La acción de los letrados fue interpuesta en la ciudad de Federal, asimismo se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la acordada, por el conflicto de intereses deberá citarse a la asociación de magistrados, la AJER y a la Unión de empleados de la Justicia.
Las fuertes diferencias entre los actores del Poder Judicial continúan, trasvasando los límites ahora de las solicitudes y reclamos administrativos a exigencias judiciales concretas.
Desde el inicio de la cuarentena la situación de conflicto es manifiesta entre tres sectores bien marcados.
Por un lado, el Colegio de Abogados de la Provincia, que presiona para que el servicio de justicia se amplié, no es para menos, por el aislamiento social preventivo y obligatorio se han visto impedidos de trabajar y quieren revertir esa realidad.
Por otro, los empleados judiciales, jueces, fiscales y defensores, quienes tienen terror al regreso a sus puestos porque la Provincia no les puede garantizar la protección de su salud y vida en general.
Y como tercer sector, la conducción del Superior Tribunal de Justicia que es quien dispone las medidas a adoptar y si se trabaja o no, y que modalidades se adoptaran.
El conflicto se agudizó el pasado 8 de abril, cuando el STJER, mediante acordada vario la modalidad del servicio de justicia, obligando a retornar a sus puestos a más de un centenar de personas.
Ese lunes, 120 empleados en la capital entrerriana se presentaron a sus oficinas llevándose la desagradable sorpresa de que los obligaban a trabajar sin haber sido provistos ni siquiera de los elementos de seguridad mínimos para evitar el contagio y la consecuente propagación del covid-19.
Desde allí, la alarma y el temor en empleados, jueces, fiscales y defensores que deben enfrentar la prestación del servicio a costa de su salud es crónico.
Fueron los gremios de los judiciales, como también la asociación que nuclea a los magistrados quienes comenzaron con reclamos incesantes dirigidos todos ellos al presidente del STJ, el Dr. Martin Carbonell.
Los representantes de los trabajadores judiciales, apuntaron al Colegio de Abogados, entendiendo que estos presionaron fuertemente a las autoridades judiciales para que se ampliara el servicio.
Este lunes el STJ prorrogó aquella acordada, y fueron abogados quienes judicializaron el conflicto.
Tres letrados de la ciudad de Federal, presentaron en la justicia de su localidad, un amparo contra este nuevo acuerdo del STJ, solicitando la apertura a nuevos rubros dentro del servicio de justicia.
No fue el único pedido realizado judicialmente, a su vez, solicitaron que la acordada del 20/04/2020 sea declarada inconstitucional.
Hasta allí podría pensarse que se trata de un conflicto entre trabajadores, jueces, fiscales yd defensores, que priorizan su salud, y abogados que priorizan su derecho a trabajar.
Sin embargo a la pelea se metió el Gobierno, generando ciertas perspicacias en el ámbito judicial.
Fue el propio gobernador Gustavo Bordet quien en declaraciones a la prensa sostuvo rotundamente “Nosotros propusimos la habilitación del servicio, fue una de las propuestas que elevé al jefe de Gabinete, porque el servicio de Justicia tiene que seguir funcionando”.
Sus palabras cayeron muy mal en los actores del Poder Judicial, ya que es quien debe “articular” las acciones necesarias para que sean provistos de los elementos de seguridad sanitaria y, a la fecha, no lo ha hecho.
Por otro lado, sus declaraciones, fueron, puertas adentro de Tribuales, tachadas de una intromisión manifiesta en un Poder que constitucionalmente le es ajeno.
Salvo acuerdo con quienes conducen el Poder Judicial, Bordet no puede inmiscuirse en el servicio de justicia y sus modalidades.
El malestar con el mandatario excede la materia, trasladándose a otra de vital importancia, la económica, el Gobierno a la fecha no le ha pagado sus haberes íntegramente a ningún funcionario judicial, optando por un sistema de cuotas en donde se desconoce el derecho a la remuneración.
Situación que por estas horas es motivo de debates y puestas a punto para inminentes amparos por parte de jueces, fiscales y defensores.
Decíamos que esta intromisión del Ejecutivo sobre el Judicial, ha generado una infinidad de suspicacias en Tribunales, algunas de ellas relacionadas al amparo presentado por los abogados de Federal.
En los pasillos del Palacio de Justicia de la capital entrerriana, enterados de la acción de amparo, las versiones que se dispararon fue calificando a la misma de una estrategia del Gobierno, acordada con la conducción del STJ, para destrabar el conflicto, aunque en detrimento de los empleados, jueces, fiscales y defensores que están muy preocupados por su salud.
Y es que si el amparo resulta favorable, el Gobierno y el STJ se verán beneficiados con el argumento de que es la propia Justicia, a través de una sentencia, la que obliga a ampliar el servicio, pretensión manifestada públicamente por Bordet.
Más allá de esta versión, lo concreto es que por estas horas un juzgado de Federal tiene en sus manos la resolución, como primera instancia, de un amparo trascendental, donde se deberá meritar, por un lado, el derecho a la salud, por otro, el derecho a trabajar.
Un derecho a la salud que, le pese a quien le pese, en la Provincia de Entre Ríos no es garantizado, por la ausencia total de aprovisionamiento de los elementos de protección personal, razón por la cual, deberán ser llamados como terceros intervinientes las otras partes con intereses en el juicio, los gremios y la asociación de jueces.