Carlos Reggiardo, defensor de Daniel Rossi, anunció que dejará de ejercer la abogacía y denunció años de desprotección institucional

El abogado presentó ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos un pedido de baja de su matrícula a partir del 1.º de febrero de 2027. En una extensa nota, relató amenazas, agresiones, conflictos judiciales y cuestionó la falta de acompañamiento institucional. También hizo referencia al gobernador Rogelio Frigerio y a las responsabilidades del Estado frente a sus denuncias.

 

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo comunicó formalmente su decisión de dejar de ejercer la profesión y solicitó la baja de su matrícula a partir del 1.º de febrero de 2027. Lo hizo mediante una presentación fechada el 17 de noviembre, dirigida a las autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en la que expuso los motivos de una decisión que, según sus propias palabras, está atravesada por años de conflictos, amenazas, agresiones y falta de respaldo institucional.  

 

En el documento, Reggiardo aclara que su decisión no responde a haber perdido la vocación por la abogacía ni la confianza en el derecho, sino al desgaste personal, familiar y profesional que asegura haber sufrido a lo largo de los años.   Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al Colegio de la Abogacía, institución a la que acusa de haberlo dejado solo frente a situaciones que considera graves. En ese sentido, recuerda distintos episodios, entre ellos una agresión física sufrida en un supermercado de Victoria en 2017, un allanamiento de su domicilio cuya legalidad cuestionó y distintas denuncias y presentaciones realizadas ante organismos judiciales e institucionales.  

 

La carta también repasa situaciones ocurridas durante diferentes gestiones políticas, desde el gobierno de Sergio Urribarri hasta la actualidad. Sobre este punto, Reggiardo sostiene que los nombres y los discursos cambiaron, pero que, desde su perspectiva, se mantuvo la desprotección frente a sus denuncias e intervenciones.  

 

En uno de los pasajes de mayor contenido político, menciona directamente al gobernador Rogelio Frigerio. Señala que el mandatario conoce la situación desde junio de 2025, cuando le remitió una presentación junto a la vicegobernadora y al presidente de la Cámara de Diputados. Si bien aclara que Frigerio no originó los conflictos que relata, considera que tiene responsabilidad política por las respuestas que debe brindar el Estado durante su gestión.  

 

También hace referencia a su renuncia, en diciembre de 2024, a la función de delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio y cuestiona la tramitación de dos expedientes disciplinarios, identificados como 4357 y 4355.   La presentación concluye con un pedido administrativo concreto: que se tramite la baja de su matrícula, se informe la fecha efectiva y se le entregue la constancia correspondiente. Sin embargo, el abogado deja expresamente aclarado que su decisión no implica reconocer como legítimas las actuaciones que cuestionó, desistir de sus denuncias ni renunciar a continuar realizando presentaciones ante los organismos correspondientes.  

 

A continuación, publicamos el documento presentado por Carlos Guillermo Reggiardo, reproduciendo textualmente su contenido original:    

 

Santa Elena, 17 de noviembre de 2026

A las autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos Sección Victoria y Consejo Directivo Provincial

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes para solicitar la baja de mi matrícula profesional a partir del 1.º de febrero de 2027.

No presento esta solicitud con alegría. Tampoco porque haya perdido la vocación por la abogacía ni porque haya dejado de creer en el derecho. La presento después de años de amenazas, agresiones, denuncias, procedimientos que he cuestionado por su ilegalidad y una sucesión de conflictos que han hecho cada vez más difícil sostener mi ejercicio profesional.

Y la presento, sobre todo, con la convicción de que el Colegio de la Abogacía me dejó solo.

Esta historia no empezó ayer ni nació con el actual gobierno. Viene de la época de Sergio Urribarri, atravesó distintas gestiones y continuó bajo otras autoridades políticas, judiciales y colegiales. Cambiaron los nombres y los discursos; lo que no cambió fue la desprotección que sufrí cada vez que mis denuncias o mis intervenciones incomodaron a sectores del poder.

Me amenazaron. Me golpearon en un supermercado de Victoria. Allanaron mi domicilio en un procedimiento ilegal, sin orden, cuya legalidad cuestioné y denuncié. Mi familia también padeció las consecuencias de esta situación. Frente a todo eso, no encontré en el Colegio la defensa institucional que esperaba como matriculado.

La agresión en el supermercado no fue un hecho imaginario ni una anécdota que ahora se me ocurre invocar: ocurrió públicamente en 2017, quedó registrada por las cámaras del comercio y fue difundida por medios provinciales. Fui agredido por un funcionario municipal después de haber formulado críticas públicas. ¿Dónde estaba entonces el Colegio de la Abogacía? ¿Qué hizo para acompañar a uno de sus matriculados agredido por ejercer su libertad de expresión?

