Bordet y Paira no acatan el fallo de la jueza Bértora: Negacionismo total hacia la transparencia y el otorgamiento de la información pública

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En medio de las gravísimas denuncias e irregularidades con los alimentos de desarrollo social y el silencio absoluto de la ministra y el gobernador sobre las mismas, apelan buscando un reducto que les sea favorable para impedir que se sepa quiénes se llevan los módulos.

Este sábado el Portal daba a conocer la sentencia de la jueza Cecilia Bértora en un interesante amparo planteado sobre la información pública.

Dos integrantes de este medio, aunque no en calidad de periodistas, sino como ciudadanos entrerrianos se presentaban a la Justicia exigiendo que se condene al Estado a brindar información que goza del atributo de “publica”.

Parece irrazonable hacer un planteo judicial por una obviedad, sin embargo en esta Provincia no lo es, ya que las autoridades son reacias a responder los acceso a la información publica, a pesar de los estándares internacionales y el auge de este derecho humano.

La sentencia, podría decirse, fue a medias de lo pretendido, el trasfondo d la demanda no era otro que el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull informe sobre una investigación penal por presuntos hechos de corrupción donde aparecen originariamente vinculados importantes funcionarios provinciales, caso de Edgardo Kueider, Maricel Brusco y Mariela Teruel y un privado, la firma Multimedio Regional Srl de propiedad del financista Adrian Bruffal.

Hasta aquí, lo que se sabe con seguridad es que la IPP recae sobre fondos que son públicos, personas en su calidad de públicas –funcionarios-, por hechos en ejercicio de su función –publica- y un perjuicio al erario que también es público, sin embargo el fiscal no quiso dar información.

Respecto de la ministra Paira la situación es idéntica, se trata de fondos públicos con los cuales se adquieren elementos que se destinan a la población.

Lo público está inmerso en cada uno de los componentes de la información solicitada, sin embargo, no se quiere otorgar.

La sentencia de la magistrada Bértora fue parcial, condenándose al Ejecutivo Provincial y al Ministerio de desarrollo social a brindar la información que reticentemente no se quiere brindar, esto es, que detallen e identifiquen quienes son las personas físicas o jurídicas que reciben los módulos alimentarios, respecto del fiscal lamentablemente no prosperó, dejando claro que el camino por recorrer en la transparencia del órgano acusador de la provincia será largo y tedioso.

Con los módulos si se avanzó, hoy ya existe un precedente en favor de los ciudadanos que declara que los datos solicitados, esto es lo beneficiarios finales de recursos estatales, no conforman las excepciones del acceso a la información publica, ergo, y no están comprendidos en la ley de protección de datos personales.

El argumento es sencillo y surge de la propia Ley Nº25.326, que establece cuales son los datos sensibles que están vedados de brindarse públicamente.

Este lunes, como era de esperarse de un Gobierno que ese resiste a la transparencia, mas allá de que el termino es evocado constantemente por el mandatario y sus funcionarios, el gobernador Gustavo Bordet y la ministra Marisa Paira se declararon “en rebeldía” y no quieren acatar el fallo judicial que los obliga estableciéndoles un plazo prudente para brindar la información.

Y lo hicieron utilizando uno de los vericuetos legales dispuestos, un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Lo llamativo es que, existió una audiencia donde, representantes del Gobierno Provincial, se pusieron de acuerdo en la información que primeramente no se quiso otorgar.

Más allá de esto, y de las posibilidades legales que le asisten a Bordet y Paira, lo cierto es que la apelación demuestra lisa y llanamente que existe un negacionismo total a información pública respecto de quienes son los reales beneficiarios de los alimentos en la provincia.

Reticencia manifiesta que no hace más que incrementar las sospechas que existen sobre las irregularidades y un negocio montado alrededor de la pobreza en una Provincia dónde han existido –y muy recientemente- allanamientos que determinaron la comercialización de alimentos destinados a los más vulnerables.

Lo más grave de la apelación del gobernador y la ministra es que, como vienen haciéndolo, para no informar, se escudan en un sector que hoy está padeciendo la desidia de un estado ausente y que reclama alimentos porque no obtienen respuestas del ministerio, en otras palabras, usan el flagelo de la pobreza para negarse a acatar el fallo judicial.

 

 

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4 comentarios

VERGONZOZO 27 julio, 2020 at 4:14 pm

QUE VERGUENZAAA, ESTAMOS HABLANDO DEL ESTADO QUE DEBE TENER TODO EN REGLA SIEMPRE PARA CUALQUIERA QUE LO SOLICITE, SE ESTAN DANDO CUENTA DE ESO??

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Javier Mendosa 27 julio, 2020 at 5:15 pm

Esta gente se piensan q son dueños de las cosas y pueden hacer lo que quieran, ese es el problema aca

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Federico 27 julio, 2020 at 6:38 pm

Jajaja se creen q pueden hacer lo que quieren? Estan muy equivocados señores, la platita q administran es de todos y nos merecemos saber como y en que la gastan

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sebastian menendes 28 julio, 2020 at 9:22 am

son nuestros empleados y deben dar cuenta de lo que se hace mientras la gente en los barrios se muere de hambre y de frio

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