No cuentan con elementos de seguridad para evitar el contagio, sus trabajadores iniciaron un fuerte reclamo, no existe una declaración de la actividad como esencial y encima el Gobierno no sabe si les va a poder pagar los sueldos, crisis total en el Poder Judicial.
Desde este lunes la Justicia entrerriana se encuentra en un punto máximo de ebullición, tal es así que por estas horas sus máximas autoridades evalúan la paralización pro completo del servicio.
Primero fue el reclamo de los trabajadores judiciales, el domingo el Superior Tribunal de Justicia daba a conocer a sus dependientes una acordada donde les imponía a un grupo importante de personas el retorno a sus puestos de trabajo.
La medida encendió todas las alarmas, no era para menos, más de un centenar de trabajadores debían concurrí a sus puestos de trabajo a pesar de que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para evitar el contagio.
No hay que olvidarse que el mismo sábado el presidente de la nación, Alberto Fernández, anunciaba la continuidad del aislamiento social preventivo para todo el país hasta, en principio, el 26 de abril.
Anuncio que asimismo incluyó la incorporación de nuevas excepciones entre las que no está incluida la actividad judicial.
Sin embargo, y también a pesar de la Corte Suprema, máximo órgano judicial del país, no ha variado su criterio respecto de la feria sanitaria y tampoco se proveyó a los empleados del kit sanitario, el máximo Tribunal entrerriano los constreñía al trabajo.
El reclamo de los empleados judiciales puntualmente los que cumplen funciones en Paraná, en las distintas sedes del Poder Judicial, incluida Fiscalía, se hizo sentir, sumándose los representantes gremiales de todo el país a respaldar el mismo.
El STJ no fue el único apuntalado por los judiciales, en el centro las críticas se dirigieron hacia el Colegio de Abogados de Entre Ríos, a quienes aquellos les sindican haber presionado fuertemente a la Justicia para que vuelva a operar.
De la nota formal presentada al Dr. Martin Carbonell, presidente del STJ, daba la sensación e que los judiciales parecieron entender la necesidad de trabajar de los abogados, sin embargo, el cumplimiento de dicha expectativa no puede ser a cualquier costo, mucho menos cuando se trata de la salud de los trabajadores.
Hasta que el reclamo no se hizo público en este Portal, las condiciones de seguridad no estaban garantizadas, luego, la propia justicia salió a aclarar que si se habían tomado medidas, aunque aun las mismas no habían sido concretadas, o más bien no estaban disponibles.
Por ello el reclamo de los trabajadores era atendible, sumándose el hecho de que estos también aportaron para el fondo sanitario del Poder Judicial, el cual, según informaron oficialmente, supera los 25 millones de pesos.
La polémica estaba instalada, y fue la propia Justicia quien salió a aclarar que se estaban tomando medidas, anunciando la compra de kit de seguridad unitaria por la suma de un poco más de un millón de pesos, como también se estaban confeccionando laminas para evitar el contacto directo con aquellos que concurran a ser atendidos.
Hoy los ánimos en la Justicia han variado rotundamente, apareciendo coincidencias tanto en los jueces y fiscales como los trabajadores, siendo el argumento principal la ausencia de insumos, aunque también la inexistencia de un decreto nacional o provincial avalado por nación que exceptúe de la cuarentena a la actividad judicial.
Fue el presidente quien aseguró que iría evaluando cada una de las propuestas que le practiquen los gobernadores respecto de la inclusión de actividades exceptuadas de la cuarentena, siendo un dato de interés que, de incorporarse, Entre Ríos seria la única provincia del país con tribunales sin cuarentena.
No es la única singularidad de la Provincia, sumándose una nueva desventaja a las ya mencionada ausencias de insumos de protección por la pandemia, este lunes jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales se anoticiaron que el cronograma de pagos de sueldos del mes no los incluye, desconociéndose cuando van a cobrar los mismos, es más, a la fecha no existen fondos para que los perciban.
Este lunes este Portal daba la noticia, de que por el momento y hasta el 20, la provincia utilizará parte de los fondos enviados por la nación para pagar los sueldos de hasta 105 mil pesos, pero el resto de la administración pública está sujeto a que a la provincia le ingresen más fondos.
La dilación hasta el 20 de parte de los pagos pone en evidencia las serias complicaciones de la provincia para afrontar sus gastos, al punto tal de que no cuenta con el dinero necesario para terminar de pagar los sueldos donde están incluidos jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales.
La cuestión es grave, ya que de no obtener fondos la gestión de Bordet no podrá afrontar el pago de sueldos del mes que viene ningún estatal activo o pasivo.
Justamente esta incertidumbre en la Justicia, donde jueces, fiscales y demás funcionarios desconocen si van a percibir sus haberes durante este mes, sumando, a los fuertes cuestionamientos de los empelados judiciales y gremios por la falta de elementos de seguridad para evitar el contagio del covid-19 y la ausencia de una declaración de actividad esencial del servicio de justicia por parte del Presidente o en su defecto del Gobernador, provocaron que por estas horas en el Poder Judicial se esté evaluando la paralización total el servicio de justicia.