Se destapó la olla
Los diputados hicieron otra presentación ante la Justicia para que intervenga AFIP e investigue a quien figura como titular de la empresa, que no posee impuestos activos y la acusan de ser testaferro, y que averigüe quiénes son los socios ocultos.
En el marco de la causa que se judicializó por un inminente perjuicio o daño ambiental en la zona del Acceso Norte de la capital entrerriana, ahora los diputados provinciales Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo reclaman que se investigue penalmente a la empresa constructora Novial por presunto lavado de dinero.
La nueva presentación judicial se basa en el hecho de que quien figura como presidenta de la empresa, María Eugenia Castrillón, no registra impuestos activos según la constatación de la inscripción de AFIP, y además es beneficiaria del plan Procrear.
“En virtud del aparente escaso patrimonio de la Sra. Castrillón no guardaría congruencia con la titularidad de una empresa que se estima factura cuantiosas cifras tanto para la obra pública como para emprendimientos privados, generando la lógica sospecha de la figura de ‘socio aparente’, es decir, testaferro”, expresan los legisladores.
Por ese motivo, piden investigar penalmente “quién es en verdad el socio oculto de esta Sociedad Anónima”, “ya que la empresa constructora demandada, vinculada por la obra pública con el fisco provincial y municipal, como también con los privados, se dedica a construcciones que pueden llegar a perjudicar a muchos ciudadanos de la provincia”, según señalan los diputados.
Zavallo y Guzmán sostienen también que “es harto conocido que de la sola figura del ‘testaferro’, surgen ineludiblemente emparentados la comisión de delitos como los de lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, entre otros, lo cual implica la necesaria investigación penal”.
La causa está en manos del juez Pablo Vírgala caratulada como “GUZMAN GUSTAVO RAUL Y ZAVALLO GUSTAVO MARCELO C/MUNICIPALIDAD DE PARANA, NORVIAL SERVICIOS S.A. Y SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE ENTRE RIOS S/AMPARO-Ambiental” Expte. N°6485.
Esta nueva información agrava la situación de la empresa constructora y la Justicia deberá determinar si, además del daño ambiental al que expondría a los paranaenses con el loteo del Acceso Norte, está cometiendo un delito penal contra el fisco.