En Comisión.
La propuesta de ley, que impulsó Chesini, tuvo el respaldo de Suárez, Garbelino, Melchiori, Vittulo, Taleb, Gaitán y Suárez a los que se suman Navarro y Ballestena; Panozzo y Alderete, en contra.
La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado analiza la distribución, a todos los departamentos, de los fondos recibidos desde la Nación por los excendentes de Salto Grande, que administra la CAFESG, de acuerdo a una propuesta que en ese sentido impulsó el senador de Gualeguaychú, Osvaldo Chesini (PJ) y que tuvo el acompañamiento de casi una decena de legisladores, entre los que se contaron Hernán Vittulo (Gualeguay) Raúl Taleb (Diamante), Santiago Gaitán (Paraná) ; Aurelio Suárez (Nogoyá) ; Carlos Garbelino (Victoria); Eduardo Melchiori (Islas) y al que expresaron también su adhesión los senadores Aldo Ballestena (La Paz) y Juan Reynaldo Navarro (Tala).
El proyecto, que debate la comisión cuyos miembros alcanzan mayoría para dictaminar, propone una distribución del 50 por ciento de los fondos de Salto Grande para los municipios afectados por las inundaciones provocadas por las inundaciones de los ríos Paraná y Uruguay; y en un 40 por ciento para la totalidad de los municipios de acuerdo a las alícuotas generales vigentes mientras que un diez por ciento será administrado por el Poder Ejecutivo, conforme a los criterios que fije en la reglamentación de la ley.
A su vez, establece que una vez concluidas las obras de reparación de los daños causados por la creciente, “lo que no podrá ser en un plazo mayor de dos años”, el 50 por ciento de los fondos “pasará a ser distribuido entre todos los municipios conforme a las alícuotas generales vigentes” y deja en manos del Ejecutivo las tareas de coordinación para los planes de obras al tiempo que establecerá un plan de reducción gradual de gastos de la CAFESG “los que no podrán ser superiores al 20 por ciento del total que administrará la provincia” dice el proyecto.
Chesini, en su proyecto de ley, fijó además que los excedentes que reciban los municipios “no podrán ser utilizados para atender gastos corrientes, ni para cancelar deuda” y propuso la creación de una comisión de seguimiento con seis representantes de las cámaras; uno del Poder Ejecutivo y también de los municipios de primera y segunda categoría que reemplazarán a la actual bicameral.
Finalmente, el texto obliga a la Comisión administradora a informar “en forma mensual el monto de los fondos recibidos de la Nación como su transferencia a municipios y al Ejecutivo, una vez sancionada la norma, a establecer “un plan de pago de todos los emprendimientos comprometidos por la Comisión administradora, y que una vez cancelados, distribuya el 90 por ciento de los fondos entre los municipios”.
Recintonet.