Funcionarios y parientes involucrados
La repartición que depende del área de Sabbioni en la mira por cobros a los vecinos por obras y habilitaciones.
Los vecinos de Paraná han denunciado de un tiempo a esta parte en numerosas oportunidades que desde Obras Sanitarias les cobran por la realización de obras o habilitaciones.
También han trascendido varios casos de loteos y frentes de obra en la ciudad en los que se ven involucrados funcionarios en manera directa o a través de sus parientes.
Un resonante caso en el que se vio involucrado un funcionario fue el loteo perteneciente a la inmobiliaria Pingus ubicado en calle Balbín, aprobado por el municipio con irregularidades, y en el que en su momento trascendió que se utilizaban maquinarias estatales para los trabajos.
Además, la empresa encargada de la obra cloacales y de agua en ese lugar, que actualmente presenta problemas estructurales que perjudican a todos los vecinos, sería Azul, investigada porque sería propiedad de Hugo Righelatto, ex director de Obras Sanitarias de la provincia, apartado de su cargo por el gobernador Gustavo Bordet luego de que fuera detenido en el marco de una causa en su contra por negocios incompatibles con la función pública.
Por otra parte, hay una gran preocupación en los vecinos por un loteo en el Acceso Norte que pone en riesgo de inundación los barrios Hernandarias y La Toma, debido a que la urbanización hace impermeable al suelo, que hasta el momento absorbe los excesos de agua de lluvia.
Recientemente Vialidad intimó a la empresa a cesar con las labores hasta tanto no se aprueben los proyectos de desagües, ya que el agua era desviada en forma irregular hacia las banquinas pertenecientes a la DPV, linderas al lugar.
También el municipio intervino a través de la subsecretaría de Infraestructura que conduce Eduardo López Segura para exigir que se detengan los trabajos debido a que se estaban llevando adelante sin autorización.
En ese loteo también denuncian que los caños de desagües y de la red cloacal fueron colocados en un día, sin que nadie del municipio controlara que las instalaciones fueran las correctas, por lo que ahora exigen la realización de una auditoría para constatar que las cañerías estén en condiciones para que no contaminen las napas de agua de la zona.
Lo llamativo del caso es que uno de los encargados de esa obra de la empresa Norvial sería hermano de José Borghello, subsecretario de Saneamiento del municipio y responsable de verificar, aprobar y firmar las habilitaciones para la instalación de cañerías de este tipo.
Lo concreto es que en este tipo de negociados quienes se ven perjudicados son los vecinos, mientras que los funcionarios se llenan los bolsillos, como aquel que se habría comprado un barco con cheques de una empresa constructora, y numerosos casos que van saliendo de a poco a la luz.
En tanto, hay más de 20 empresas constructoras vinculadas a funcionarios y ex funcionarios que tienen que ver con las habilitaciones sobreprecios de obras viales y sanitarias que están siendo investigadas por la justicia y se comenta que algunos podrían correr la misma suerte que el hoy preso Righelatto.