En medio de graves irregularidades con los alimentos, Bordet y Paira condenados a brindar los datos de los beneficiarios

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Ciudadanos obtuvieron el aval de la jueza Cecilia Bértora para que el Gobierno dé a conocer aquello que “políticamente” conviene que se mantenga en secreto, pero, no se avanzó en nada con la información pública ante la denegatoria del Fiscal Ramírez Montrull.

Este viernes desde este Portal se dio a conocer una histórica audiencia celebrada en la capital entrerriana entre dos amparistas, dos ciudadanos de Paraná, y representantes del Estado Provincial.

Lo innovador, no consistió en el establecimiento de una conciliación, facultad que emerge de la ley de procedimientos constitucionales, sino de la materia que se discutía y, lógicamente, de las partes que se sentaban a debatir.

Un amparo que intentaba, buscaba, que el Estado cumpla con su obligación, emergente de la Constitución Provincial, Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, respecto de la información pública, y el consecuente derecho ciudadano de acceder a la misma.

La jueza, Dra. Cecilia Bértora, fue quien llevó adelante el juicio de amparo, y, con atino, quien dispuso la conciliación lógicamente.

Respecto de los hechos, también este Portal se hizo eco en distintas publicaciones, el 9 de junio del 2020 se presentaba un pedido de acceso a la información pública a la ministra de desarrollo social, Lic. Marisa Paira, el 17 de junio se hacía lo propio respecto del Fiscal, Dr. Juan Francisco Ramírez Montrull.

En el primer caso se solicitaba se informe sobre contrataciones realizadas por la gestión Paira para adquirir módulos alimentarios o como comúnmente se llaman “bolsones”, funcionarios a cargo de administrar la distribución de los mismos y, lo más importante, que se identifiquen las personas físicas o jurídicas beneficiarias de estas prestaciones, vale decir, cuales son los destinatarios finales de los alimentos que distribuye Desarrollo Social.

También, dentro del pedido ciudadano, se ponía el foco sobre el manejo de partidas de comedores escolares y merenderos, y la administración de los fondos destinados a los mismos.

Respecto del Fiscal Ramírez Montrull, el pedido se basaba exclusivamente sobre una investigación penal preparatoria que el mismo lleva adelante dónde aparecen vinculados los nombres del ex secretario general de la gobernación –hoy senador nacional- Edgardo Kueider, la secretaria de comunicación, Maricel Brusco, la subsecretaria del área, Mariela Teruel y la firma “Multimedio Regional SRL” de titularidad de Adrián Bruffal.

De los nombres mencionados surge por sí mismo el interés público de la IPP, aunque no es la única cuestión de relevancia, la causa inició y se desarrolla con la presunción de irregularidades cometidas en distintas contrataciones estatales, es decir, hay dineros públicos comprometidos.

En este caso, el ciudadano, simplemente quería saber qué medidas investigativas,  vale decir, de pruebas, ha tomado el fiscal en el transcurso de un año que ya lleva la IPP, en otras palabras, que informe los actos propios de su función, ni más, ni menos.

La ministra cumplió, en parte, los plazos legales previstos pidió una prórroga para responder, sin embargo, esta prórroga no fue cumplida, la Lic. Paira no respondió.

Lo del fiscal aún fue más grave, nunca respondió, no pidió prórroga, ni nada, simplemente no contestó, desconsideró totalmente el pedido ciudadano, dejando en claro que para el MPF el derecho de pedir información pública no los roza, no tienen ningún deber hacia la comunidad.

Para el caso puntual, la cuestión planteada es de relevancia pública, primeramente porque se trata de una causa de corrupción, asimismo, por la dimensión de los funcionarios que actualmente están en ejercicio, como también por los fondos públicos.

En virtud de la reticencia de ambos funcionarios, la ministra y el fiscal, los perjudicados, Ricardo David y Rocío Rivero, no por sus profesiones, sino como ciudadanos entrerrianos, concurrieron a la Justicia mediante una acción de amparo para hacer efectivo su derecho humano a la información pública.

Un amparo donde se hizo hincapié en esta herramienta como la única a disposición de los ciudadanos para combatir la corrupción, porque en su raíz no hay otra cosa que la exigencia de transparencia por parte del Estado.

El derecho de acceso a la información como herramienta para el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos políticos que posibilitan la participación ciudadana en una sociedad democrática denota el carácter instrumental del mismo, según ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales principalmente del sistema interamericano.

Constituye un pilar fundamental de la participación ciudadana y es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión de la cosa pública. El ejercicio de los derechos políticos supone la existencia de un debate amplio y vigoroso para el cual es indispensable un amplio acceso a la información que se encuentra bajo el control del Estado, ya que sin acceso a ésta la evaluación del accionar de los funcionarios públicos se torna ilusoria.

