En el marco del proceso penal que investiga una compleja red de blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario de Asunción, las autoridades judiciales de Paraguay dieron un paso determinante.
El procedimiento técnico tiene como objetivo extraer y recuperar registros de llamadas, SMS y conversaciones en aplicaciones como WhatsApp e Instagram, abarcando el período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025. En este sentido, la nómina de elementos a analizar incluye los cuatro teléfonos iPhone, una notebook, un iPad y un pendrive incautados a la pareja durante el allanamiento a su residencia en el barrio San Vicente. De esta manera, el peritaje se extenderá también a las computadoras portátiles, discos rígidos y teléfonos móviles decomisados en los domicilios de sus socios locales, José Fernando Cousirat y Andrés Torales Benegas.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que los imputados utilizaban dinero de presunto origen ilícito en Argentina para ingresar al sistema financiero paraguayo mediante la adquisición de departamentos de categoría. Por consiguiente, las pesquisas apuntan a las firmas Golsur y Desarrolladora Exclusiva PY como «estructuras de fachada» montadas para ocultar la verdadera propiedad de los fondos, emulando el esquema que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado e investigadores argentinos le atribuyen al exlegislador en la provincia de Entre Ríos a través de la firma Betail SA.
Las operaciones fallidas en el sector inmobiliario de Asunción
Las declaraciones incorporadas al expediente por referentes del sector de bienes raíces en Paraguay complicaron la situación procesal de los acusados. En este marco, el empresario Carlos Alberto Guasti Cabañas, titular del Grupo Petra, testificó que Guinsel intentó adquirir cinco departamentos en efectivo por un valor aproximado de USD 600 mil. La operación se frustró debido a que la mujer no pudo justificar el origen de los fondos, derivando en una alerta formal ante los organismos antilavado.
Otro testimonio clave proviene de Antonio Azouz Baladí, gerente de la firma Innova, quien detalló un intento de inversión previa por USD 460 mil destinado a la compra de seis unidades que también debió ser cancelado y reembolsado. En consecuencia, la extracción de datos informáticos buscará probar los nexos directos entre Kueider y las personas jurídicas empleadas como pantalla.