La certeza fiscal desprendida de la condena acordada, obliga a quienes tienen a su cargo la función de investigar delitos, a poner el ojo, centrar todas las miradas, en el manejo del Senado y de la cámara baja, históricos y actuales paradigmas de corrupción.
Tres graves delitos contra la administración pública se le atribuyen a quien supo ser por 20 años diputado provincial y mandamás de UPCN, José Ángel Allende.
Todos ellos cometidos cuando el protagonista ostentaba el cargo con que la ciudadanía lo había embestido.
Hoy, reiterado, descansando en una de las tantas lujosas mansiones o residencias producto de haberse enriquecido a costa de los recursos públicos, con cierto poder conservado, o al más bien con las conexiones necesarias aun intactas, es beneficiado por la Justicia Entrerriana.
Más de 20 años ininterrumpidos de corrupción con la única sanción de devolver dos propiedades, portarse bien durante dos años y no pretender buscar un cargo público al menos por un periodo más de gobierno.
Parece poco, lo es. Justamente por eso la sociedad entrerriana esta escandalizada, ya no por Allende, sino por el rol preponderante de las máximas autoridades de fiscalía que permitieron, convalidaron, este nuevo papelón del Ministerio Publico Fiscal.
Porque si existía alguna esperanza de que la comunidad volviera a creer en la Justicia, con el acuerdo del ex diputado, las mismas se desplomaron a la misma velocidad con que los Dres. Jorge García y Cecilia Goyeneche suscribieron el convenio.
La lista real de bienes de Allende es interminable, la cual, llamativamente, no coincide totalmente por la investigada por Fiscalía, por eso el diputado tiene que devolver menos de todo lo que en 30 años logró de manera indebida. Una verdadera vergüenza.
Pero si algo rescatable se puede sacar del acuerdo de juicio abreviado en beneficio exclusivo del ex legislador, es la afirmación fiscal en la acusación que ratifica el hombre fuerte de UPCN: todos y cada uno de los hechos atribuidos fueron cometidos en la Legislatura Provincial.
Tal sentencia resulta trascendental, para la fiscalía y el confeso ex diputado, la Legislatura provincial es la cuna, la cueva de la corrupción en la Provincia.
Lo de Allende igualmente no deja de ser el caso más paradigmático y reciente, la lista es ampliable, Aldo Ballestena también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y pasó por la Legislatura y, otro de los escándalos que hoy ya nadie habla muy llamativamente en Fiscalía, el escándalo por la mega defraudación con los contratos truchos en ambas cámaras legislativas.
Otro ejemplo es el actual diputado provincial –que también ya lleva varios periodos en la banca- Juan Reynaldo Navarro.
En noviembre del 2017, el legislador talense fue denunciado penalmente por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, defraudación de la administración pública, asociación ilícita, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Respecto del legislador talense existen fuertes sospechas de inversiones descomunales en inmuebles rurales como también en ganado y los tan ponderados caballos de carrera, los cuales no se serian justificables con la dieta que ha gozado.
Llamativamente del desarrollo de la causa penal, de manera oficial, no se sabe absolutamente nada, es más, la misma no figura en el listado publicado recientemente por el procurador Dr. Jorge García de causas de corrupción en trámite.
Se presume que la misma fue archivada, aunque, fuentes tribunalicias han confiado a este Portal que, en virtud del precedente Allende, la misma estaría muy próxima a ser desarchivada.
La certeza fiscal desprendida de la condena a Allende, y estos casos mencionados, obliga a quienes tienen a su cargo la función de investigar delitos a poner el ojo, centrar todas las miradas en el manejo del Senado y de la cámara baja, ejemplos de ausencia total de transparencia y, por ende, de corrupción.
Será por ello que choca, colisiona, y a su vez, resulta entendible el pedido de un ciudadano que den a conocer los sueldos y contrataciones en las actuales conducciones de la Legislatura.
En la segunda quincena de febrero 2020, este Portal se hacía eco de una solicitud de acceso a la información pública dirigida al presidente de la cámara de diputados de la provincia de Entre Ríos, Dr. Ángel Francisco Giano.
Un vecino de Paraná, haciendo uso del derecho constitucional (Artículo 13º Constitución de Entre Ríos) a la información pública le exigía a Giano que dé a conocer sueldos y montos asignados en contratos de cada uno de los diputados provinciales –el inclusive- y del resto de las autoridades del cuerpo.
Pasaron cuatro meses del pedido y el Dr. Giano aún no respondió.
No es el único caso, unos días después de la otra dirigida a Giano, ingresó por mesa de entradas de la vicegobernación un pedido idéntico dirigido a la Lic. María Laura Stratta.
Stratta, tampoco evacuo el informe.
En ambos casos, están obligados por la propia ley a dar respuesta al ciudadano que los requiere, razón que le valió a ambos denuncias ante la oficina de anti-corrupción.
La negativa es llamativa, más aun en épocas como las actuales donde la Legislatura resulta ser el centro de atención por las gravísimas y millonarias irregularidades que se han cometido en su seno –con los ejemplo mas arriba mencionados-, muchas veces, o, en la gran mayoría, permitidas por quienes conducen las cámaras.
3 comentarios
Conocemos las andadas del ruso. Sin duda, el haber pasado por el 601 como inorgánico le generó una serie de alianzas con varios jerarcas del aparato político y judicial, que también tenían el buche hinchado. En el mismo batallón hizo amistad con un médico orgánico, que lo introdujo en el negocio de los medicamentos. Durante décadas, manejó las compras de insumos médicos del gobierno, puso a los funcionarios del área, y decidió quienes ascendían o aún quedaban en el esquema médico provincial. Presionaba a los funcionarios para que le pasaran recursos a su gremio, con el pretexto de capacitaciones, etc. Adivinen a dónde iba a parar la plata. Cuando el Pato era ministro de Gobierno, un Presidente del Consejo de Educación, muy respetado, tuvo que renunciar, porque se negó a firmar el cheque de todos los años para UPCN, por una suma millonaria. Inventó una fundación, a la que el gobierno de la provincia (léase gobernadores) le transfería todos los meses una suma, para que no les armara las carpas enfrente de la Casa de Gobierno. Proveía de todo al gremio y sus afiliados, insumos, indumentaria, seguros, etc. Y ahora dice el dictamen que es socio de una radio de un paria del peronismo, que la armó con el ATN trucho de Los Conquistadores. Y zafa de todo, y queda con los haras, yates, más de 50 propiedades, etc, etc, devolviendo el cambio que tiene en el bolsillo. ¿Cuánto habrá tenido que repartir?
Un asco todo: estos políticos inmundos que se cagan en la gente y se roban el dinero de todos nosotros, la justicia corrompida y prendida en todos estos negociados. Aflojen muchachos, pongan las barbas en remojo sino pronto se va a ser realidad la sentencia del Gral Perón: «Va a tronar el escarmiento». Esto va para todos.
LA CUEVA DE ALIBABA