En pandemia, la relatoría de libertad de expresión y derecho a la información pública de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) ha instado a los Estados partes a redoblar esfuerzos para que los ciudadanos puedan ejercerlo plenamente.

En la Provincia de Entre Ríos, contrariamente, los esfuerzos redoblados se materializan para restringir, limitar la información pública, un ejemplo concreto es la ausencia total de decretos y resoluciones sobre disposiciones en el Boletín Oficial desde que se estableció la emergencia sanitaria.

Estos fueron algunos de los fundamentos de los amparistas, quienes, este mismo viernes, luego de la audiencia, lograron en la Justicia un histórico precedente contra el Gobierno Provincial, aunque todavía falta mucho camino por recorrer respecto de las actuaciones del Ministerio Publico Fiscal.

Funcionarios y funcionarias, los fiscales y fiscalas, que perciben una remuneración de relevancia, lógicamente, de acuerdo a la trascendental función que deben cumplir, pero que sin embargo, respecto de los ciudadanos, son reticentes a materializar sus propios actos.

Hoy el ciudadano que paga sus impuestos, que cumple con las leyes, desconoce absolutamente el accionar del MPF, solo sabe lo que estos muy sesgadamente le comunican.

Asimismo, y lo que es más grave, que existe una doble vara con que medir los hechos de corrupción, este sentir es manifiesto en la calle.

Si existe algún funcionario o funcionaria afín a cierto sector del Gobierno provincial, el órgano acusador de la provincia, actúa de manera benevolente, lo protege, a pesar del enorme perjuicio que el accionar de aquel le provocó a las arcas públicas.

Porque en todas las causas de corrupción el perjuicio siempre es al erario público, y aun mas, a las instituciones del Estado.

La investigación del Dr. Ramírez Montrull es un fiel reflejo esta doble vara instalada en la opinión publica ya que, desde que inicio, existen fuertes sospechas de presiones al fiscal para que la misma no avance, presunciones apoyadas en dilaciones.

Hace un año que ingresó la denuncia y no se han visto resultados concretos, y es que, generalmente no se avanza sobre funcionarios que están en ejercicio.

De otra manera seria un escándalo ya que en la causa, como pruebas presentadas por el denunciante, incluso existen decretos firmados por el propio gobernador Gustavo Bordet.

Desde entonces la sospecha de que la investigación se caería, como si dice en la jerga, están presentes en la opinión pública.

Para colmo de males, el fiscal guarda silencio, y hasta es reticente a informar mediante pedidos formales.

La doble vara también es notoria respecto de lo que se informa, existen ejemplos sobrados de funcionarios públicos –que no cuentan con la protección de cierto sector de gobierno- puestos en el banquillo de la opinión pública por información que “sale” de la propia fiscalía en casias de corrupción.

Frente a esto, el pedido de acceso a la información pública se constituye como la única herramienta legal para conocer, sin embargo para la Justicia, a través de la magistrada, la fiscalía, como si no fuera parte del Estado, está exenta del deber de informar.

La constitución provincial, no lo restringe, tampoco la Nacional, menos aún los tratados, todo lo contrario, esta normativa de trascendental importancia, incluye al Ministerio Publico Fiscal como sujetos pasibles de requerimientos de información ciudadanos.

La jueza interpretó otra cosa, hizo primar ciertos artículos de un Código Procesal Penal que no previó este derecho humano, mas allá de que de su propio artículo 2 se desprende otra cosa, el respeto de los derechos humanos.

Al no existir imputados en la causa de Ramírez Montrull, mal puede entenderse que se violara el respeto de las partes en el legajo por brindar solamente pedidas probatorias realizadas.

La real razón –así se interpreta- es que el Estado protege, no a los ciudadanos, sino a los funcionarios, al menos respecto de las causas penales de corrupción.

Con respecto al pedido de acceso a la información pública incompletamente contestado por la ministra Paira, otro fue el criterio de la magistrada.

Aquí si primaron los ciudadanos.

Con un fallo histórico, la jueza Bértora, condenó al titular del ejecutivo provincial y al misterio que conduce Paira, a proveer información que nunca –aun hoy- se quiere brindar.

Desde hace varios años, porque esto n es de ahora, aunque hoy más que nunca esta exteriorizada la necesidad, vecinos a lo largo y ancho de la provincia vienen denunciando la falta de respuestas respecto a urgentes pedidos de alimentos.

Concurren al quinto piso del edificio del CEG, piden comida, y las respuesta en la generalidad de los casos es univoca “no hay” o, “los módulos no están completos”.

