El peronismo entrerriano atraviesa horas oscuras, atenazado por un repudio social y un costo político que hoy dejan al Justicialismo sin candidatos dispuestos a dar la cara en las urnas por miedo al castigo y al papelón en las próximas elecciones. En este escenario de huida generalizada, la actual diputada provincial y exvicegobernadora, Laura Stratta, emergió públicamente para dar lecciones sobre transparencia, información certera y responsabilidad pública. Sin embargo, la prédica de la titular del bloque opositor omite un detalle sustancial: durante sus gestiones como ministra de Desarrollo Social y presidenta del Senado de Entre Ríos, florecieron escándalos como la causa de los créditos y subsidios truchos impulsados desde su área, el desvío de millones de pesos y dólares destinados a los sectores más vulnerables, y un esquema de designaciones irregulares y nombramientos de militantes y familiares en la Cámara Alta que jamás auditó.
En sus recientes apariciones periodísticas, Laura Stratta apuntó duramente contra un proyecto de Transformación e Innovación Digital. Con un tono doctoral, argumentó que la bancada del PJ presentará un dictamen de minoría porque «modernizar no significa resignar soberanía», advirtiendo sobre supuestos riesgos en el manejo de la base de datos estatales, la ciberseguridad y las contrataciones directas previstas en el articulado.
Resulta conmovedor observar cómo la diputada descubre de repente las virtudes del control republicano. Durante los cuatro años en los que presidió el Senado entrerriano, los pedidos de informe sobre el personal contratado sitemáticamente tropezaron con un sólido silencio, la nómina de asesores se mantuvo en el más estricto secreto y las explicaciones oficiales sobre la caja legislativa naufragaron en evasivas. Apenas un tiempo atrás, acorralada por la evidencia, la propia Laura Stratta se justificó ante las cámaras con una frase que quedó para el recuerdo: «¡Irregulares no! Discrecionales, sí».
El capítulo más severo del cual Laura Stratta prefiere no hablar tiene como epicentro su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos. En 2017, la funcionaria diseñó, creó e impulsó el programa de Créditos para Emprendedores. Ella misma encabezaba los actos, repartía los cheques en la Plaza Mansilla o en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y se fotografiaba junto a los beneficiarios.
Lo que las gacetillas de prensa no mostraban era que la estructura operativa de esos fondos, que debían aliviar la situación de los más pobres entre los pobres, estaba conducida por un engranaje de funcionarios de su extrema confianza. El caso emblemático fue el de Pedro Gebhart, a quien Laura Stratta ubicó en un área estratégica, que ella inventó. Cuando el fraude multimillonario por la maniobra de los Créditos Truchos tomó estado público y la investigación judicial acorraló a los implicados, la red de contención funcionó aceitadamente: Pedro Gebhart y su grupo terminaron pactando condenas en juicios abreviados para que la responsabilidad no escalara hacia las altas esferas del ministerio.
El cobijo y los beneficios ya venían pergeñados de antes. Como si fuera una maniobra para garantizar el silencio y que «no hablara más de la cuenta», al salir de su cargo en el Ministerio de Bahillo, Gebhart fue premiado con una designación en planta permanente del Senado con Categoría 1 durante los últimos momentos de la presidencia de Laura Stratta. El nombramiento se mantuvo firme hasta que la nueva gestión ejecutó la revisión administrativa en la Cámara Alta.
El historial de Laura Stratta en el Ministerio de Desarrollo Social suma otro capítulo oscuro con la figura de Joaquín Ignacio Oñativia, un estrecho colaborador y contratado del área, único sindicado por el desvío millonario de Subsidios Truchos que estaban destinados a atender situaciones de emergencia de familias indigentes, principalmente en Victoria (ciudad natal de ambos). Aquellas partidas especiales que salían bajo su firma terminaron absorbidas por un engranaje donde figuraban desde vecinos sumidos en la pobreza hasta referentes locales como la propia reina del carnaval, quien ni siquiera tenía conocimiento de figurar como beneficiaria de semejante asistencia.
