El máximo tribunal reunió al Gobierno y al Grupo Clarín, se escucharon todas las voces en la primera audiencia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; de todas maneras pasaron a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.
La Corte Suprema de Justicia abrió hoy una audiencia pública, la última instancia de debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de dos artículos de la norma.
El encuentro, en el que exponen sus posturas representantes del Estado y del Grupo Clarín, comenzó pasadas las 10 con una breve introducción de Ricardo Lorenzetti, quien consideró que se estaba ante «un caso de trascendencia nacional, que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad». Casi en simultáneo se inició una movilización a la Plaza Lavalle encabezada por agrupaciones alineadas a la postura del Gobierno, en defensa de la ley sancionada por el Congreso.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó la ley, y advirtió ante el máximo tribunal que si entra en vigencia plena el Gobierno podría «imponer a los particulares» la obligación de «un permiso previo para expresarse» a través de las redes sociales.
«La Ley de Medios nació obsoleta porque no tiene en cuenta a Internet», afirmó Carlos Laplacette, y consideró que «se incita a controlar la expresión de los demás» por parte del Estado.
En tanto, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, rechazó la «escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años» la aplicación plena de la ley y criticó la forma en que la Corte convocó a la audiencia de de este miércoles.
Según publicó Será Justicia, la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, aseguró que «la concentración mediática conspira contra la democracia».
Ottaviano explicó que «debemos exigir plena transparencia sobre quienes son los licenciatarios» y resaltó que «lo que debemos garantizar es impedir la monopolización».
Propuesto por el Grupo Clarín, el abogado especializado en defensa de la competencia Lucas Sebastián Grossman, afirmó que la Ley de Medios está «prohibida» por la Convención Americana de Derechos Humanos porque «es una norma antimonopolio para medios de comunicación».
«La Ley de Medios es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que no debe haber leyes antimonopolio exclusivas para los medios de comunicación», consignó el expositor.
En tanto, el abogado del CELS Damián Loreti afirmó que el Estado «debe dictar» normas «antimonopólicas», al defender en una audiencia pública la Ley de Medios.
Loreti recalcó que «las libertades públicas están establecidas en la Constitución» y denunció que en los últimos años «los monopolios han cerrado empresas de señales de cable» en distintos lugares del país.
El primero en exponer fue el representante del grupo Clarín en nombre del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, quien sostuvo que la ley de Medios «propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos».
Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un «monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica» y «en la sobrecarga de información banal e inútil».