La imputación de Marcelo Medina, un empleado municipal de Santa Elena con 32 años de trayectoria en la administración pública, generó repercusiones políticas y mediáticas. El caso también involucra al intendente Daniel Rossi y tiene como trasfondo una designación realizada en la Contaduría municipal en 2015.
Marcelo Medina tiene 32 años de antigüedad en la Municipalidad, cobra $1.600.000 y se desempeña en la Contaduría. Desde el entorno del intendente cuestionan la imputación y sostienen que la causa busca desgastar políticamente a Daniel Rossi y condicionar sus aspiraciones electorales.
Medina percibe un sueldo mensual de $1.600.000, tiene cuatro hijos, vive en una vivienda heredada de sus padres y, según destacaron las autoridades municipales, todos los días concurre a trabajar en bicicleta. Estos aspectos fueron puestos de relieve por sectores cercanos a su defensa para cuestionar el impacto de la imputación sobre un trabajador de carrera.
La causa se remonta a septiembre de 2015, cuando la entonces contadora municipal se jubiló. En ese momento, durante los últimos meses de la gestión de Daniel Rossi, Medina quedó a cargo de manera interina de la Contaduría. Según los argumentos de su defensa, la designación se encuadró en las facultades excepcionales previstas por la Ley 10.027 para garantizar la continuidad administrativa del municipio.
El 10 de diciembre de 2015 asumió Silvio Moreyra como intendente y decidió mantener a Medina en esa función durante los cuatro años de su gestión. Sin embargo, en la investigación actual fueron imputados Medina y Rossi, situación que generó cuestionamientos desde el espacio político del intendente respecto de las responsabilidades de quienes posteriormente ratificaron esa designación.
Desde los mentideros políticos de Santa Elena interpretan que la investigación excede la discusión administrativa y sostienen que existe una intencionalidad política detrás de las imputaciones. En particular, consideran que el objetivo sería afectar la imagen pública del intendente y poner obstáculos a una eventual candidatura a gobernador.
También cuestionan lo que consideran una doble vara en el tratamiento judicial de las causas de presunta corrupción en Entre Ríos. Mientras a los que se robaron 53 millones de dólares de la Legislatura no los persiguen con la misma vara, comentan. Aseguran que imputan a un empleado de carrera que anda en bicicleta para pegarle a Rossi, y reclaman que las investigaciones sobre hechos de mayor magnitud reciban el mismo rigor.