El escándalo que se viene: los nombres de funcionarios que con un breve paso por el cargo fueron beneficiados con jubilaciones por incapacidad

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Las cifras de los privilegiados se estiman altísimas, también sus haberes mensuales; en el organismo previsional sostienen que justifican en gran proporción los 3000 millones de déficit, sin embargo, para el Gobierno son intocables y secretas; se animará el titular de la Caja a dar los nombres?

El tema del déficit de la Caja de Jubilaciones y cómo combatirlo ha sido motivo de debate d etodas las administraciones provinciales, aunque en el último tiempo con mayor frecuencia.

No es para menos, en la actual gestión provincial las cifras del desbarajuste trepó a los 3000 millones de pesos.

Entre las razones del deplorabe diagnóstico, se argumentan las medidas en materia impositiva tomadas por el gobierno de Mauricio Macri que impactaron de lleno en los números del organismo de los pasivos. Tanto del IVA como de ganancias se extrae una porción que se destina a la seguridad social, de esta fracción, un 10% van a las provincias con Cajas.

Aunque la razón más importante en la Provincia, según ha manifestado el Gobierno Provincial, es otra: un sostenido crecimiento de la población de beneficiarios.

“Vamos a terminar 2019 con un 4,2% más de beneficios que el año anterior. Es muchísimo teniendo en cuenta que la población de aportartes tiende a crecer muy lentamente, y que estimamos que crezca este año entre el 0,4 y 0,6%, contra 4,5% de beneficiarios”, fueron las estimaciones del titular del organismo previsional, Daniel Elías, para el termino del 2019

En palabras más entendibles, para el funcionario lo que tienen que pagar (jubilaciones y pensiones) crece a mayor velocidad que lo que ingresa (aportes).

Macri, IVA, incumplimiento del pago de anticipos que realiza la Anses, vienen siendo las justificaciones del oficialismo provincial para el desbarajuste cen el organismo previsional.
Todas ellas ciertas, aunque no exclusivas; la mala administración de las arcas de la Caja y el otorgamiento a mansalva de beneficios previsionales de privilegio, sostienen los entendidos, constituye una de las principales causas del déficit.

Funcionarios, legisladores y afines que, con pocos años de aportes en dicha función, acceden a la pasividad computándose exclusivamente dichas contribuciones.
En otras palabras, con la mayoría de los aportes en una categoría considerablemente inferior durante su actividad laboral, adquieren el beneficio previsional por la categoría más alta.

Esto para el caso no común de que obtengan la jubilación con los aportes requeridos, porque también existen funcionarios, legisladores y afines que, sin llegar ni a la edad ni a los años de aportes, encuentran la veta para obtener el beneficio por las denominadas “jubilaciones por incapacidad”.

Autoridades provinciales que bajo la excusa de alguna inhabilidad, insuficiencia, padecimiento, enfermedad o trastorno inician los trámites en la Caja y al poco tiempo, se jubilan.

Aunque en la vida diaria, se manejan como si no sufrieron ninguna afección que los incapacite laboralmente, llamativamente pasan por la junta médica, y obtienen la tan ansiada pasividad.
Las estimaciones en el organismo previsional son de cifras altísimas en cuanto al número de estos privilegiados, como también del haber previsional que obtienen.

Números no oficiales por supuesto. Ni el Gobierno ni Elías, a pesar de contar con los mismos y de reconocer internamente que contribuyen considerablemente al déficit actual de la Caja, lo oficializarían, aunque, puertas adentro del organismo es muy comentado.

Lógicamente, de publicitarse las cifras, los nombres de los privilegiados incapacitados que increíblemente obtuvieron el visto bueno de una junta médica y los montos de sus haberes, sería un verdadero escándalo.

En la ley, se establece que tienen derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera la edad y antigüedad en el servicio, los afiliados que se incapaciten física o intelectualmente en forma total para el desempeño de toda actividad laboral siempre que la incapacidad se hubiere producido durante la relación de trabajo.
La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminución del 66 % o más será considerada total.

Pero, ¿Quién determina la existencia de la incapacidad? Así, el debate de integración de la junta médica parece obligado, más aun teniendo en cuenta las cifras mencionadas.En vez de atacar los derechos de los trabajadores y trabajadoras estatales y de las mujeres, suspendiéndose las jubilaciones por el plazo de un año y elevándose la edad para obtener el beneficio, el oficialismo debería poner el foco de atención en esta etapa del trámite.

El funcionario presenta su trámite ante la Caja adjuntando la documentación pertinente entre las cuales se encuentra el F-2003, la histórica clínica básica, el cual completa su médico de cabecera, ergo, de confianza.
Con posterioridad una junta médica “evalúa” que los padecimientos para tenerlo por incapacitado sean reales, pero en definitiva quien otorga o no el beneficio es el presidente de la Caja.

¿Qué pasaría si se formara una Junta Médica con actores sociales que no tuvieran ningún tipo de acercamiento o confianza con quienes han accedido al beneficio para que revise las incapacidades que abona la caja?

Legisladores, funcionarios policiales, con cuatro u ocho años de funciones, acceden a jubilaciones por incapacidad, luego de pasar por estas evaluaciones. Nos llevaríamos muchas sorpresas si el presidente del organismo diera a a conocer el listado de beneficiarios. ¿Se animará?

Insistimos, la forma de vida que llevan los ex funcionarios beneficiados con este tipo de jubilación, da para para pensar que la objetividad no está presente muchas veces en dicha junta y que no ha primado el criterio médico.

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3 comentarios

Tito 27 enero, 2020 at 9:01 am

Además de ser un régimen jubilatorio injusto, en donde hay jueces que cobran diez o más veces lo que un empleado, todas las administraciones han saqueado la caja durante años, beneficiando con jubilaciones principescas y arregladas a los amigos que nunca aportaron proporcionalmente, y regalando pensiones a las amigas que armaban rápidamente un cónyuge fallecido, y con testimonios y otros recursos fáciles, se alzaban ilegítimamente con una pensión mal habida. El régimen, tal como está planteado con estas fugas de recursos, es absolutamente insostenible.

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Juancho 27 enero, 2020 at 9:32 am

Un juez se casa con una chica joven; el juez (lamentablemente) fallece poco tiempo después, años antes de jubilarse. La joven viuda cobra durante décadas, sin haber aportado un peso, una pensión principesca, y anda en auto alemán. La portera de la escuela que barrió los pisos durante 35 años, y no faltó nunca, tiene que mendigar para sobrevivir. Vaya qué linda democracia que tenemos.

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DEBORA 28 enero, 2020 at 4:12 pm

BORDET TIENE LA PERRITA RUBIA ATADA AHI,,

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