Sucedió en la gestión de la Lic. Laura Stratta, y sucede en la actual, desde el Estado oponen resistencia a alimentar a los sectores más vulnerables, lo cual no se condice en nada con las millonarias contrataciones que se realizan.

El ejemplo más preciso surge de la propio respuesta de la ministra Paira, el día que asumió se encontró en el depósito del Ministerio con 48.823 unidades de productos.

Los alimentos estaban almacenados, la última compra fue aproximadamente del mes de octubre del 2019, y para diciembre no se habían entregado a los más vulnerables, estaban acopiados esperando ya a saber qué, para aquel entonces y durante todo el 2019 las quejas y reclamos de los comedores y merenderos era la misma, no se los proveía de productos alimenticios a pesar de la urgente necesidad.

Los lectores recordaran los datos y la fuerte conmoción en Paraná con los por la cantidad de personas existentes en situación de calle y la solidaridad desprendida de numerosas instituciones que no escatimaron en poner a disposición sus instalaciones para el crudo invierno del 2019.

Asimismo se recordará que, como si algo le faltaba a la Provincia, ahora también poseía la ciudad más pobre del país, según las mediciones del INDEC, Concordia, la ciudad del gobernador, quedaba primera.

La cuestión no mejora en la actualidad, al 13 de julio la propia Paira reconoció que en el deposito había un stock de 20.369 unidades, mientras tanto, afuera, en las calles de la provincia niños, niñas, abuelos y abuelas, comen de la basura.

Frente a esto, la pregunta obligada no podía ser otra que la ministra manifieste a quien le da los bolsones, porque en la gente no se ven.

Quiso responder la ministra, tampoco se quiso brindar dicha información en la audiencia de conciliación de este viernes, para el Estado, dicha información está protegida y no debe darse.

La jueza Bértora vino a precisar que el Estado estaba equivocado, y que los ciudadanos que aportan para la existencia de fondos públicos tienen derecho a saber que se hace con su dinero y si realmente el mismo llega a los más necesitados.

Apoyándose exclusivamente en la ley de protección de datos personales, la magistrada fue clara, los nombres de los beneficiarios del ministerio de desarrollo social no pueden ser vedados, se debe informar al respecto, condenando así al gobernador y a la ministra.

En 10 días el Ejecutivo y/o el ministerio deberán informar a los amparistas la nómina competa de los beneficiarios de módulos alimentarios en toda la provincia.

Un avance fundamental respecto a la información pública por parte de la Dra. Bértora, que sin lugar a dudas aporta la tan necesaria transparencia que le falta al Gobierno respecto de la materia más sensible que existe, el hambre.

Más aun cuando en la actualidad las denuncias por irregularidades y las sospechas de un negocio montado alrededor de los más vulnerables ocupan los principales titulares, lógicamente por la indignación, repulsión y aberración que provoca la obtención de beneficios económicos de unos pocos con el elemento básico y fundamental como lo es la comida.

Con el aditamento que de que es el propio Gobierno quien usa de excusa a los más vulnerables para declarar la emergería en toda la provincia, y ajustar así salarios.

Un avance parcial, por lo visto, aún resta un largo camino por recorrer para que el Ministerio Publico Fiscal también cumpla con este derecho humano fundamental.

En este sentido, espetamos la decisión de la jueza pero no la compartimos, como parte del Estado también los fiscales y fiscalas están obligados con los ciudadanos, ahora resta saber si el Gobierno, vale decir, Bordet y Paira acataran la manda judicial que los obliga ni más, ni menos, a la transparencia.

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3 comentarios

Juliana 25 julio, 2020 at 4:50 pm

Cuanto ovario la jueza!!!, mira que tenés que tenerlos bien puestos para ir contra una de las maniobras históricas de los punteros. Felicitaciones al Portal y el equipo

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Cirilo 25 julio, 2020 at 8:16 pm

“Algo es algo”, o “peor es nada”, son expresiones que cabe aplicar a la Resolución de la jueza. Debe ser el primer paso para que los funcionarios recuerden que, ante todo, son servidores públicos a quienes los contribuyentes damos, directa o indirectamente un mandato, y que como tales, están obligados a rendir cuenta de sus actos. Administran recursos que con esfuerzo pagamos los contribuyentes y por lo tanto su utilización debe ser lo más eficiente posible y si no lo son, se deben arbitrar los medios para que los ciudadanos podamos cuestionar su accionar ineficiente y/o corrupto. A la justicia también le cabe el sayo, y no hacerse la distraída cuando se trata de situaciones que pueden afectar al poder de turno.-

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Tito sueldo 26 julio, 2020 at 12:49 pm

Atento las Municipalidades ,todas deben demostrar que hacen con el acopio de donaciones y compras sin remito

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