Labriola, el brazo ejecutor del ajuste a los trabajadores provinciales

El secretario de hacienda, mano derecha del mandatario y suma palabra en los asuntos económicos, la cara visible de la polémica medida que colocará a cientos de estatales por debajo de la línea de la pobreza.

Al inicio de la semana, este Portal dejaba en evidencia como el Gobierno Provincial, por largos años, viene “negreando” a los empleados públicos de la Provincia.

Las horas extras, la herramienta del Gobierno para el “negreo” laboral

Una práctica habitual y constante que tiene 7 años en Entre Ríos y que la actual gestión, conducida por Gustavo Eduardo Bordet, no solo no hizo cesar, muy por el contrario, la fortaleció.

La sentencia es lapidaria: el Estado entrerriano lidera el ranking de la precarización laboral.

En la extensa publicación, se expone, entendemos, dejándose bien en claro, que, por la habitualidad, su constancia, las “extras” en el ámbito de la administración pública entrerriana dejaron de tener aquella naturaleza que si tiene en otros ámbitos laborales.

El concepto remunerativo por el cual el Estado abona como extras, no lo son, sino que es dinero “en negro” que este destina a sus empleados para a manera de un aumento otorgado de antaño, vale decir, desde hace 7 años forma parte del sueldo del trabajador.

Los argumentos son varios.

En primer lugar, para aquel lector que viene enojándose con los empleados públicos porque entiende que es lógico que el Estado no pague extras si los empleados están en cuarentena, hay que decir que la cuestión no es como se la imagina.

El Gobierno, en el caso de las extras, ha manoseado su concepto.

No es cierto que el concepto extras se pague por horas demás que el empleado trabaja, en la administración pública entrerriana, lo cierto es que en cada repartición existe un criterio diverso en la adjudicación de la cantidad de horas.

Depende de cada ministerio la cantidad de horas que se les otorgan a sus empleados, y dentro de cada ministerio también existe un criterio, sumamente discrecional, sobre el reparto a cada agente.

Luego el valor de la “hora”-siempre con comillas para que quede en claro que de extras no tiene nada-, dependerá de la antigüedad, categoría y otras condiciones del agente.

Lo que hace años si se asegura a los trabajadores que la cantidad de horas asignadas y su valor no se le toque, independientemente de si las hace efectivamente o no.

Irregularidad que se debe atribuir exclusivamente al empleados, ya que es quien las autoriza, asigna y, también, -adicionándole gravedad, quien las utiliza como herramienta de presión contra el trabajador.

En este sentido es dable mencionar que, en connivencia con los gremios, los funcionarios públicos vienen utilizando a las “extras”, como elemento de imposiciones de voluntades a los agentes aliados en la administración.

Como sucede con otros beneficios laborales, en el Gobierno, perciben más horas extras o se le asignan más de este rubro, a quienes más cerca o afines están a cierto o cual jefe político de turno.

Tela para cortar del asunto, hay, y, sobrada, sin embargo no es el motivo de la presente crónica, lo dejamos para la próxima.

Hoy la situación es otra, el Gobierno provincial, inicio su periodo de ajuste atroz contra sus trabajadores, y, de manera vil, por atrás, sin irle de frente, le recorta sus salarios, pergeñando una astuta maniobra con las extras.

Los abogados del Gobierno saben, conocen, que a nivel judicial, no existe un solo precedente que indique que las extras forman parte del sueldo, sin embargo, en la Provincia, existen pruebas concretas de que bajo el concepto de suplementaria se esconde el salario mismo de cada uno de los trabajadores.

Por eso la medida del recorte provoca tanta polémica en los trabajadores provinciales, no porque no trabajen y pretendan cobrar, como el Gobierno intenta hacer creer, sino porque con las mismas toda la familia estatal paga sus alquileres, sus cuentas, la cuota de la vivienda, alientos, en fin, desde hace 7 años las mismas forman parte de la previsión normal y habitual que el trabajador realiza de su sustento diario.

El caso es grave porque el recorte de Bordet, a su vez, se produce por “suplementarias”, ya trabajadas.

Es decir, recién con el sueldo que comienza a pagarse este viernes, los trabajadores deberían ver en sus recibos acreditados los montos de marzo.

Lamentablemente esto no ocurrirá.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia y, en consecuencia, el aislamiento, en la administración pública se perfilaron dos “clases” de estatales.

Aquellos que, por sus funciones, fueron considerados “prioritarios”, caso del personal de salud, desarrollo social y seguridad, y el resto, que se consideró no esencial.

Los recortes, a través de las horas extras, fueron sin piedad respecto de estos segundos, al resto, se los protegería, al menos fue la garantía que les brindó Bordet a través de sus jefes de áreas.

Con el personal no esencial los recortes fueron del 20, 50, 80 y 100% de las “extras” de marzo.

Y el brazo ejecutor del ajuste atroz y vil a los trabajadores provinciales designado por el mandatario tiene nombre y apellido, de Concordia “for export”, Antonio Gustavo Labriola, secretario de hacienda de la provincia.

El contador concordiense, mano derecha del mandatario y suma palabra en los asuntos económicos, se ha constituido en la cara visible de la polémica medida que colocará a cientos de estatales por debajo de la línea de la pobreza.

