La detención de Sergio Urribarri, ya alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú para cumplir su condena firme de ocho años de prisión, representó un duro golpe político para el PJ de Entre Ríos, desarticulando de manera drástica sus proyecciones operativas en las vísperas de un nuevo horizonte comicial. Ante este escenario adverso, las cúpulas del peronismo provincial, integradas por los principales referentes y popes dirigenciales, ya preveían el desenlace judicial de la Corte Suprema y decidieron refugiarse estratégicamente en sus bastiones territoriales en lugar de disputar la gobernación. La estrategia inicial de la conducción partidaria se basaba en evitar el desdoblamiento electoral y estirar los comicios hasta octubre del año que viene, confiando en que el paulatino desencanto social con el gobierno de Javier Milei funcionara como un arrastre nacional favorable para impulsar a la boleta provincial, una ilusión de tracción política que colapsó de manera definitiva tras el fallo judicial y el reajuste del armado peronista.
La inminencia de la resolución judicial contra Sergio Urribarri no tomó por sorpresa a la cúpula del peronismo, la cual ya manejaba información precisa sobre los avances del expediente en la Corte Suprema de Justicia. Este conocimiento previo provocó un fenómeno de repliegue preventivo entre los dirigentes, quienes optaron de manera sistemática por declinar cualquier pretensión de encabezar la fórmula a la gobernación. Al comprender el impacto de la sentencia en el electorado, los principales referentes del PJ volcaron todos sus esfuerzos en atrincherarse en sus territorios, priorizando el resguardo de las cajas municipales y las estructuras de poder local ante la inminente tempestad judicial.
El plan de supervivencia diseñado por la dirigencia peronista dependía exclusivamente de la unificación de las elecciones, un esquema donde la contienda provincial se desarrollara en octubre del año que viene a la par de la elección nacional. El objetivo central era capitalizar el desgaste del gobierno nacional, apostando a que el creciente descontento ciudadano con Javier Milei generara un efecto de tracción desde la cabeza de la lista nacional hacia los tramos locales. Sin embargo, la estocada judicial contra el exgobernador Urribarri lejos de victimizarlo golpeó fuertemente al PJ y en las puertas de una elección sus chances electorales.
Por su parte, el Gobernador Rogelio Frigerio irrumpió con fuerza en la agenda pública tras brindar una entrevista radial en un medio porteño de alcance nacional, donde planteó de manera abierta la necesidad de revisar o eliminar las PASO y avanzar decisivamente hacia el desdoblamiento de los comicios provinciales. El mandatario entrerriano sostuvo fundadamente que la gente está desencantada de la política como consecuencia de los reiterados escándalos de corrupción e impunidad, justificando así un reordenamiento del calendario electoral. Esta movida táctica neutraliza la estrategia de tracción nacional ideada por el peronismo, despojándolo del arrastre presidencial y forzándolo a competir en un escenario puramente provincial.
La decisión institucional del ejecutivo provincial de avanzar sin el esquema de primarias altera de forma irreversible los plazos de la contienda política en Entre Ríos. De concretarse la derogación de las PASO, las fechas de votación se adelantarán de manera directa hacia el mes de abril, acortando drásticamente los tiempos de preparación de la oposición. Para la estructura del PJ, esta aceleración representa un problema mayúsculo, ya que los deja sin margen temporal para resolver sus severas disputas internas ni para articular una propuesta competitiva que logre interpelar a un electorado desencantado.
Este escenario de comicios adelantados en abril encuentra al peronismo provincial atravesando una profunda crisis de liderazgo, donde ninguno de sus principales exponentes muestra intenciones reales de asumir la candidatura a gobernador. El fenómeno del atrincheramiento dirigente se consolidó en los distritos clave, donde figuras históricas prefieren resguardarse en sus territorios antes que afrontar una contienda provincial que se avisora sumamente adversa. Sin el amparo de una boleta nacional y en medio de un creciente aislamiento político, la conducción del partido se enfrenta a la difícil tarea de armar listas en tiempo récord y con una militancia desmovilizada.
Ante las mediciones adversas y las dificultades operativas, las precandidaturas del peronismo comenzaron a desarmarse en cadena. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, hizo trascender que desistió de sus aspiraciones provinciales para buscar su reelección capitalina, mientras que el senador nacional Adán Bahl desechó una nueva postulación a la Gobernación tras evaluar sondeos internos con un estrecho margen de competitividad. Ante este vacío de liderazgo, la conducción peronista intentó refugiarse en la figura del intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, pero su candidatura colisiona con el elevadísimo costo logístico de una campaña provincial, estimado en al menos tres millones de dólares, y con la latente vulnerabilidad que comparte con Bahl por la investigación de los contratos legislativos.
En este escenario de dispersión y desgaste, las alternativas tradicionales tampoco logran hacer pie: el diputado provincial Juan José Bahillo manifestó su intención de competir pero cosecha escaso respaldo interno, condicionado por los cuestionamientos judiciales a su gestión anterior en el manejo de programas para emprendedores. Frente a este panorama, empieza a cobrar volumen la opción de una renovación generacional encabezada por el diputado nacional Guillermo Michel. Pese a las objeciones de los sectores históricos por su reciente irrupción en el mapa político provincial, el exdirector de la Aduana emerge entre la dirigencia como una carta competitiva desmarcada del pasivo judicial que acorrala al partido para dar la pelea contra Rogelio Frigerio.
Sumado a la hecatombe electoral, el panorama legal del peronismo de Entre Ríos se agravó drásticamente por los avances en la denominada causa Contratos (truchos) II. Esta investigación penal compromete de forma directa a referentes de primera línea como Adán Bahl y José Eduardo Lauritto, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad judicial debido a sus responsabilidades institucionales en el manejo de las cámaras legislativas. Las derivaciones del expediente amenazan con impactar severamente a la dirigencia histórica del PJ, alcanzando de lleno a quienes pretendían presentarse como alternativas de recambio.
El expediente judicial investiga una red sistemática de desvío de fondos públicos que funcionó durante años en la Legislatura provincial, con una masa de dinero sustraído que supera los 53 millones de dólares a través de contrataciones fraudulentas y maniobras opacas. A diferencia de una simple falta administrativa o irregularidad de papelería, la Justicia analiza un esquema de corrupción estructural que despojó al Estado provincial de sumas millonarias de manera continuada. La implicancia de altos referentes peronistas en este expediente clausura cualquier discurso de transparencia institucional y complica de manera severa su capital político ante la sociedad.
Con el mes de abril en la picota judicial, el peronismo de Entre Ríos ingresará al periodo comicial bajo el permanente cuestionamiento de la opinión pública por la pérdida impune de 53 millones de dólares. El impacto mediático y social de estas revelaciones dejará al PJ provincial en una posición indefendible, donde sus candidatos deberán dar explicaciones en los tribunales mientras intentan hacer campaña en las calles. Acorralado por la condena a Sergio Urribarri, la eliminación de las PASO por parte de Rogelio Frigerio y los inminentes avances en la causa de los Contratos II, el peronismo entrerriano enfrenta uno de los momentos más oscuros y complejos de su historia reciente.