Impuesto Inmobiliario Rural
«La ley nº 9930, aprobada por la Legislatura, ha sido consensuada con los sectores productivos y con el Poder Ejecutivo a través del propio gobernador».
Cabe recordar que el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, preveía pasar de una emisión de dicho impuesto de $66.000.000 anuales a más de $200.000.000.
En ese momento, el sector agropecuario se encontraba en situación de Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 30 de Diciembre de 2009 por la histórica sequía que padecía nuestro territorio provincial; por la crisis financiera internacional, y por un conjunto de medidas dispuestas e instrumentadas por el Gobierno Nacional que desalentaban la producción.
Esos aumentos impositivos, que en algunos casos llegaba al 300%, generaron un fuerte rechazo por parte de este sector, importante para la economía provincial. Ante la conflictividad social, la Cámara de Diputados convocó a los sectores productivos a una mesa de diálogo con participación de representantes de la Cámara de Senadores y del Poder Ejecutivo, a través de su Ministro de Economía y del Sr. Gobernador, lográndose en este ámbito una propuesta de consenso que lograba un aumento progresivo de la recaudación por parte del Gobierno, y no en una forma tan abrupta como lo preveía el proyecto original.
Quiero recordar que en ese momento, el Gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, logró aprobar en la Legislatura un impuestazo similar al que se pretendía aplicar en Entre Ríos. Eso generó un fuerte rechazo de los sectores del campo de esa provincia, teniendo que dar marcha atrás y vetando la norma aprobada.
La ley entrerriana aprobada permite pasar de una emisión de $66.000.000 en el año 2008 a $80.000.000 en el 2009, a $115.000.000 en el 2010, $140.000.000 en 2011, y $180.000.000 en 2012. Por otro lado, debo remarcar que los pequeños productores establecidos en el segmento Nº 1 no pagan el impuesto inmobiliario en el período 2009, y que los del segmento Nº 2 no tienen aumento del mismo durante el presente año.
Asimismo, se mantiene la progresividad con relación a que los grandes productores pagan proporcionalmente más que los pequeños y medianos, y que dicha proporción del aumento es superior a estos últimos, manteniéndose el espíritu establecido en la Ley Nº 8672 de Valuación de Predios Rurales, la cuál fuera gestada en mi primera gobernación, y que actualmente es reivindicada y referenciada en todo el territorio nacional como uno de los sistemas de valuación vigentes más justos.
Derecho por el uso de Tierras Cultivables (Pooles de siembra)
Un capítulo aparte merece el análisis de la Ley Nº 9816 que fuera sancionada el 05 de diciembre de 2007, y que ha sido mal denominada “Ley de pooles de siembra” siendo la misma ampliatoria de la Ley Nº 8.318 de Conservación de Suelos. Considero que dicha norma es de suma importancia y trascendencia ya que contiene puntos que implican beneficios para los pequeños y medianos productores entrerrianos. Se crea en la misma “Un Derecho por el uso de Tierras Cultivables” del 3% del valor de los granos. Tiene como objetivo que los pooles de siembras o productores radicados fuera de la provincia, paguen en forma obligatoria el mismo, mientras que el productor entrerriano que realice rotación de cultivos y prácticas de conservación de suelos, queda exento de su pago. De esta forma, le mejoramos la competitividad con relación a aquellos que vienen desde fuera de nuestra provincia, llevándose las ganancias, agotando nuestros suelos, no generando puestos de trabajos ni beneficios económicos para Entre Ríos”.
Debo destacar que es importante la reglamentación de esta ley, dado que generaría un mejor posicionamiento de los productores radicados en nuestro territorio, pero lo más importante es que hace obligatorio a futuro el uso de prácticas de conservación de suelos, con el objetivo de tener una agricultura sustentable en lo social, en lo económico y en lo ambiental.
En reiteradas oportunidades he solicitado su Reglamentación debido a que ya han transcurrido más de dos años desde su sanción.
Se argumenta que existirían imperfecciones en el texto, las cuales nunca han sido explicitadas ni en forma escrita ni verbal, e inclusive, he sugerido que para aclarar las dudas que los funcionarios podrían tener, se convoque a los especialistas en derecho tributario que participaron activamente en la redacción de la norma y que hoy cumplen funciones en la Dirección General de Rentas y en la Secretaría de la Producción, llamando poderosamente la atención que los mismos nunca hayan sido ni siquiera consultados.
Considero que el tema del déficit fiscal de las provincias no se puede resolver pensando en aumentar la presión fiscal sobre los sectores económicos y sociales radicados en nuestro territorio dado que avanzar en este sentido es poner en riesgo la competitividad de las distintas actividades que se desarrollan en el mismo. El mayor problema hoy es la fuerte presión impositiva sobre estos sectores por parte del Gobierno Nacional, que no son coparticipados a las provincias.
La realidad nos muestra, según el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que de cada $100 que recauda el Gobierno Nacional por todo concepto, sólo regresan como coparticipación a las Provincias $23,70. Por lo tanto la pregunta que debemos hacernos es si debemos mejorar la recaudación provincial aumentando los impuestos a nuestros contribuyentes, generando mayor presión fiscal, o reclamarle a la Nación una mayor proporción de lo que ella recauda.
Voy a seguir profundizando este debate, que hace inviable la autonomía de las provincias. Hay recursos que fueron relegados y debemos recuperarlos, como por ejemplo el 15 % de la masa coparticipable que en el año 1992, durante la gobernación de Moine, las provincias cedieron por la firma del Primer Pacto Fiscal Federal dicho porcentaje a fin de cubrir el déficit del Sistema Nacional de Seguridad Social. Cabe recordar que nuestra provincia no transfirió el sistema jubilatorio provincial a la órbita nacional. Hoy no existe más dicho déficit, a partir del momento de la estatización de las A.F.J.P., por lo que, con mayor razón dichos fondos deben volver a las provincias, dado que desapareció el motivo que dio origen a ese pacto.
En números, esto significa que si las provincias reclaman la restitución de estos fondos, Entre Ríos podría contar en el año 2010 con $1.000.000.000, lo cuál cubriría en gran medida el déficit que hoy estamos teniendo para el presupuesto proyectado para el próximo año.
Existen otros recursos que también deberían ser coparticipables como el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente, de los cuales de cada $100 que se recaudan vienen a las provincias sólo $15. Hay proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional que prevén el aumento a $30.
Otro de los proyectos presentados en dicho Congreso por los Diputados Nacionales entrerrianos Cristina Cremer y Gustavo Zavallo, y que permitiría mejorar los recursos provenientes de la Nación es el Fondo Federal Solidario, creado con el 30 % de los Derechos de Exportación de la Soja, que contempla se amplíe a todos los productos de exportación que paguen dichos derechos, incluidos los derivados del petróleo, lo que permitiría pasar de un ingreso de $200.000.000 en el año 2009 a $650.000.000 en el 2010.
Por otro lado, existen acumulados y sin distribuir casi $10.000.000.000 del Fondo de Aportes al Tesoro Nacional (ATN), recursos que pertenecen a las provincias y que el Gobierno Nacional no ha distribuido y que en el marco de las emergencias que existen en las finanzas provinciales, podrían ser distribuidos por única vez, perteneciéndole a Entre Ríos una suma de $500.000.000.
Como podemos ver, en el breve análisis que realizo, las soluciones a las finanzas provinciales no pasan por ejercer una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos radicados en nuestro territorio; sino discutir con la Nación lo que nos corresponde, y así