“El proyecto de regulación de las cámaras de seguridad en la provincia es de mi autoría. En febrero presenté el proyecto y hubo otros diputados que adhirieron”.
“Esto en realidad surgió como un interrogante en lo personal, porque, por ejemplo en María Grande, en los últimos meses de mi gestión como intendente, tuvimos algunas reuniones con algunas autoridades de la Policía para analizar la posibilidad de instalar un sistema de videocámaras en la comunidad, producto de la tecnología en materia de prevención”.
“La video-vigilancia es un método de supervisión de imágenes para la detección de ilícitos en tiempo real”.
“En realidad, esto se ha venido imponiendo, sobre todo si uno revisa los antecedentes, esto ha tenido su origen en Europa y sobre todo en Inglaterra. Hablamos de la instalación de una red, un sistema de captación y registro de imágenes en la vía pública”.
“Se plantea un marco regulatorio (hay provincias que ya lo tienen) al sistema para que tenga solidez a la hora de utilizarse como un medio de valoración, de prueba en una investigación de naturaleza penal, etc”.
“Siempre apuntando a que estos sistemas de video vigilancia pública no vulnere ni atente contra las libertades y derechos de las personas en su faz privada”.
“El proyecto plantea, en síntesis, un interrogante que son: quién vigila a los que nos vigilan, quién almacena esos datos, quién es el responsable, cómo se guarda la información, quién puede acceder a las imágenes, quién las puede solicitar y bajo qué mecanismos”.
“Córdoba, Mendoza, Capital Federal y Santa Fe son algunas de los lugares pioneros en esta cuestión, con diferentes alcances. Algunas admiten el sonido, por ejemplo”.
“El proyecto de ley que yo presenté y que ayer estuvimos debatiendo con el Jefe de la Policía de la provincia, no admite el tratamiento de sonido por una cuestión que tiene que ver con uno de los principios de la ley”.
“Todas las imágenes tiene que estar en el marco de un sistema de video vigilancia que esté autorizado por la autoridad de aplicación para que esté habilitado”.
“Además, tiene que existir una razonable proporción entre lo que persigue la existencia de cámaras de vigilancia y con la posible afectación al honor, a la imagen y a la privacidad en general. Eso no se da cuando se captan sonidos porque se está extralimitando en la seguridad y atenta contra estos derechos fundamentales”.
“La ley establece un mecanismo de confidencialidad en la administración de los datos y quienes son los responsables del sistema, cuáles son las responsables de estas personas en el manejo de esta información”.
“Además, debe haber información en la vía pública, a través de la colocación de carteles, que especifique dónde van a estar estos sistemas de captación de imagen, aunque no se especifique el lugar, la finalidad preventiva o disuasiva”.
“La ley prevé en uno de sus artículos que todos los sistemas de captaci de imagen que existan al momento de entrada en vigencia de la ley donde sel os emplace en un tiempo para que readecuen el sistema a lo q disponga la ley y la auto de aplic
“Todos los sistemas de vigilancia pública tienen que estar en mano del Estado. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, a través de la policía”.
“La ley tiene principios con garantías muy claros para que se protejan los derechos personalísimos en el manejo de esta información y que se cumpla su fin”.
“Es una iniciativa valiosa que no va a generar costos y va a dar la seguridad de que vamos a acompañar otras legislaciones provinciales. Me parece que esto va a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos”.