La paralización de la IPP que hace más de medio año que no se mueve y la falta de referencia en la nómina reciente publicada y difundida por delitos de corrupción, generan suspicacias puertas adentro y en la comunidad.
Este fin de semana el Ministerio Publico Fiscal que conducen los Dres. Jorge García y Cecilia Goyeneche variaron el criterio sobre la publicidad de los actos de gobierno que realizan.
Hasta allí, en la página web oficial del MPF, existían tan solo 9 causas penales publicadas protagonizadas por dirigentes políticos por hechos cometidos durante el tiempo que ostentaron la función pública.
Un dato de interés es que en todas y cada una de las mismas, fiscalía había obtenido condena, al menos en primera instancia.
Daba la sensación que se pretendía mostrar lo bueno, entendido lógicamente desde el punto de vista fiscal, como condenas por acusaciones practicadas.
Sin embargo del listado también se podía percibir las dilaciones, existiendo causas con hechos que datan de la época de los 90 con sentencias obtenidas no hace más de dos años
Ahora el criterio ha variado, y este fin de semana el Ministerio Publico Fiscal dio a conocer el listado –aparentemente- completo de todas las causas en trámite por hechos contra la administración pública.
48 es el número de causas en trámite en las fiscalías de la capital entrerriana, llamando poderosamente la atención la falta de referencia de al menos tres investigaciones penales preparatorias (IPP) escandalosas que envuelven a importantes funcionarios.
El dato de interés de las mismas que sus protagonistas están actualmente en funciones disparándose todas las especulaciones y suspicacias sobre la existencia de dos varas que aplica fiscalía para luchar contra la corrupción.
Sin dudas el caso más paradigmático y ejemplificativo de esta situación es la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Ramírez Montrull.
La causa es gravísima, se sospecha del direccionamiento de fondos públicos por cifras millonarias a un conocido empresario paranaense que financio la campaña electoral del 2015.
Aunque la gravedad no solo proviene de las cifras, sino de la importancia de los funcionarios protagonista de la investigación, ni más ni menos, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet y del actual senador nacional, Edgardo Kueider, por hechos cometidos durante la primera gestión bordetista.
El 10 de diciembre del 2015 Bordet asumía la primera magistratura provincial y con su asunción, se detectó, paralelamente, un llamativo movimiento administrativo en el registro de personas jurídicas.
El conocido y polémico financista, ligado estrechamente a la actividad mutual, Adrián Bruffal, adquiera una empresa de medios de comunicación.
Ni Bruffal, ni la empresa, jamás habían operado en el rubro de la comunicación, sin embargo al muy breve tiempo de la adquisición, la firma “Multimedio Regional SRL” del financista, comenzaba a facturar sumas descomunales de dinero a su favor, figurando, como pagador, el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en concepto de publicidad oficial.
Las distintas facturas comenzaron a ser cada vez más frecuentes, y no solo mediante las órdenes de pago suscriptas por el Ministerio de Cultura y comunicación que conducía el entonces secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider y Bordet, también otros organismos formaron parte de estas sospechosas maniobras que beneficiaron económicamente al privado.
A las operaciones irregulares, con montos exorbitantes, se sumaban hechos previos sospechosos de determinantes para el otorgamiento en favor de Bruffal.
El mutualista había financiado con sus propios bienes la campaña electoral de Bordet en el 2015, es más, incluso era muy común que el financista concurriera a los actos de campaña del luego mandatario provincial en Paraná y sus inmediaciones y hasta se lo pudo ver más de una vez al entonces candidato a la gobernación en vehículos pertenecientes a Bruffal.
Esta especie de sociedad entre lo público y privado no era nada nueva, a través de otras empresas donde figuraba como accionista, el mutualista ya había sido beneficiado en concesiones del Municipio de Concordia en la época en que fue conducido por Bordet.
El daño millonario al erario público es fácilmente constatable, ya que la publicidad oficial que se cobró por sumas descomunales en favor de Multimedio Regional autorizadas por Kueider y Bordet se plasmó en un medio de comunicación totalmente ignoto en la provincia.
Las irregularidades de las maniobras surgieron palparías de los decretos suscriptos por los funcionarios mencionados, los hombres más fuertes de la gestión provincial.
En los mismos se aseguraba que Multimedio Regional SRL y el medio de comunicación de la firma, “ABZ”, poseía “amplia trayectoria” y calificaba como “de distribución y difusión masiva” de la capital entrerriana.
En los hechos, ningún vecino lo conocía y para peor, ni siquiera los titulares de kioscos de diarios y revistas.
El Portal denunció los hechos, luego sobrevino una denuncia formal en agosto del 2019, recayendo en la fiscalía de Ramírez Montrull.
Al principio la causa se movió, el fiscal dispuso distintas medidas probatorias, requiero informes, pidió documental, eso hasta octubre o noviembre, luego, de forma muy llamativa, se paralizó.
En el ámbito judicial se cree –a manera de especulación- que si el fiscal avanzaba a penas un poco más no le iba a quedar ora que realizar imputaciones, atribuyendo esta situación, al parate de la investigación.
Yendo un poco más a fondo con los comentarios de pasillos de los tribunales de Paraná, se menciona un pedido de una muy importante funcionaria a la fiscalía que “aconseja” el detenimiento investigativo.
Más allá de esta suspicacia judicial, los cierto es que desde entonces el Dr. Ramírez Montrull no avanzó más, estando a la fecha totalmente sin ningún tipo de novedad la causa, más que aquellos movimientos de octubre o noviembre del 2019.
Este Portal intentó hablar con el fiscal, de manera informal, la existencia de mensajes de whatsapp no nos dejan mentir, procurando una entrevista para que dé cuenta de sus actos judiciales de extremo interés público en virtud de los funcionarios involucrados.
En dos oportunidades fue comisionado el Dr. Ramírez Montrull, no quiso responder, como se dice en la jerga de las redes sociales “clavó visto”.
La próxima instancia es un pedido formal de acceso a la información pública, que, conforme a la normativa vigente, deberá responder por escrito.
La paralización de Ramírez Montrull y la falta de referencia en la nómina del ministerio público fiscal sobre hechos de corrupción en trámite, sin lugar a dudas, desnudan la existencia de dos varas en el órgano que conducen los Dres. García y Goyeneche.
Y es que resulta muy llamativa la precisión con que informan los hechos de corrupción sucedidos en gestiones anteriores, vale decir, cuando el funcionario o funcionarios involucrados han dejado el poder.
Para quienes aún lo ostentan no solo no existe información, sino que las investigaciones no obtienen la misma premura o instancia.
La causa de Kueider y Bordet, es uno de los ejemplos, sin dudas el paradigma, se trata de los actuales hombres fuertes en la Casa Gris, pero no es el único, en segunda medida, la lista tampoco hace referencia, al menos para que el ciudadano común – a quien en definitiva va dirigida la información pública, el destinatario del derecho a informarse- tome conocimiento de las autoridades investigadas en otros escándalos recientes de la política entrerriana, los contratos truchos en la legislatura donde solo se mencionan los contratados y no los funcionarios involucrados y la causa por la comercialización de alimentos de desarrollo social que ni siquiera esta incluida en la nómina.