La vinculo de Labriola con Bordet es estrechísimo, y política e institucionalmente se remonta a la primera intendencia de Bordet, aunque también estudiaron juntos ciencias económicas.

En el  2007, cuando Bordet iniciaba su mandato en el Municipio de Concordia, fue designado delegado en el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias de Concordia, cargo que ocupó hasta el 2009.

Luego Bordet lo ascendió, nombrándolo en su gabinete como Secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Concordia hasta el 2015.

Al asumir la gobernación, se trajo al contador concordiense que tanto lo ha acompañado a la capital entrerriana como funcionario provincial, ratificándolo para su segunda gestión.

Respecto del ajuste a los estatales, el mandatario provincial le dio el poder sumo para que teje y maneje a su entera discreción.

Tal es así que, durante la semana pasada, cuando los sueldos ya habían sido liquidados, la oficina de liquidaciones fue comisionada por el despacho de Labriola.

La noticia, según comentan lo empleados liquidadores, sorprendió enormemente a los mismos, Labriola, indican, había dado la orden de re-liquidar los sueldos.

¿El motivo? Sostienen en hacienda que el propio secretario de hacienda quería determinar, decidir, ministerio por ministerio, repartición por reparación, y agente por agente, quien, conforme a “su magistral criterio”, seria beneficiado con extras, su porcentaje, y quienes no.

Una especie de purga con un único afectado, el trabajador.

La idea de Labriola, sostienen en la Casa Gris, es ajustar hasta donde dé, aunque sin afectar compromisos políticos y/o gremiales.

Frente a esta lamentable situación, comenzaron a correr las versiones, ya que en este manoseo con las extras, se cree que no solo se afectará el personal considerado “no esencial” por el propio Gobierno, sino también a aquellas áreas hoy prioritarias.

Existe un antecedente reciente de la embestida del Gobierno provincial contra los trabajadores incluso esencial.

El pasado 19 de abril, bajo la expresión “Bordetvirus” este Portal  exponía que comenzaba el ajuste en la Provincia, afectando exclusivamente a los trabajadores.

Las “horas extras” no eran el único beneficio laboral, aquí considerados parte integrantes del sueldo, en los planes de la gestión para paliar la crisis económica y financiera provincial “autogenerada” luego e años tras año de despilfarro

El Gobierno también embestía contra los Policías entrerrianos, existiendo denuncias que indicaban de las demoras y paralización de trámites para que los mismos perciban los adicionales realizados meses atrás.

Mientras el gobierno disponía a mansalva de puestos de seguridad para proteger los hogares de los funcionarios provinciales que cada día son más, entre otras funciones que les asignan caso de las guardias en organismos y reparaciones, existía la orden no pagarles el servicio.

Bueno ahora, las fuertes versiones provenientes desde la Casa Gris, indican que la estrategia de Labriola de ajuste  también piensa expandirla al personal de políticas alimentarias y salud.

Trabajadores, todos ellos, que están haciendo un esfuerzo enorme y prestando funciones sin los elementos de seguridad o con los mismos muy precarios, no solo para atender las urgencias o ejercer los controles, sino también aquel personal de dichas áreas que se encargar de hacer las compras de productos o insumos necesarios por la emergencia  sanitaria.

En este punto hay que aclarar, los tramites administrativos prioritarios se realizan, lo que no se están viendo, porque existen numerosas denuncias e incluso demandas judiciales que así lo indican, los resultados de los mismos, esto es, los elementos adquiridos y mucho menos en poder de quienes lo necesitan.

Versiones aquellas con gran asidero, ya que aseguran que la orden de reliquidación de Labriola es real, provocando la marcha a la liquidación habida para confeccionarse una nueva.

Más consistencia le otorga el anuncio del cronograma de sueldos que realizó el Gobierno y difundido alarde o vanagloria del “90%” de trabajadores que percibirán su haber en os primeros días de mayo.

Anuncio falaz que esconde una gran vileza, otra más de la gestión provincial contra sus trabajadores, en los depósitos de haberes, a contrario de lo que viene sucediendo, no estará depositado el porcentaje de dinero en concepto de “extras”.

El rubro, según supo este medio, al menos así lo sostiene la fuerte versión proveniente de la Casa Gris, para aquellos que por obra y gracia del espíritu de Labriola no se las bajaron –léase: recorte del salario-, será depositado por complementaria.

Complementaria que, por ahora, se desconoce cuándo se abonará ya que el cronograma anunciado nuevamente fue parcial.

En aquella oportunidad, y recién allí, los trabajadores públicos provinciales recién sobran a ciencia cierta, y más allá de las promesas de Bordet transmitidas por sus jefes de las reparticiones donde presentan funciones, a cuánto asciende el descuento de haberes, ya sea por reducción del porcentaje de extras o por su eliminación total.

Medida totalmente irregular, rayana a la ilegalidad, de un Gobierno que constantemente le echa mano al despilfarro, con designaciones y creaciones de cargos políticos incluso en plena cuarentena, y que pretende que sean los empleados públicos los que paguen la fiesta.