Todas las voces, tanto en el ámbito político e institucional como el judicial, aseguran que existe un arreglo en el concurso para presidir el organismo de contralor, ocultar la corrupción con las erogaciones, la raíz del acuerdo.
Sin dudas una de las noticias destacadas de esta semana fue el resultado de la primera etapa de uno de los concursos públicos más importantes en la Provincia, el Tribunal de Cuentas.
La trascendía proviene de las propias funciones del organismo, ya que quien lo presida, lo que se está evaluando, conducirá -hasta que se muera, renuncie, se jubile o lo condenen mediante un jury de enjuiciamiento- todo el control externo de la administración pública, esto es, ni más, ni menos, en que gastan los fondos públicos los funcionarios y funcionarias.
Dos son las principales funciones del TdC, es el órgano fiscalizador que aprueba o desaprueba la percepción y/o inversión de los fondos públicos a cargo de los funcionarios y administradores de la Provincia, de las personas o entidades que manejen fondos públicos y de los municipios.
Y, también, ejerce la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, erogue e invierta recursos públicos.
Más allá de que muchas veces a las auditorias se les pasa por alto las irregularidades, incluso graves que finalmente terminan por constituir delitos contra la administración pública, el TdC, es el primer eslabón estatal para detectar y, en consecuencia, erradicar, contra la corrupción, de ahí su importancia y lo trascendental sobre quien lo dirija.
Justamente por ello, es que el resultado de la primera etapa del concurso hoy está en boca de todos, en el ámbito político e institucional y también el judicial, se habla y mucho sobre del primer puesto obtenido por el diputado provincial, Diego Lara.
Sobre el puntaje obtenido por Lara se tiñeron fuertes sospechas, básicamente por la escasa trayectoria del abogado en la profesión liberal, principalmente, en el ejercicio del derecho administrativo, en general en el derecho público, rama jurídica sobre la que se apoya exclusivamente el organismo.
El curriculum del hoy legislador es sumamente interesante, el único trabajo conocido es en la función publica, desde el 2003 está emplazado en algún cargo político, fue concejal del 2001 al 2003, luego intendente del 2003 a 2011 (dos periodos), y a partir de allí, durante tres periodo diputado provincial.
Es cierto que tiene un estudio jurídico y escribanía con su nombre, sin embargo, todos en el ámbito de los letrados y notarios aseguran no haber visto nunca un solo escrito con la firma y sello de Lara como profesional.
Las hipótesis de arreglo en favor del diputado provincial para que se quede con la presidencia, lógicamente, generaran mucho malestar en el ámbito profesional.
No es para menos, fueron muchos los reconocidos abogados y abogadas que se inscribieron, que invirtieron dinero en las constancias, en las certificaciones, y, fundamentalmente, invirtieron tiempo de estudio, para que, al conocerse el puntaje, se develará lo que todos sospechaban aunque manteniendo la fe en cierto margen de transparencia, que Lara ganará.
Entre los indicios de estas hipótesis generalizadas incluso se habla de que Lara podría incluso haber accedido al examen previo a realizarse.
Más allá de las sospechas, tal hipótesis -incluso siendo certera- es práctica y lamentablemente incomprobable.
Pero ¿qué se esconde detrás de esta fuerte y grave sospecha? Porque Lara y no otro? ¿Qué les garantiza Lara a quienes deben ser controlados?, y fundamentalmente, ¿Qué le garantiza Lara a la máxima autoridad a controlar, el gobernador Gustavo Bordet?
El 26 de noviembre del 2018, bajo el titulo “Decretazo para que Lara presida el Tribunal de Cuentas” este Portal daba cuenta de la decisión tomada por la ministra de gobierno y justicia de la provincia, Rosario Romero, sobre el concurso del Tribunal de Cuentas.
Mediante el decreto 2664 que lleva la firma de Romero y Bordet, se modificó la reglamentación de los concursos para ocupar cargos en organismos de control del Estado, perfilándose ya allí, que de las clausulas se inclinaba la balanza a favor de Lara.
Y es que la norma anterior (decreto 1145/17), en el apartado “Antecedentes Profesionales”, los candidatos debían presentar sus antecedentes en cargos públicos y también en el ejercicio libre de la profesión, ya sean abogados o contadores.
Luego del decretazo, aparte de los antecedentes en cargos públicos y también en el ejercicio libre de la profesión, ya sean abogados o contadores, también se le hacían constatar “antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en Organismo de naturaleza constitucional”.
