Sinceramiento fiscal
La prohibición alcanza, por ahora, a miembros del Gobierno Nacional, desde 2010 hasta la actualidad.
El proyecto de ley de blanqueo de capitales impide a determinados funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo adherir a este “sinceramiento fiscal”. La restricción alcanza a quienes hayan ocupado cargos desde el 1 de enero de 2010 a la actualidad. Pero el proyecto no dice nada sobre integrantes de los poderes legislativo y judicial. Y tampoco restringe a funcionarios o ex funcionarios provinciales, de los tres poderes.
En la Casa Rosada señalaron que el Poder Ejecutivo se autoexcluyó de la posibilidad de que sus principales funcionarios accedan al blanqueo, y esperan que en la discusión legislativa los diputados y senadores hagan lo mismo. No hubo respuesta cuando se consultó que pasaba con los miembros de la Justicia.
El diputado Luciano Laspina (PRO), titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, admitió su sorpresacuando en Radio Mitre le preguntaron por qué miembros y ex miembros del poder Legislativo y Judicial no eran alcanzados por las restricciones.
“Sinceramente no lo sé. La verdad que tendría que verlo.Es para debatirlo. Tendría que revisar la redacción. Me cuesta pensar que no estén alcanzados en el caso de los legisladores”.
De modo que, por ahora, la restricción alcanza, según el artículo 81 del proyecto a, entre otros:
Presidente y Vicepresidente de la Nación: Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional; Interventor Federal; Síndico General de la Nación; embajador y cónsul, Personal de las fuerzas armadas y de seguridad con jerarquía no menor a coronel o equivalente; Rector, decano o secretario de universidades nacionales.
También quedan fuera de la posibilidad de blanquear funcionarios o empleados engargados de otorgar habilitaciones administrativas, integrantes de organismos de control de servicios públicos privatizados, quienes pertenecen a comisiones de adjudicación de licitaciones o compras. Tampoco pueden blanquear funcionarios que tengan a su cargo la admnistración de patrimonio público.
Además, quedan afuera personal del personal de inteligencia, sin distinción de grados.
El abogado tributarista consultado por este aparente «olvido» en la redacción del proyecto, señaló que «cuanto menos, los funcionarios que no tienen impedimento para entrar al blanqueo deberían demostrar que los fondos no fueron obtenidos durante su gestión, o que tuvieron origen en actividades lícitas que sean demostrables. Y deberían ser escrutados por organismos realmente independientes».