Una exigencia social
Dos condenas por abuso sexual, una libertad condicional desaconsejada por los expertos, dos infracciones a las salidas socio-familiares, y un total desinterés por parte del juez con decisiones que a corto, mediano o largo plazo perjudican gravemente a la sociedad.
El caso de Micaela García lamentablemente no es un caso nuevo en nuestro país, mucho menos en la provincia.
Y en todos esos casos, muchos, siempre están presentes los sentimientos: dolor, indignación e impotencia. Lo de Micaela no escapa de ese conjunto de emociones: el dolor que debe sentir sus padres, sus abuelos, sus amigas/os, su familia.
La desesperación que habrá sentido esa madre que no sabía nada hace días de su hija, el hallazgo de su cuerpo sin vida y que toda la investigación apunte a un condenado por doble violación seguramente es inconmensurable.
Ineludiblemente que el caso de Micaela nos trae el recuerdo lo de Fernanda Aguirre, una chica muy humilde, que se cruzó por el camino de un condenado reincidente beneficiado por la libertad asistida y hasta hoy, 11 años después, sigue sin aparecer, y aun nadie se responsabilizó.
A Micaela la mataron y el autor es un tipo el 7 de julio de 2010 sorprendió a una estudiante de Rosario del Tala cuando regresaba de rendir un examen de su carrera, el profesorado de Lengua y Literatura. Se metió detrás de ella en la pensión donde vivía con su hermana, la golpeó, le robó dinero y otros objetos. Luego la violó.
Uno tipo que unos cuatro meses más tarde, el 17 de noviembre, atacó a otra estudiante de 22 años. La cruzó en la calle con su Fiat Spazio azul, la amenazó con un cuchillo y la obligó a subir al coche. Así la llevó hasta el Parque de La Ciudad, donde la hizo bajar del vehículo entre amenazas. Luego la violó.
Un tipo que las víctimas lograron identificar y fue arrestado. En 2012 lo sometieron a un juicio abreviado, donde aceptó su responsabilidad a cambio de una condena a 9 años de prisión. Mientras empezaba a cumplirla, una tercera joven lo denunció por abuso. Había sido entre medio de los anteriores y con una mecánica similar: la atacó en la calle el 11 de mayo de 2010, también en Concepción, la amenazó y la secuestró. Luego la violó.
Al sumarse este caso, podría haber recibido una condena aún mayor. Pero otra vez la Justicia conspiró contra Micaela. Tras ser imputado, aseguró que el autor de este tercer ataque -que había cometido encapuchado- había sido su hermano gemelo, Maximiliano. En la causa había una muestra del ADN del violador, pero los análisis necesarios para discernir de cuál de los gemelos era escapaban a las posibilidades de los peritos locales. El fiscal Diego Young averiguó que podían hacerse en Alemania a un costo de 130.000 euros, aunque sin garantías de un resultado certero. No se hicieron y Wagner fue absuelto.
Pero, como si el principio de resocialización fuera a surtir efectos en estos casos, el violento sexual obtuvo el beneficio de la libertad asistida.
Una libertad que, en este caso, concedió el juez de ejecución de pena, Carlos Rossi, a pesar de que existían dictámenes desfavorables a su libertad del Equipo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9, donde estaba alojado, como también del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas y encima el propio fiscal también se había inclinado por mantener restringida su libertad ya que el artículo 13 del Código Penal requiere dictamen favorable de peritos para su reinserción social y no los tenía.
Y no solamente eso, hay que decir que Wagner había sido ya favorecido por las salidas sociofamiliares, incumpliendo dos veces con las mismas, algo que el juez no pudo desconocer.
¿Cómo le explicamos a la mamá de Micaela, al papá, a los abuelos, a las amigas, a los hermanos que con todo esas circunstancias en contra el juez Rossi le dio la libertad a un violador condenado que hoy resulta ser principal sospechoso de su desaparición?
Los garantistas haciendo gala de su extrema erudición y trayendo a colación media biblioteca de derecho penal y derecho constitucional dirán que la ley era clara y el juez de ejecución penal tenía las manos atadas porque es una garantía de todo privado de libertad.
Es más, hoy no solo se hablan de las marchas para pedir que la justicia se responsabilice por posibilitar los egresos de estos tipos, también se está hablando, desde un sector del Colegio de abogados de la provincia de salir a defender el beneficio de la libertad asistida y condicional debido a que se cumplen con las condiciones que exige la ley.
Sin embargo dicha ley no es taxativa y limita el egreso cuando el mismo pueda constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
Un condenado por dos hechos aberrantes a dos pibas que nunca se va a recomponer. El abuso sexual, tiene eso, jamás te sacas las secuelas, jamás se olvida.
Y lo mismo le cabe al victimario, sobre todo para aquellos reincidentes, en esto hay bibliotecas enteras de psicología y psiquiatría que así lo consideran: no se recuperan.
No obstante todo ese conjunto de circunstancias el juez Rossi le concedió la libertad a Wagner, sin que importe el grave riesgo que implicaba que el mismo estuviera en contacto con la sociedad.
La pregunta es simple: ¿quién se debe responsabilizar frente a la sociedad si el grave riesgo sucede como ya le sucedió con Micaela y su familia?. Tiene que existir un mecanismo que permita la responsabilidad de quienes posibilitan el egreso anticipado de un condenado que reincida.
Con la movilización en Gualeguay, la de Gualeguaychù en las puertas de la casa del juez Rossi y la de Paraná, antes de que se sepa la peor noticia, movilizaciones que se sintieron en toda la provincia y en todo el país, la sociedad se hizo escuchar y como si el grito fuera uno reclamó Justicia.
Justicia, una palabra tan aclamada por la comunidad entera, en la cual está comprendida Micaela sino también la búsqueda de los responsables y su castigo.
Y entre los responsables tiene que poner la cara, aquellos que permitieron y posibilitaron la liberación de Wagner a pesar de tener dictámenes que desaconsejaban la libertad.
Estas son las exigencias que la sociedad mantiene y va a mantener. La verdadera lucha de nuestras madres, hijas y hermanas no es otra que la libertad. Las mujeres deben poder ser libres cuando vamos caminando por la calle y no valientes o “afortunadas” de no cruzarnos en el camino de un violento sexual.
Y esta libertad la debe garantizar el Estado, pero particularmente la Justicia, con sus fiscales, defensores y jueces, y estos deben hacerse responsables frente a la sociedad en su conjunto del daño que provocan sus “fallos” (como sinónimo de errores, no de resoluciones, aunque en este caso es lo mismo).
Hoy somos todos la mamá, el papá, los hermanos, la compañera de la facu, del laburo, la vecina de Micaela y como tales exigimos que las autoridades judiciales se hagan responsables por los graves daños que a corto, mediano o largo plazo producen sus decisiones.