Hubo que lamentar una muerte para que llegara un desfibrilador

Por la indiferencia total para con sus empleados, el gobierno quedó expuesto y hubo fuertes reclamos; ahora hay 50 edificios en los que funcionan reparticiones públicas que esperan que se compren los equipos.

Este miércoles, la provincia anunció la instalación del desfibrilador en la sede de calle 25 de Mayo del ministerio de Salud, que se convirtió en el primer edificio del Estado provincial que cuenta con esta tecnología que podría incluso salvar la vida de una persona.

Sin embargo, en la nómina provincial consta que, solo en Paraná, hay más de 50 edificios en los que funcionan reparticiones públicas, que no constan con este tipo de aparatos, que puede ser vital ante una complicación coronaria.

Según publicó el gobierno en su página oficial, el desfibrilador es un Cardiolife AED-3100 de Nihon Codeen, y, aunque no se informó la cifra destinada a la adquisición, en internet el precio de venta es de unos 1.047 euros, es decir, poco más de 50 mil pesos.

El Estado provincial gastó más de 3 millones de pesos en dos mástiles que se rompen a cada rato, o 18 millones en la puesta en valor de la fachada de Casa Gris, 13 millones para embellecerla internamente y varios millones más en muebles y equipamiento para que algunos funcionarios tengan oficinas de lujo.

A pesar de que a Casa de Gobierno es el edificio público de mayor importancia, de que allí concurren y trabajan miles de personas al día, y de que hubo que lamentar una muerte por una complicación cardíaca, todavía no se compró un desfibrilador.

Es por eso que el comentario en los pasillos de las reparticiones públicas es que el gobierno, en vez de destinar millones y millones a gastos innecesarios, debería equipar todos los edificios estatales con desfibriladores.

El deceso del trabajador, que se dio tras una serie de descuidos y negligencias que imposibilitaron su atención inmediata, causó indignación y bronca en sus compañeros y demás empleados de la administración pública provincial.

Además, se produjeron una serie de reclamos que apuntaban contra los millones de pesos que destina la provincia a compras y salarios que no se condicen en nada con la realidad y necesidades de los entrerrianos.

Lo que cuesta un DEA, es lo que la provincia le paga de sueldo a una directora de la secretaría general de la gobernación que apenas tiene dos meses de antigüedad. Y tres desfibriladores se podrían comprar un el salario mensual de Edgardo Kueider, el titular de esa área.

El precandidato a senador nacional, en su cargo como funcionario provincial, cobra apenas 70 mil pesos menos que el mismísimo presidente de la nación, sin dudas un privilegio que tiene por ser la mano derecha del gobernador Gustavo Bordet.

Mientras la página del gobierno provincial publicó con bombos y platillos la adquisición de un solo desfibrilador, en las redes sociales y en los pasillos de las reparticiones públicas comenzaron a circular comentarios irónicos al respecto.

Algunos usuarios afirmaban que “si te va a dar un paro y tenés que hacer un trámite, procurá que sea justo en el ministerio de Salud”. Otros pedían que “bajen el presupuesto para las pavadas y subanlo para la salud”, entre otros reclamos y comentarios irónicos.

A raíz del fallecimiento del trabajador en Casa de Gobierno, otros empleados dieron a conocer que hace años que la ART hace diferentes tipos de observaciones que no son tenidas en cuenta, como por ejemplo, que faltan pasamanos y fajas antideslizantes en las escaleras, para evitar accidentes.

También denunciaron que en Casa Gris funciona una enfermería pero que no cuenta con un médico, por lo que ante cualquier consulta solamente hay una enfermera que no puede hacer más que tomarle la presión al paciente, sin medicarlo.

El reclamo de quienes trabajan en el edificio público más importante de la provincia es que se gastan miles de pesos para cosas absolutamente innecesarias, como plantas que sostienen que nunca se riegan, por lo que luego hay que volver a comprarlas.

Por otra parte, también despertó controversias la llamada puesta en valor de la fachada, ya que los trabajadores señalan las malas condiciones en las que se encuentra el interior del edificio, aunque hacia fuera se pretende dar una imagen impecable.

En medio de las malas condiciones en las que deben trabajar los empleados de la administración pública, llama la atención que los gremios no se han pronunciado al respecto, incluso luego de que un trabajador falleciera en Casa de Gobierno.

En medio de sus reclamos, los empleados mencionan los sueldos altísimos de funcionarios y directores, que además viven en departamentos alquilados por el Estado, usan autos y choferes oficiales para cuestiones privadas como llevar y traer a sus hijos de la escuela, y tienen hasta empleadas domésticas con contratos en la provincia a quienes no tienen que pagarles sueldos.

Señalan que, mientras el Estado destina millones y millones de pesos para que algunos funcionarios vivan “como reyes” a costas del erario público, se dejan de lado las inversiones realmente importantes como la salud.

“Viva la joda, hasta que algún día muchachos les puede pasar a ustedes también, porque no se olviden que son de carne y hueso como nosotros los plebeyos empleados”, señaló un lector de este Portal.

Otro afirmó “a las casi 200 lucas por mes de bolsillo, más los viáticos, gastos de representación, desarraigo, autos oficiales a disposición, hay que agregarle las 100 lucas que se llevan cada uno de los hijos, y los suculentos contratos a otros familiares y cercanos”.

Los trabajadores comentaban que, entre las medidas que el gobierno toma “para la tribuna” está la compra de un desfibrilador para un solo edificio público, a pesar de que hay cientos de reparticiones que funcionan en diferentes puntos de la provincia.

Solo en Paraná, hay más de 50 edificios que albergan oficinas públicas, algunos con más fácil o difícil acceso de personal de salud ante una posible emergencia, pero en donde la tecnología podría servir para salvar vidas.

Lamentablemente, una persona perdió la vida en su lugar de trabajo por las negligencias y la desidia del Estado provincial, que sigue dándole de comer a funcionarios privilegiados y dejando a la deriva a sus empleados y a todos los entrerrianos.

A razón de 50 mil pesos cada desfibrilador, para cubrir la totalidad de las oficinas públicas con uno, el Estado debería invertir unos 2,5 millones de pesos. Medio millón menos que lo que costaron los mástiles de la vergüenza y otros tantos despilfarros.

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