Otro regalo de bodas
Se aplica no solo a los vuelos de carácter oficial sino también a aquellos que forman parte de la vida privada de los magistrados.
Mientras solicitaba a la Corte Suprema de Justicia que convalidara los desmesurados incrementos de las tarifas de los servicios públicos esenciales, contra los cuales el jueves se produjo una rotunda protesta en todo el país, el gobierno nacional de Mauricio Macri dispuso una dádiva para los cinco miembros del tribunal que deben resolver su pedido.
Si bien la resolución se conoce ahora la misma data del 9 de julio cuando el Gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido.
Su texto dice que los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y Fernando (sic) Rosenkrantz “tendrán derecho a upgrade a clase ejecutiva sujeto a espacio en los vuelos de nuestra empresa”.
Esto significa que los cinco jueces podrán comprar pasajes en clase turista y en cualquier lugar del mundo pasar a la clase ejecutiva sin abonar la diferencia, siempre que en ese vuelo haya asientos desocupados.
Un nuevo regalo de bodas para el recién casado Lorenzetti y sus pares, con una resolución que no especifica la razón por la que se concede el beneficio ni el carácter de los viajes cubiertos, aplicándose, en consecuencia, no sólo a los de carácter oficial sino también a aquellos que forman parte de la vida privada de los jueces, es decir un fuero personal prohibido en forma explícita por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
La notificación de Lehmacher no informa si el regalo de bodas fue una iniciativa del Poder Ejecutivo o de las autoridades de la empresa de bandera, lo cual no hace una diferencia, ya que AA es una compañía estatal y sus autoridades son designadas en forma discrecional por el gobierno, que en cuanto asumió dispuso el reemplazo de Mariano Recalde por la ex directiva de General Motors, Isela Costantini.
Durante la campaña electoral el PRO había prometido terminar con los upgrades gratis y la nueva conducción lo oficializó, sin embargo ahora lo retoman.
En el caso de los jueces de la Corte, por el contrario, la resolución no habla de compensación económica alguna, sino del ejercicio de un derecho, cuyo origen no fundamenta.
Las dádivas están contempladas en el Título XI del Código Penal sobre delitos contra la administración pública y se consideran una forma de cohecho. El artículo 257 amenaza con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, al juez que las aceptara “para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia” y el 259 prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, para “el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo”.
Por supuesto, antes sería necesario que los jueces fueran destituidos en juicio político, ocurrencia de alta improbabilidad en el actual contexto político.