Desde que a la gestión de gobierno se le hizo incontrolable el desbarajuste causado a las cuentas públicas, el Poder Judicial fue el sindicado como responsable del déficit entrerriano, ahora en plena pandemia y con una crisis económica terminal donde ni siquiera se pueden garantizar los sueldos, el argumento no varía, una pelea que promete, empezándose a notar el gran malestar en Laprida 255.
Desde hace largos meses desde este Portal venimos exponiendo el daño que la actual gestión de gobierno durante su primer periodo viene causando a las cuentas provinciales con constantes designaciones, creaciones de cargos a mansalva, gastos exorbitantes en funcionarios públicos, contrataciones de obra pública irregulares millonarias, favores a empresarios acaudalados en detrimento de los menos favorecidos, enormes pautas publicitarias y más millones y millones destinados en banalidades.
Llegó el segundo periodo de Bordet y el intencional desbarajuste no solo no cambió, sino que se incrementó enormemente.
Las cuentas provinciales estaban en rojo, sin embargo, el Gobierno continuó incesantemente cumpliendo compromisos provenientes de la política, con creaciones de cargos y designaciones a familiares y amigos del poder.
Ante esta colisión entre el lapidario estado de los escasísimos recursos provinciales y la necesidad imperiosa del oficialismo provincial se extender el festival de contrataciones, sobrevinieron las medidas de ajuste.
Los perjudicados fueron los contribuyentes y los trabajadores estatales, en la estrategia orquestada por el oficialismo provincial, son ellos quienes deben pagar las consecuencias de aquel festival.
Incrementos siderales de los impuestos inmobiliario y automotor y una inminente reforma furiosa al sistema previsional fueron las tácticas del Gobierno para paliar la crisis económica y financiera por el mismo creada.
Nuevamente en la Provincia se retomó la discusión del déficit de la caja de jubilaciones, a estas alturas estaba claro que dicho debate es utilizado cada vez que se intenta justificar la implementación de políticas en detrimento de la clase trabajadora.
Había que buscar un culpable de este desequilibrio, y el Poder Judicial le vino como anillo al dedo al oficialismo provincial.
Son conocidas las reacciones y consideraciones que tiene la ciudadanía con los integrantes de la Justicia, lo que el oficialismo no sopesó es que la mala imagen y el descreimiento propios es aún mucho mayor.
En otras palabras, los entrerrianos saben a los importantes sueldos que se perciben en el Poder Judicial, pero también saben los elevadísimos sueldos que cobran los legisladores provinciales y que la dieta, no es el único cuantioso beneficio económico que se desprende de haber obtenido una banca.
Los ciudadanos pudieron tomar conocimiento de los números ciertos y probados que percibe un fiscal o un juez raso, la cifra es más baja de lo que se cree que percibe un legislador provincial.
Como si no podía empeorar la situación económica e institucional de la Provincia, llego una pandemia, y los recursos que ya faltaban, desaparecieron totalmente.
Hoy la provincia no sabe cómo va a pagarle los sueldos a fiscales y jueces, aunque el problema lo van a tener todos los estatales con los haberes del mes que viene.
Nuevamente, aunque esta vez con aquel acto concreto, la culpa para el Gobierno la tienen los magistrados y funcionarios de la Justicia por sus elevados haberes, o al menos es lo que intenta imponer en la ciudadanía.
Estas circunstancias empezaron a conmover y preocupar al Poder Judicial, hoy los comentarios, críticas y reclamos hacia el oficialismo por parte de la Justicia comienzan a exteriorizarse.
Desde la Justicia se sostiene que ellos cobran, como todos, aunque más, pero que no han tenido problemas en mostrar a cuanto ascienden sus haberes porque entienden que es información pública, algo que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido hacer público.
Razón les asiste, hace casi dos meses un ciudadano presentó un pedido de acceso a la información pública referido a los sueldos y contrataciones de los diputados y los senadores, las notas en cada cámara fueron presentadas a sus respectivos presidentes, Ángel Giano y Laura Stratta, sin embargo a la fecha no han respondido.
Pero volviendo al revuelo en la Justicia y sus manifestaciones de malestar, hoy es vox populi en los pasillos de Tribunales que tanto jueces como fiscales están convencidos de que el Gobierno intenta demonizarlos, exponiendo sus sueldos como descomunales, sosteniendo los mismos que podrán ser altos, pero a diferencia del oficialismo es el único ingreso que perciben.
Es conocido por todos que en el oficialismo provincial, y en esta expresión se incluye el Ejecutivo y los integrantes del legislativo que siguen a raja tablas los mandamientos del gobernador y sus secuaces, son extremadamente exorbitantes sueldos de los diputados y senadores como también los enormes recursos que les destina en contrataciones y demás beneficios que reciben por sus actividades privadas.
Se cree, porque se niegan a mostrar sus sueldos con pedidos de informes que no responden, que la dieta de un legislador oscila en 320 miles de pesos mensuales.
Ahora bien, si a dicho monto le sumamos las contrataciones asignadas a cada uno, existen casos de legisladores que por mes se llevan un millón de pesos de ingresos y otro incluso traspasa considerablemente el millón.
La diferencia de contrataciones depende de la mayor o menor afinidad que el legislador mantenga con el primer piso de la esquina de Córdoba y F. de la Puente de la Casa Gris.
Pero el Legislativo no es el único con excesivos beneficios, el propio Ejecutivo también se lleva acaudalados privilegios que se traducen en millones de pesos mensuales para ciertos funcionarios.
Un ejemplo concreto el matrimonio de importantes funcionarios que de sueldos solamente se lleva casi un millón de pesos mensuales a su casa, al menos eso es lo que se estima porque tampoco han querido mostrar o informar a la ciudadanía sus ingresos.
Y si a los sueldos le adicionamos, el pago de los alquileres de sus viviendas o residencias, el pago de los teléfonos celulares, el pago del combustible que utilizan incluso para sus actividades personales, y la puesta a disposición de vehículos oficiales con choferes, los privilegios de ciertos funcionarios del Ejecutivo traspasan sin lugar a dudas la barrera de millón por mes.
Tampoco hay que olvidarse las enormes ventajas que reciben de los privados que obtienen licitaciones o contrataciones en el Estado, tampoco de las acaudaladas fortunas que han cosechado y cosechas por sus actividades privadas, algunas solapadas mediante testaferros.
Estas diferencias así, de manera manifiesta, son las que hoy no dejan de comentarse entre los integrantes del Poder Judicial, donde entienden que el Gobierno viene implementando una táctica de demonización atribuyéndoles la exclusiva responsabilidad del desbarajuste, en otras palabras, el intento de exponerla como única la mala de la película.
No es la única responsabilidad que entienden atribuida, en Tribunales tanto jueces como fiscales comentan de la fuerte incidencia que tienen ciertos funcionarios presionando para frenar, incentivar, achicar o desarchivar causas de quienes ostenten –aunque sea momentáneamente- el calidad de opositor, aunque no solamente esto, también se habla del uso y abuso que las influencias para acorralar a la prensa o a algunos medios de comunicación que se exponen críticos.
Las manifestaciones del malestar también llegan hacia aquellas incidencias de algunos o algunas integrantes del oficialismo en cierta prensa que presiona en su favor contra la Justicia.
Situaciones que incluso han sido denunciadas públicamente por integrantes del Poder Judicial.
La pelea está instalada, y promete, son dos poderes fuertes, y los intereses en uno y otro lado pueden hacer complicar aún más la grave crisis institucional latente en la Provincia.
Una Provincia quebrada financiera y económicamente, que también debe enfrentar una emergencia sanitaria sin ningún parangón.