Llamativa oficialización de la candidatura
La publicación de este Portal de la deuda al fisco de la abogada tuvo enorme repercusión y en algunos sectores evalúan su destitución.
Este martes este Portal dio a conocer una peculiar situación protagonizada por la viceintendenta de la capital entrerriana, Josefina Etienot.
En la publicación se desnuda un discurso de transparencia y honradez de la viceintendenta solo para la tribuna.
En la misma se da cuenta de una sentencia contra Etienot que data del año 2013 por la cual se la condena a pagar una deuda al fisco provincial.
En aquel momento, Etienot ya había aterrizado en la actividad política con la designación por la dirigencia del Pro como represente de la lista del sello electoral denominado “Unión por Entre Ríos».
Esa alianza fue conformada por el actual senador provincial, Alfredo De Angeli por el PRO, el ex gobernador Jorge Busti con el FEF y el sector del dirigente Luis Leissa.
Por ese entonces, la hoy viceintendenta fue acumulando deuda por impuestos en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), por lo que el organismo debió, a través de una de sus procuradoras fiscales, intimarla en reiteradas oportunidades.
Sin embargo, las intimaciones no fueron respondidas por Etienot, lo que originó un litigio en el juzgado civil y Comercial N°10, a cargo del juez Juan Carlos Coglionese.
La deuda en cuestión ascendía a la suma de 4.528,25 pesos, una cifra bastante acotada pero que le valió de un juicio de apremios y una consecuente condena en sede judicial.
Sin embargo, a pesar de que la condena fue impuesta el 25 de marzo del 2013, la hoy viceintendenta recién comenzó a saldarla en los primeros meses del 2016.
Ese dato es significativo, no solo por el tiempo transcurrido entre la condena y su pago, sino mayormente porque Etienot ya había asumido su cargo en el Municipio cuando comenzó a saldar la deuda.
Según la información que maneja este Portal, en marzo de 2016 la viceintendenta suscribió un plan de pagos para afrontar los cuatro mil y pico de pesos.
Pero lo llamativo del caso es que no fue ella quien se presentó ante las oficinas de ATER sino que mandó a un familiar muy cercano como emisario y representante a suscribir el acuerdo con el fisco.
Lo curioso de la situación en que se vio involucrada la viceintendenta, que en últimos días ha proclamado públicamente su transparencia y honradez sustentada en el archivo de una denuncia penal en su contra, resulta del dato específico de la fecha de la deuda.
El 10 de diciembre de 2015, la doctora Etienot juraba y asumía la viceintendencia de la capital entrerriana. Sin embargo, al mismo tiempo incumplía con el pago de una deuda con el fisco provincial que, como ya se mencionó, fue pagada cuando ya había transcurrido un cierto periodo en la función pública.
La deuda no solo inhabilitaba a la abogada a ser candidata en la fórmula que compartió con el hoy complicado con el narcotráfico intendente Sergio Varisco sino que tampoco podría haber asumido el cargo.
La ley orgánica de los municipios entrerrianos en su artículo 71° establece que “para ser elegido Presidente Municipal o Vicepresidente Municipal, se requiere tener como mínimo veinticinco (25) años de edad y las demás condiciones exigidas para ser concejal”, entre estas, el artículo 70° menciona el pago de impuestos y tasas.
En ese sentido, para presentar una lista ante el Tribunal Electoral de la Provincia para su oficialización, el organismo exige la constancia de libre deuda de ATER entre la documentación de los candidatos.
Sin embargo, es llamativo que no existieran objeciones a la candidatura a viceintendenta de Etienot por parte máxima autoridad electoral de la provincia.
O se les pasó por alto la ausencia de aquella constancia o bien la hoy viceintendenta presentó una constancia que nunca pudo ser emitida por su deuda con el fisco provincial.
En ambos casos, indudablemente, se genera un manto de sospecha ante tamaña irregularidad.
En consonancia con aquellas disposiciones normativas, el artículo 72° de la ley 10.027 inhabilita para ser “Presidente, Vicepresidente, Concejal y Funcionario del Municipio a “…Los deudores del fisco nacional, provincial o municipal que, habiendo sido ejecutados legalmente y contaren con sentencia firme, no hubiesen pagado totalmente sus deuda”.
Este artículo abre una nueva irregularidad en torno a la viceintendenta, quien asumió en su cargo electivo con una condena por deudora al fisco, sentencia que no comenzó a computarse sino recién después de varios meses al frente de la presidencia del Concejo Deliberante.
Ese cargo maneja un presupuesto anual de más de 150 millones de pesos, un dato también significativo que guarda estrecha relación con el articulado mencionado.
El espíritu de dichas disposiciones no es otro que impedir que los condenados civilmente como deudores al Estado, es decir quienes para la Justicia han demostrado un desapego a las arcas públicas, se hagan del manejo de los fondos públicos.
La ley no solo inhabilitaba a la abogada a ser candidata, sino que también le impide asumir en su cargo, y posteriormente ejercer el mismo al menos hasta saldar el plan de pago suscripto con el Estado provincial.
Sin dudas, Etienot, como profesional del derecho, sabe que tanto su candidatura como su asunción al cargo fueron de manera ilegal.
Se trata de una grave irregularidad con complejas consecuencias para la viceintendenta, ya que algunos sectores se manifestaron con respecto a la nulidad absoluta de sus actos conforme lo establece el artículo 73° de la ley 10.027.
Ese punto establece que el incumplimiento de los artículos anteriores por parte de un funcionario municipal significa que “cesarán ipso facto (en el acto) en el ejercicio de sus funciones, siendo sus actos nulos de nulidad absoluta a partir de ese momento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido aquéllos”.
Además, sostiene que “en caso de darse dicha situación, cualquiera de los concejales que no estén incursos, podrá pedir el auxilio de la fuerza pública para desalojarlo de la sede de sus funciones, previa notificación”.
Según se comenta en el municipio, debido a esos graves hechos irregulares y amparados por esta ley, un sector se encuentra actualmente evaluando la posibilidad de destituir a la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot.