, contra los derechos ciudadanos y así, sitúen en ese contexto las palabras del nombrado, que no hace más que un fuerte reproche a quienes patrocinan asuntos tan controversiales y agresivos al patrimonio de la ciudad, que es su hábitat y que todos, es decir, las autoridades gubernamentales, las instituciones profesionales y los ciudadanos debemos defender.