Tampoco se trata de un reclamo nuevo. En abril de 2024 me dirigí a la entonces presidenta del Colegio, María Marta Simón, y pedí ser recibido ante los cuestionamientos y ataques que provenían de la Asociación de la Magistratura. Allí recordé que llevaba años denunciando amenazas, agresiones e intentos de abrirme causas y que el Colegio ni siquiera me había enviado un mensaje para preguntarme si necesitaba algo.

Lo dije entonces y lo repito ahora: no pedía privilegios. Pedía que la institución que cobra mi matrícula y tiene el deber de representar a la abogacía no mirara para otro lado.

Mis denuncias alcanzaron a personas e instituciones con poder: funcionarios políticos, jueces, fiscales y autoridades judiciales. Cuestioné actuaciones vinculadas con la corrupción, el funcionamiento de organismos públicos y el comportamiento de integrantes de la Justicia. Lo hice mediante presentaciones, denuncias, recusaciones y expresiones públicas cuyo contenido he sostenido y seguiré sosteniendo en los ámbitos que correspondan.

Puedo estar equivocado en alguna interpretación. Mis presentaciones pueden ser admitidas o rechazadas. Pero ningún abogado debería sentir que, por denunciar o por ejercer una defensa incómoda, queda librado a su suerte frente a las amenazas, la violencia y el avance de un aparato institucional infinitamente más poderoso que él.

En diciembre de 2024 renuncié a mi función de delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio. Entre los motivos expresé que no había sido escuchado respecto de las situaciones que atravesaba y de las denuncias que había formulado. Fue otra señal de una ruptura que no empezó con esta carta y que nunca encontré voluntad real de reparar.

Mientras mis pedidos de ser escuchado no recibían la respuesta que reclamaba, sí se sustanciaron expedientes disciplinarios en mi contra. Cuestioné especialmente la reiteración de la ejecución de una suspensión de sesenta días en el expediente 4357 y las circunstancias de notificación de otra sanción en el expediente 4355. Esas cuestiones mantienen sus propias vías de discusión y no pretendo que esta carta las sustituya. Las menciono porque explican el nivel de desgaste al que he llegado y por qué perdí la confianza en la institución.

El gobernador Rogelio Frigerio conoce esta situación. En junio de 2025 dirigí una presentación a él, a la vicegobernadora y al presidente de la Cámara de Diputados para ponerlos en conocimiento de mis denuncias y reclamar garantías para quienes denunciamos hechos de corrupción e irregularidades institucionales.

Frigerio no creó esta historia: viene de mucho antes de su gobierno. Pero hoy está al frente de la provincia y, habiendo sido puesto en conocimiento de lo que denuncié, tiene responsabilidad política por lo que sucede durante su gestión y por las respuestas que el Estado debe dar dentro de sus competencias. No alcanza con hablar de transparencia y república si quien denuncia se siente cada vez más desprotegido.

Al Colegio le corresponde otra responsabilidad, que no puede trasladar a nadie: la de haber sido la institución profesional a la que acudí y de la que no recibí la defensa que reclamaba. No le pedí que me declarara inocente en ningún proceso, que interfiriera en una causa o que compartiera todas mis opiniones. Le pedí algo mucho más básico: que me escuchara, que se interesara por mi situación y que defendiera las garantías necesarias para ejercer la profesión sin amenazas ni violencia.

Durante años seguí adelante. Denuncié, recurrí, contesté y acudí a las instancias que consideré pertinentes. Pero el desgaste personal, familiar y profesional llegó a un punto que ya no puedo seguir sosteniendo del mismo modo.

Por eso solicito la baja de mi matrícula desde el 1.º de febrero de 2027 a los fines de ordenar mis expedientes salientes y mi trabajo en Santa Elena.

Que quede claro: esta decisión no significa que considere justas las actuaciones que cuestioné. No implica admitir hechos o responsabilidades que he negado, ni desistir de las denuncias, recursos, acciones o presentaciones formuladas. Tampoco significa que vaya a guardar silencio sobre lo que viví.

Me alejo del ejercicio profesional con la sensación de que la institución que debía acompañarme no estuvo cuando la necesité. Y dejo constancia de ello porque el silencio del Colegio también forma parte de esta historia.

Solicito que se dé trámite a esta presentación, que se me informe por escrito la fecha efectiva de la baja y los requisitos administrativos aplicables, y que oportunamente se me entregue la constancia correspondiente.

Sin otro particular, saludo atentamente.  

 

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