Así, quienes hayan integrado el Jurado de Enjuiciamiento parten con ventaja con respecto al resto de los profesionales que deseen concursar, Lara, de los nombres que ya se barajaban, era –es- el único que accedía a este antecedente.
Fíjese el lector y la lectora que el articulo periodístico es de noviembre del 2018, el Portal no es brujo, y más allá de que el malestar se materialice ahora, lógicamente, por la publicación de los puntajes y la confirmación de Lara en primer termino, lo cierto es que desde aquel entonces el concurso se mostraba orquestado, direccionado, armado.
La balanza hacia el diputado provincial, tiene una lectura política, expansible hacia lo judicial.
A Bordet le queda poco como gobernador. Transcurriendo ya su segundo mandato, el concordiense, sin posibilidades de reelección, tiene por delante este año, que entre pandemia y demás ya está transitando la mitad, y tres más.
La asociación es inevitable, Bordet necesita de un afín en el organismo que lo debe controlar, encontrando en Lara la resolución de su conflicto.
Un Bordet que, si de falta de transparencia se trata, más allá de sus discursos, proclamas e incluso de premios del CIPPEC, hay mucha tela para cortar.
Las denuncias públicas de corrupción de la actual gestión provincial no cesan, los gastos exorbitantes vienen acaparando la atención de la ciudadanía, más aun en épocas como las actuales donde la necesidad se ha cuadriplicado y tenemos incluso personas que trabajan, que han accedido a un empleo público, con años de antigüedad y son públicos indigentes o perciben haberes por debajo de la línea de la pobreza.
En materia propiamente judicial, a pesar de que llamativamente no surja de la nómina de causas en trámites publicada por los fiscales Jorge García y Cecilia Goyeneche, también figura el nombre del gobernador como funcionario investigado por corrupción.
Dicho legajo es, se estima, por ahora, la única en la Justicia protagonizada –junto con Edgardo Kueider- por el mandatario provincial
Sin embargo existen varios hechos graves, denunciados públicamente, de groseras irregularidades en el seno de la administración pública, caso de la comercialización de alimentos de desarrollo social cuando lo conducía Laura Stratta, o las sospechas de contrataciones a empresarios acusados de robar leche de chicos desnutridos en la provincia de Chaco durante la gestión de Marisa Paira, que el gobernador ha preferido callar.
El silencio, en materia de corrupción como en cualquier otro delito, al menos frente a las sospechas, envuelve a quien omite en los hechos, convirtiéndolo en cómplice, aunque no es la única consecuencia, perpetúa la impunidad.
Tampoco ha hablado de los gravísimos hechos de corrupción provenientes de la Dirección Provincial de Vialidad que conduce Alicia Benítez con negociados con la obra pública.
El listado de denuncias, muchas de las cuales ha reproducido este Portal, es interminable.
Y por si esto fuera poco, aún resta saber, porque no se ha publicado, la infinidad de contrataciones directas y los siderales consumos que se han hecho de los fondos públicos con motivo de la pandemia.
Todo ello, en algún momento deberá ser controlado por el Tribunal de Cuentas, surgiendo ahí la necesidad de un afín en el organismo, viniendo el nombre de Lara, como anillo al dedo, para eludir cualquier tipo de control en el gasto público.
La pregunta que resta saber, que obviamente no es quien se quedará con el concursó del TdC, porque Bordet ya eligió y no hay examen que valga, es si, una vez investido, el actual diputado provincial le responderá en el ocaso del poder.
6 comentarios
Al cuidados de las ovejas ponen al lobo, que desastre resulto este gobierno de bordet
Lara, lame cu…, años, arrastrado y soberbio. ASCO!!!!!!
Asco me dan estos tipos
Al final Bordet con Lara esta haciendo prácticamente lo mismo que Uribarri hizo con Smaldone. Si querían que el Presidente sea Lara, para qué gastar tiempo y recursos del Estado en un concurso que carece de sentido.
Si lo que se quiere es transparencia, éste, sin dudas no es el camino.
Cuando será el día que se haga algo en beneficio de la sociedad y no de ellos mismos.
Va a presidir el Tribunal de Cuentas el mismo diputado Diego Lara que uso un vehículo de la Cámara de Diputados en el 2012 para irse de vacaciones a Brasil con una mujer de sexo femenino y se supo porque tuvo un accidente?. Por algo parecido la Ministra Romero le pidió la renuncia a Oscar Balla, pero acá lo premian.
Es el mismo Lara que se hizo una casa en una plaza pública del Barrio Sur de María Grande?