Tensión y preocupación en torno a la defensa del intendente por la imposibilidad de direccionar la estrategia hacia las cuestiones políticas; el desistimiento del peculado el principal argumento.
Los movimientos de última hora en el Tribunal Oral Federal presentan un panorama muy oscuro para el intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la causa que lo tiene como autor del delito de financiamiento del tráfico de estupefacientes.
Un delito que prevé una pena máxima de 25 años de prisión y por el que el presidente municipal debía estar privado de su libertad preventivamente desde el minuto en que quedó imputado, pero que sin embargo, conforme resolvió el juez federal que actuó en la investigación, Leandro Ríos, por sus responsabilidades y funciones y a fin de garantizar la gobernabilidad del municipio, fue dejado libre, es decir, dictó su excarcelación, aunque con restricciones.
Entre estas últimas figuran, una caución de 1 millón de pesos, la concurrencia semanal al juzgado a firmar, la prohibición de salir del país y la solicitud de permisos para salir de la provincia.
Justamente, dichos fundamentos comenzaron a minar de especulaciones y fuertes versiones el Tribunal Oral Federal, apuntando la generalidad de las circunstancias a la inminente privación de la libertad de Varisco
Según supo este medio, el día 11 de diciembre del 2019, es decir, el día de la finalización de su mandato, Varisco irá preso, ya que el mentado “arraigo institucional” del magistrado ya no existirá.
Indudablemente, el cambio de condiciones en que se otorgaron los beneficios de la libertad por parte del juez Ríos, se presentarán entre los argumentos.
Y es que, Varisco, el 11 de diciembre deja de estar investido de aquellas atribuciones, funciones y responsabilidades que constituyeron los requisitos indispensables para que acceda a la excepcional libertad.
Es sabido en el ámbito judicial que, ante la atribución de uno de los tipos penales de la ley de estupefacientes, la regla es la prisión preventiva y muy excepcionalmente la libertad; la gravedad del ilícito, de su pena, entre otras circunstancias, son tenidas en cuenta para las decisiones judiciales de privación de libertad.
En el caso del ilícito de Varisco, sumamente argumentada hubiera estado su privación de libertad ya que se trata de uno de los más graves contenidos en la ley de estupefacientes, sin embargo, el respeto de las instituciones y la garantía de la gobernabilidad en la capital entrerriana primaron en el magistrado.
El 11 de diciembre, todos aquellas condiciones no existirán, estimándose que deberá cumplirse con la resolución del magistrado, y ordenarse su inmediata privación de libertad.
No es la única muy mala noticia que se produce en torno a Varisco, palpitándose horas de tensión y preocupación en la defensa del intendente en virtud de las últimas declaraciones que se brindaron en el juicio oral y público.
Las fuertes versiones que circulan en el TOF es que los magistrados que tendrán a su cargo decidir sobre la inocencia o culpabilidad del intendente no están convencidos de la hipótesis de la defensa que apunta a envolver las relaciones de Celis y Varisco exclusivamente como políticas.
Según se supo, más aun luego el desistimiento directo del ilícito de peculado, los informes que realizaría la división antilavado de la Policía Federal, indican que los indicios apuntan más a la contratación de Celis y su sector por los compromisos de campaña y para que el mismo maneje la Unidad 2, en la cual se organizaba y ejecutaba la distribución de la droga con fines de comercialización.
Esto, lógicamente, no es oficial, el juicio aún está desarrollándose y el TOF se encuentra por estos momentos creándo una idea de los hechos, un proceso que, según precisaron, culminará en la etapa de pruebas en los últimos días de diciembre, antes de la feria, pero que para el 11 de diciembre ya se prevé una medida judicial que preocupa sobre manera a la defensa del intendente, momento en el cual se ordenará la privación de libertad del mismo.
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RESULTO SER UN POBRE TIPO…