Como administrador de Vialidad no cumplió los pasos legales
Se complica la situación del gremialista ya que de los 10 puntos denunciados, en seis la fiscal Patricia Yedro considera que hay argumentos suficientes para profundizar la investigación.
El ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana ve cada vez más complicada su situación judicial luego de que se registraran avances en la causa en su contra por enriquecimiento ilícito.
La denuncia fue presentada en junio de este año por dos trabajadores viales que también son afiliados al gremio Soever, que conduce Lallana.
El gremialista está acusado de evasión tributaria y de maniobras ilícitas junto a reconocidos empresarios, los cuales indican hechos de corrupción política y sindical.
De los 10 puntos denunciados, en seis la fiscal Patricia Yedro considera que hay argumentos suficientes para profundizar la investigación.
Según trascendió de fuentes judiciales, basándose en la denuncia la fiscal envió un pedido de informes a contaduría general de la provincia, en donde le respondieron que Lallana nunca brindó detalles sobre la conformación de su patrimonio.
Según la ley provincial Nº3886, por su cargo de director administrador de Vialidad provincial, Lallana está obligado a presentar su declaración jurada patrimonial como personal superior de la administración pública descentralizada.
Además de que el ex director de Vialidad no cumplió con las exigencias de la ley, para la fiscal y según la denuncia, el enorme crecimiento patrimonial del ex director de Vialidad no se condice con lo que percibía como salario, lo que complica la situación del gremialista.
La denuncia contra Lallana fue presentada por Héctor Hernández y Oscar González justo antes de las elecciones del gremio SOEVER, en las que finalmente su lista se impuso.
Lallana revalidó su cargo al frente del gremio vial en los comicios de este año, en los que también participaron Omar Gulla y el ex director sub administrador, Néstor Kemerer, condenado recientemente por peculado.
Kemerer fue encontrado junto al ex director de Vialidad, Jorge Rodríguez, culpable de desviar fondos de la DPV para montar una escuela pública de gestión privada, por lo que recibió 2 años y 4 meses de prisión condicional y fue inhabilitado perpetua y absolutamente para ejercer cargos públicos.
Ahora que la situación de Lallana se complica en la Justicia, hay preocupación en su sector y en los pasillos del SOEVER, que queda claro que no es ningún ejemplo de transparencia gremial.
Además, trascendió de los mentideros viales que el sindicalista intentó tomar represalias en contra de los trabajadores que firmaron la denuncia judicial e incluso quiso cesantearlos.
La causa contra Lallana por enriquecimiento ilícito avanza y la fiscal considera que hay elementos suficientes para profundizar la investigación por lo que la situación del gremialista, que ni siquiera presentó su declaración jurada, se complica.