La norma establece cómo se cubrirá la presidencia del Tribunal de Cuentas para casos de acefalía, lo cual será a través del mandato transitorio del abogado con mayor antigüedad en el organismo.
El Poder Ejecutivo promulgó el 5 de agosto y publicó en el Boletín Oficial tres días después la Ley 10.436 que establece el mecanismo de designación de autoridades de órganos autónomos de control. De esta forma, ocho años después, quedó reglamentada esta manda constitucional. Asimismo, en otro apartado, la norma establece cómo se cubrirá la presidencia del Tribunal de Cuentas para casos de acefalía, lo cual será a través del mandato transitorio del abogado con mayor antigüedad en el organismo. Ahora, el Ejecutivo debe reglamentar la ley en los siguientes 30 días, y deberá convocar a los concursos correspondientes a los cargos vacantes en el término de 60 días corridos.
El mecanismo regirá para los nombramientos del «contador general, del Tesorero General, de los miembros del tribunal de Cuentas que no tengan otra forma prevista por la Constitución Provincial y sus Fiscales».
El Jurado de Concursos, será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo, designando en el mismo acto su representante; se compondrá de siete miembros y se integrará del modo siguiente: Un representante del Poder Ejecutivo; Dos miembros por las entidades representativas de las profesiones exigidas para cubrir la vacante, debiendo las entidades cada dos años remitir un listado de diez profesionales con más de diez años de profesión, con probada trayectoria y demás exigencias que disponga la reglamentación; Dos miembros para el sector académico provenientes de universidades, debiendo las mismas cada dos años remitir un listado de diez personas con probada trayectoria y demás exigencias que disponga la reglamentación; Dos representantes de las asociaciones civiles con personería jurídica vigente y domicilio en la Provincia cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. A estos fines, dice el texto al que accedió RecintoNet, se abrirá un registro de tales asociaciones para la convocatoria a integrar el Jurado.
Cabe recordar que en esta ley se avanzó tras la polémica por el proyecto impulsado por el diputado Sergio Urribarri, donde preveía la reglamentación pero con la confirmación de su exministro Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas. Finalmente, este último renunció al cargo en el que fue nombrado sin respetar el mecanismo constitucional, lo que abrió el camino para avanzar en la ley que finalmente fue sancionada. Hay que decir, además, que la designación de Smaldone está judicializada, en una demanda judicial impulsada por Juan Carlos Arralde sobre la inconstitucionalidad de ese nombramiento, pero sobre la cual la Justicia demora largamente expedirse.
Otro organismo cuya presidencia que deberá cubrirse con el mecanismo previsto en esta ley es el de la Tesorería General, luego que su anterior titular Gustavo Gioria renunciara en junio de 2014 tras quedar en la mira por el fraude millonario a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).