Como ocurrió con otros eslabones del esquema, la causa se cerró rápidamente mediante un conveniente juicio abreviado: un sellado hermético que alimentó las sospechas sobre un auténtico pacto de silencio para que el hilo se cortara por lo más delgado y evitar que las responsabilidades penales escalaran hacia la cúpula política. Tras asumir en soledad la culpa procesal, Joaquín Ignacio Oñativia pasó a disfrutar del confort, exhibiendo viajes por Europa y paseos por el mundo con los bolsillos llenos, mientras la exministra optó por un cómodo y persistente silencio. Jamás dio explicaciones públicas sobre qué funciones reales cumplía Oñativia ni cómo operaba semejante caja negra bajo su propia responsabilidad institucional. Haberse quedado con los recursos de la gente más vulnerable no solo resulta indignante: es directamente repugnante, y la falta de explicaciones por parte de la máxima responsable se convierte en una de las razones más fuertes que hunden al PJ entrerriano en una ciénaga de desconfianza que la ciudadanía ya ha comenzado a condenar en las urnas.
Hoy, el aparente entusiasmo de Laura Stratta por publicar listados y transparentar trámites contrasta mucho con la lista de personas que habitaron las planillas de la Cámara de Senadores bajo su administración. Una nómina plagada de dirigentes políticos que usaron la estructura del Estado como refugio, para luego salir apresuradamente cuando la prensa sacó a la luz los nombres. Antes de abandonar la conducción del Senado de Entre Ríos, Stratta utilizó el bolígrafo oficial para atornillar en la planta permanente de la Cámara Alta a una nutrida tropa de militantes, asesores y allegados de su círculo más íntimo, asegurándoles un refugio privilegiado con el presupuesto público justo antes del recambio de autoridades.
- Víctor Sanzberro: siendo concejal en ejercicio de la ciudad de Victoria, fue designado en la planta permanente del Senado. Tuvo que renunciar cuando el escándalo tomó estado público.
- Gerardo Chapino: exintendente de Federal, cobijado en la plantilla legislativa hasta que las publicaciones forzaron su salida.
- Gino Mesquida: actual intendente de Piedras Blancas, nombrado bajo la misma modalidad discrecional en el Senado provincial.
- Amílcar Genre Bert y Juan Carlos Kloss: exsenadores por el departamento La Paz y Paraná, respectivamente, cobijados en las nóminas tras culminar sus mandatos.
- Juan Godoy Castagnino: el hijo de la intendenta de Victoria, y la mismísima Isa Castagnino, cuya designación la propia Laura Stratta intentó desmentir aduciendo «operaciones de prensa», hasta que la realidad confirmó la existencia del nombramiento.
- Familias y colaboradores cercanos: desde el hermano de su secretaria privada Brenda Britos, pasando por los hijos de Kueider y el primo socio de éste, Javier Rubel, asignado a la estructura parlamentaria solamente para cobrar un sueldo (ñoqui).
Entre las designaciones cuestionadas por la incorporación de familiares y colaboradores de la ciudad natal de Stratta, Victoria, se destaca el caso de su prima Sabina Etchart, señalada por figurar simultáneamente en el municipio victoriense y en la nómina fija del Senado, así como los nombramientos de militantes y asistentes de extrema confianza, garantizándoles estabilidad laboral en la estructura legislativa provincial antes del recambio de autoridades.
Frente a semejante volumen de desprolijidades, la dirigencia política parece haber perdido la voz. Ni los fiscales ni gran parte del periodismo parecen recordar las firmas estampadas en cada uno de esos decretos de nombramiento.
Mientras Laura Stratta intenta reconfigurarse como la abanderada de la ética pública y las buenas prácticas administrativas, el Partido Justicialista de Entre Ríos empieza a pagar la factura en la calle. El desgaste de los hechos expuestos y la impunidad percibida han generado un fenómeno inédito de cara al calendario electoral: intendentes y dirigentes de peso como Rosario Romero en Paraná, y Guillermo Michel, prefieren atrincherarse en sus territorios locales, conscientes de que disputar la gobernación provincial bajo el sello del PJ hoy equivale a una contienda harto difícil provocada por el repudio de la sociedad.
El peronismo entrerriano enfrenta una crisis donde la dirigencia evita exponerse al castigo popular. Y mientras tanto, su presidenta de bloque en Diputatos da discursos sobre la «soberanía de los datos», esperando tal vez que la ciudadanía sufra la misma amnesia selectiva con la que ella recuerda su propio paso por el gobierno.