La Cámara sancionó en general, por 44 votos a afavor y 24 en contra, el proyecto impulsado por el Ejecutivo, con las modificaciones hechas por Diputados pero sin realizar las enmiendas que reclamaba la oposición.
El oficialismo también se impuso ampliamente en la votación en particular.
Tras casi 20 horas de debate, el Senado aprobó esta madrugada una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que deroga y reemplaza la Ley de Radiodifusión vigente desde la última dictadura. Sin sorpresas, el oficialismo alcanzó una holgada mayoría en la votación en general, por 44 votos contra 24 de la oposición y también en particular.
Esta vez, y a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, los senadores opositores se quedaron en el recinto para la votación en general con la expectativa de lograr, en la votación en particular, modificar los artículos relativos a la autoridad de aplicación y el plazo de desinversión, pautado en un año, durante el cual algunos multimedios deberán desprenderse de licencias. Si bien la mayoría del kirchnerismo se redujo en la votación artículo por artículo, la oposición no alcanzó a introducir las modificaciones.
Al cerrar la jornada, el jefe del bloque del FpV, Miguel Ángel Pichetto, destacó la naturaleza de la iniciativa, y dijo que es «moderada, democrática, y permite que las empresas puedan tener una posición adecuada, pero no dominante».
«Ninguna norma se escribe en la piedra, pero es un avance», subrayó Pichetto. El rionegrino aseguró que «TN se podrá reproducir en el interior», y subrayó que «el argumento de que se van a perder fuentes de empleo es totalmente falso».
Pichetto cuestionó el rabino Sergio Bergman y a Alfredo De Ángeli por encabezar este miércoles una convocatoria en contra de la Ley de Medios, y consideró que «hicieron una marcha patética, un rabino fundamentalista y un cortador de rutas profesional».
A la vez, defendió a los senadores Carlos Salazar y Dora Sánchez, que cambiaron sus posturas y apoyaron la norma oficial a último momento, y aseguró: «Los que se van del Gobierno son ídolos populares y pasan a tener la estima de la sociedad. Ahora, aquellos que deciden apoyar una medida del gobierno son tránsfugas, delincuentes, son Borocotó».
Durante el debate, varios senadores y otros referentes antikirchneristas aseguraron que la controvertida ley llegará a los estrados y que será la Corte Suprema de Justicia la que finalmente defina su suerte.
«No nos vamos a rasgar las vestiduras en decir que con esta ley no se sale de una de la dictadura, pero vamos a tratar de convencer al oficialismo para hacer cambios», subrayó el senador radical Gerardo Morales. El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, señaló que también haría fuerza para que se modificara el artículo 161 referido a la desinversión, pese a que acompañó la ley oficial en general.
El jefe del bloque de la UCR, Ernesto Sanz, en tanto, consideró que el Gobierno nacional «se encierra en una tiranía de las mayorías parlamentarias». «Muchos van a festejar como si fuera un gran triunfo, pero no tienen real dimensión de lo que dejan en esta batalla, porque son cosas que exceden este debate en el Congreso», sostuvo el mendocino, y agregó: «Yo no creo sinceramente que se la ley de la democracia que podríamos haber tenido».
Presidida por el vicepresidente Julio Cobos, la sesión del Senado se había iniciado a las 10:33, con 38 senadores en el recinto y con un breve homenaje y minuto de silencio para recordar a la cantante Mercedes Sosa, fallecida el domingo pasado.
Los discursos de los senadores que adelantaron su voto favorable rondaron en torno a la legitimidad para legislar hasta diciembre; la autoridad del Congreso para legislar en la cuestión; la necesidad de contar con una ley democrática, que termine con los monopolios y con la concentración informativa; que “puedan ser oídas las voces acalladas”, haciendo énfasis en los pueblos originarios; que se establezca la producción nacional de contenidos pero que no los regule; que defiende la libertad de prensa respecto de los poderes políticos y económicos, y adecuar la legislación a los tratados internaciones y a los avances tecnológicos.
En contra, se escucharon argumentos en torno a la inconstitucionalidad del proyecto porque sobre derechos adquiridos de licenciatarios; la composición de la autoridad de aplicación cuenta con “mayoría del gobierno de turno”; implica un avance sobre la libertad de expresión, al derecho de propiedad y a las autonomías provinciales por parte del Poder Ejecutivo; los plazos inusualmente cortos impidieron un verdadero debate, y que no da cuenta de los avances tecnológicos.
Algunas voces a favor
Los primeros discursos estuvieron a cargo de los miembros informantes de las comisiones por donde pasó el proyecto. Así, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández (FPV-Santa Cruz), abrió el debate argumentando en favor de la iniciativa, asegurando que siempre que se quiere ir en contra de la concentración y los monopolios «va a haber tensión y crispación». Además, sostuvo que los detractores del proyecto «en realidad lo que pretendían era que la ley no se tratara». «Lo que pasa es que la política tiene que elegir de qué lado de la tensión juega y este gobierno decide jugar del lado de la gente, de los que no tienen voz» y «también del lado de los usuarios», ya que a su entender existe «es una censura de tipo empresarial».
El segundo turno fue para el presidente de la comisión de Comunicaciones, Guillermo Jenefes (PJ), quien con su firma en disidencia permitió llevar al recinto la discusión. El jujeño justificó su actitud como una “obligación como senador de la Nación y como un hombre de la democracia». «Era mi obligación no tener de rehén bajo ningún punto de vista al bloque al que pertenezco», sostuvo, al tiempo que denunció “presiones de la prensa”.
Más tarde, el catamerqueño Luis Saadi (PJ) defendió su voto favorable recordando su experiencia como gobernador, cuando “me tocó vivir los excesos sin límite la presión de la prensa”. “Esta ley seguramente pondrá las cosas en su lugar y la ciudadanía será el órgano de aplicación. Por encima de las consideraciones políticas, nadie tiene autoridad moral para dejar de lado una ley que fue ampliamente debatida por el conjunto de la sociedad”, agregó.
El pampeano Rubén Marín adelantó su voto afirmativo criticando a quienes “hablan de calidad institucional” pero “se van del recinto para ir a los medios de comunicación para criticar al gobierno, a los medios y al oficialismo”. “Esta es una de las iniciativas más importantes que se trajo al Parlamento, y en el fondo de todo lo que estamos debatiendo es si el poder político en la Argentina pasa por los representantes del pueblo o las corporaciones políticas. Esa es la cuestión de fondo”, agregó.
Algunas voces en contra
El entrerriano Arturo Vera (UCR), presidente de la Comisión de Industria y Comercio, fue el primer senador opositor en tomar la palabra. Vera dijo que su bloque no se resignó «a perder la oportunidad de hacer una buena ley » y pidió modificaciones argumentando que “ningún gobierno deja de ser tal porque una ley se corrija”.
El santafesino Carlos Reutemann (PJ) atacó la conformación de la autoridad de aplicación por falta de autonomía e independencia, y sostuvo que la ley significa que «un claro menoscabo al derecho de propiedad, afectando la seguridad jurídica y las futuras inversiones».
La senadora porteña María Eugenia Estenssoro (Alianza CC) criticó duramente al oficialismo por “impedir el debate” y atentar contra la libertad de prensa. “Aunque dice que quiere terminar con los monopolios, este proyecto oficial hablita un solo monopolio, el del Gobierno”, afirmó.
Por su parte, la senadora puntana Lliana Teresita Negre Alonso (Alianza Frente Justicialista, afín al gobernador Rodríguez Saa) sostuvo que «no es verdad que este proyecto de ley no afecta la libertad de prensa, no es verdad