El reciente anuncio del Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, respecto a la declaración de nulidad de los contratos celebrados en la Legislatura provincial ha generado un profundo debate jurídico y político. La medida ha sido cuestionada por juristas y funcionarios de la administración, quienes advierten que el procedimiento adoptado no se ajusta a lo establecido por la normativa administrativa y constitucional vigente.(*)
En el marco de las declaraciones, tanto el Fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes, como el Secretario Legal y Técnico, Dr. Esteban Vitor, han expresado su postura respecto a la nulidad de los contratos en cuestión. Sin embargo, varios expertos han señalado un “desconocimiento mayúsculo” del procedimiento administrativo necesario para declarar la nulidad de actos administrativos, lo cual podría derivar en serias consecuencias legales.
La necesidad de un procedimiento judicial
La Constitución de Entre Ríos establece que los actos administrativos pueden ser declarados nulos, pero para ello es necesario un proceso judicial previo, mediante el cual el Poder Judicial confirme la nulidad de los contratos, en lo que se conoce como “demanda de lesividad”. Esta acción permite que se preserve el derecho de defensa de los afectados y se garantice el debido proceso, dos principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
En este sentido, especialistas en derecho administrativo advierten que el anuncio de Frigerio y las declaraciones del Fiscal de Estado y del Secretario Legal y Técnico se apartan del debido procedimiento, ya que no se ha solicitado la correspondiente demanda de lesividad ante el Poder Judicial. Sin esta intervención judicial, el acto administrativo carece de fundamento y sería ilegal, lo que viciaría cualquier intento de nulidad.
El derecho de defensa y el debido proceso
El procedimiento adoptado por el Gobierno de Entre Ríos no solo resulta inapropiado, sino que podría generar un grave perjuicio a los derechos de los involucrados. “La nulidad de los contratos debe ser declarada por un juez, que tenga la facultad de verificar si efectivamente esos actos son lesivos a los intereses públicos. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de defensa de las partes afectadas, lo que sería un atentado contra el debido proceso y la seguridad jurídica”.
¿Qué pasará con los contratos?
La controversia radica en que, de acuerdo con las opiniones de diversos juristas, la nulidad de los contratos no puede ser declarada por una simple resolución administrativa. La acción debe ser instada a través de la Justicia, y no por un acto unilateral del Poder Ejecutivo o Legislativo. De hecho, sin una sentencia judicial que declare la nulidad, el reclamo que se formule carecería de sustento legal y resultaría nulo por sí mismo.
De este modo, el futuro de los contratos celebrados en la Legislatura de Entre Ríos queda en el aire, mientras que la controversia sobre la legalidad del procedimiento podría desencadenar un complejo escenario judicial. El Ejecutivo provincial, por su parte, ha defendido la medida, argumentando que la nulidad de los contratos es una necesidad para proteger los intereses públicos, sin embargo, el camino legal para lograrlo sigue siendo objeto de debate.
Conclusión: Un procedimiento controvertido
En resumen, el anuncio del Gobernador Frigerio sobre la nulidad de los contratos de la Legislatura de Entre Ríos está generando controversia entre los actores políticos y jurídicos de la provincia. La falta de un adecuado procedimiento judicial y el cuestionamiento sobre la legalidad del mismo dejan en duda la efectividad y viabilidad de la medida. La interpretación del derecho administrativo y la necesidad de respetar los principios constitucionales serán claves para determinar el futuro de los contratos y, por ende, de este proceso que sigue siendo monitoreado de cerca por toda la sociedad entrerriana.
*CARTA DE UN LECTOR