Luego de que Sánchez y Romero hablaran de fake news, la jueza Bértora inició acciones ante el STJ por las irregularidades en el Penal

“Lo curioso del caso es que en su momento hubo groseras divergencias entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos respecto de los montos encontrados”, expresó la magistrada y exigió las acciones administrativas y urgentes medidas de seguridad.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anunció que inició actuaciones luego de la denuncia de irregularidades en la Unidad Penal de Paraná.

Las medidas partieron de un informe presentado por parte de la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Bértora, sobre posibles hechos delictivos acontecidos en la Unidad Penal Nº1 de esta capital.

A raíz de ello, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos inició actuaciones administrativas y puso en conocimiento al Procurador General Jorge Amilcar García de lo relatado por la magistrada, con la correspondiente documental, a los fines que estime corresponder.

Este Portal había dado a conocer en marzo pasado acerca del hallazgo de una cifra millonaria dentro de la Unidad Penal N°1 de Paraná, un hecho gravísimo, ya que la suma provendría de hechos delictivos.

Escándalo en la Unidad Penal: Encontraron una cifra millonaria en pesos pero hay total hermetismo

Sin embargo, las autoridades, el director del penal, Marcelo Sánchez, y la ministra de Gobierno Rosario Romero, manejaron el tema con un total hermetismo y hasta intentaron ocultar el hecho hablando de “fake news”.

Tras el escándalo por los millones en el penal, hubo una reunión urgente entre la ministra Romero y el director Marcelo Sánchez

Más de un mes después de la noticia que sacó a la luz este medio, el gobierno provincial reconoció que se había encontrado un monto significativo de dinero, aunque la información oficial acerca de cuánto era distaba mucho de lo que tenía en conocimiento este Portal.

Al final, el gobierno provincial reconoció que encontró dinero, drogas y celulares en la cárcel

Sobre este tema se expresó Bértora, al afirmar que hubo un hecho de gran repercusión pública en marzo pasado, cuando en un pabellón se secuestró una significativa suma de dinero, pastillas y celulares; destacando que lo curioso del caso es que en su momento hubo groseras divergencias entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos respecto de los montos encontrados.

Al respecto, la magistrada asegura que consultó a autoridades penitenciarias -en forma telefónica- si se había dispuesto la confección de actuaciones administrativas a fin de evacuar estos interrogantes y determinar responsabilidades en temas de seguridad interna de la UP 1.

Lo llamativo del caso, según lo expresado por Bértora es que, si bien tuvo una respuesta afirmativa por parte del Servicio Penitenciario, todavía no tiene registro ni información alguna que avale la ejecución de esos procesos administrativos.

Sobre las actuaciones iniciadas, el STJ envió copia certificada de las actuaciones a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, requiriendo urgentes medidas de seguridad y prevención que se encuentren a su cargo, y a la fiscalía general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

En su presentación la jueza Cecilia Bértora puso en conocimiento a los miembros de la Sala Penal, integrada por el vocal Miguel Giorgio, la vocal Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, de situaciones planteadas en el Servicio Penitenciario de la provincia, particularmente a partir de distintos hechos acaecidos este año en dependencias de la Unidad Penal N°1 (UP 1)  de Paraná, los cuales se vinculan con la tenencia  de estupefacientes y otras actividades delictivas por parte de internos allí alojados.

La jueza destacó que algunas de esas acciones se realizan dentro de dicho establecimiento carcelario -con acciones dentro de la UP 1 y a través de directivas impartidas telefónicamente- que involucran además la participación de personas que se encuentran en libertad.

Bértora expresó a la Sala Penal que el informe presentado se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 10866 y, atento a la gravedad y la necesidad de dar una respuesta orgánica ante una problemática que crece exponencialmente.

Dejar Comentario