A la severa crisis política, el aislamiento en el Senado provincial y el cerco judicial por la causa de los Contratos Truchos II, al peronismo entrerriano se le sumó un nuevo y gravísimo frente de conflicto. La controversia estalló tras la desvinculación de Franco Tomás Bahl y Joaquín Bahl de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que son hijos del senador nacional Adán Bahl y de la senadora provincial Claudia Silva. La medida fue dispuesta por su presidente Gustavo Hein tras confirmar en auditorías que los jóvenes nunca se presentaron a trabajar ni se notificaron de sus designaciones, percibiendo salarios millonarios desde Buenos Aires. El hecho fue tildado públicamente por el exintendente como una persecución política, algo que llamó la atención porque ninguno de sus hijos está afiliado al PJ.
Lejos de llamarse a silencio, ambos hermanos activaron batallas judiciales con dinámicas distintas. Mientras la Acción de Amparo presentada por Joaquín Bahl fue rechazada categóricamente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), su hermano Franco Tomás Bahl agotó la vía administrativa, donde no solo le denegaron el reclamo, sino que le ordenaron la «inmediata devolución de los haberes percibidos», para llevar el caso a la Cámara Contencioso Administrativa. En un escrito de 45 páginas repleto de tecnicismos, solicitó su reincorporación, salarios caídos e indemnización, alegando una supuesta «discriminación política por ser opositor» (siendo que no está afiliado al PJ ni a ningún partido opositor) y sosteniendo haber prestado servicios para el diputado José María Kramer, pese a que en el decreto de cesantía consta que jamás registró asistencia desde su nombramiento en 2022.
Esta embestida en los Tribunales contó con el respaldo inicial del Fiscal de Estado Adjunto Pablo Javier Giannini Álvarez, quien intervino mediante presentaciones ante la Cámara pidiendo derivar todos los elementos del expediente al fuero administrativo para favorecer la postura de la familia Bahl. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó de plano este pedido de la Fiscalía de Estado, ratificando la legitimidad del cese por tratarse de empleados «ñoquis» que incurrieron en abandono del servicio.
La figura de Giannini terminó arrastrando al propio organismo a un abismo de cuestionamientos. El funcionario quedó agobiado por un ruidoso divorcio mediático con denuncias por violencia de género, acusaciones públicas de su exesposa por la supuesta apropiación indebida de más de 100 millones de pesos en honorarios del pleito por el Parque Berduc, y la filtración de audios donde trataba a sus colegas de «roñosos». Debido al encono interno de la repartición y la amenaza de una investigación sumarial, Giannini debió tomarse una licencia que fue sucesivamente ampliada para mantenerlo alejado de la Casa de Gobierno y, hasta el día de hoy, no volvió más a ocupar su cargo, dejando a la Fiscalía de Estado jaqueada en medio de la crisis institucional.
La exigencia de los jóvenes Bahl por recuperar sus privilegios legislativos expuso además una grave irresponsabilidad compartida entre Adán Bahl y Ángel Giano, donde el rol de ambos fue severamente cuestionado. Mientras Bahl intentó excusarse argumentando una supuesta propuesta de Giano basada en la idoneidad y militancia partidaria de sus hijos, el expresidente de la Cámara salió a cruzarlo públicamente desmintiendo sus dichos y admitiendo arrepentido que los firmó en planta permanente por un «pedido directo de Bahl» en pleno año electoral, cuando este buscaba la gobernación. En ese cruce, a Bahl se le recriminó su doble moral al nombrar como «ñoquis» a sus hijos sin afiliación militante mientras administraba recursos públicos, mientras que a Giano se le criticó haber cedido a presiones políticas omitiendo cualquier tipo de control sobre la asistencia de los contratados.
En sus recientes apariciones públicas, Adán Bahl intentó amortiguar la controversia calificando las acusaciones como un «ataque muy cruel a la familia», aunque insistió en justificar las acciones de sus hijos denunciando una campaña financiada por la gestión de Rogelio Frigerio. No obstante, esta estrategia de victimización naufraga frente a los fallos judiciales y las pruebas administrativas de inasistencia que fundamentaron la cesantía y la exigencia de devolución del dinero.
Hoy por hoy, la única contención que resguarda a Adán Bahl frente al avance de la causa de los Contratos Truchos II es la protección que le otorgan los fueros parlamentarios como senador nacional. Sin embargo, el escenario judicial promete complicarse de manera drástica: si la investigación penal continúa su curso y avanza con firmeza, existe un riesgo concreto de que la Justicia solicite su desafuero parlamentario o incluso su remoción en la Cámara Alta. Este desenlace podría precipitarse coincidiendo directamente con el año electoral de 2027, lo que representaría un golpe devastador para sus aspiraciones y para el armado del peronismo.
Esta seguidilla de irregularidades institucionales golpea al peronismo en su etapa de mayor dispersión territorial. La sangría política en la Cámara Alta aceleró el colapso del bloque oposición: las salidas sucesivas de las senadoras Gladys Domínguez, Nancy Miranda y Patricia Díaz terminaron por pulverizar la bancada de «Más para Entre Ríos», dejando al peronismo sin mayoría y a merced de sus propias divisiones. Frente a las urgencias electorales que impone la eliminación de las PASO. El escándalo por los privilegios familiares y los enjuagamientos en la Fiscalía de Estado terminan de erosionar el capital político de la vieja guardia, dejando al PJ de Entre Ríos sumido en una profunda parálisis de conducción.