Los dueños de Norvial complicados en la causa penal de enriquecimiento, lavado y evasión.

Avanza la investigación

La justicia ordenó que Damonte designe abogado defensor, Castrillón, sin que la llamen, hizo lo mismo mediante una presentación espontanea.

Nuevos movimientos en la Justicia entrerriana frente a la denuncia penal realizada por los diputados provinciales Gustavo Guzmán (FpV) y Gustavo Zavallo (FR) contra los dueños de la cuestionada empresa constructora Norvial Servicios S.A.

Recordemos que los legisladores denunciaron al Ingeniero Leonardo Damonte y la Sra. María Eugenia Castrillón, por innumerables irregularidades que surgían de la documental aportada por estos en la contestación a la demanda de Amparo ambiental contra el Loteo que la empresa está construyendo en el Acceso Norte de Paraná.

Esta no sería la única relación entre los denunciados, ya que es conocido en la ciudad de La Paz, que Damonte sería el titular de la financiera “Crediexpress”, siendo Castrillón empleada de la misma.

Un amparo que fue presentado por el inminente daño ambiental que el mismo provoca por las deficiencias en la construcción del loteo ya que en el mismo no se previó que la zona es inundable como tampoco que con el mismo va a colapsar el sistema cloacal y que tiene como objetivo hacer cesar las obras pro el grave impacto que producirá en la zona como en los barrios aledaños.

Sin embargo del proceso de amparo también surgieron cuestiones penales que a juicio de los diputados provinciales la justicia debía investigar, presentando en consecuencia una denuncia penal contra la constructora y sus socios documentados.

Así de la documental acompañada por la propia demandada surgía que quien figura como presidenta de la empresa, María Eugenia Castrillón, no registra impuestos activos según la constatación de la inscripción de AFIP, y además es beneficiaria del plan Procrear.

“En virtud del aparente escaso patrimonio de la Sra. Castrillón no guardaría congruencia con la titularidad de una empresa que se estima factura cuantiosas cifras tanto para la obra pública como para emprendimientos privados, generando la lógica sospecha de la figura de ‘socio aparente’, es decir, testaferro”, expresan los legisladores.

Por ese motivo, los legisladores solicitaron investigar penalmente “quién es en verdad el socio oculto de esta Sociedad Anónima”, “ya que la empresa constructora demandada, vinculada por la obra pública con el fisco provincial y municipal, como también con los privados, se dedica a construcciones que pueden llegar a perjudicar a muchos ciudadanos de la provincia”.

El otro dato llamativo es que figura como socio Damonte, el cual tiene antecedentes penales por evasión fiscal, siendo condenado por la justicia entrerriana en el 2005.
La constructora Norvial es la responsable de varios loteos y obras públicas no solo en Paraná, a quien se la adjudicó recientemente la obra del puente de calle Moreno, también en la provincia y hasta en Tucumán.

El fundamento básicamente de los legisladores para denunciar penalmente es la relación que existe en este tipo de sociedades donde figurarían socios aparentes, o testaferros y con los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, entre otros, lo cual implica la necesaria investigación penal, como también en saber cuáles son sus verdaderos socios.

Una investigación que avanzó, trascendiendo ahora, que desde fiscalía ordenaron que Damonte designe abogado defensor.

Asimismo se supo que, luego de haber tomado estado publico la denuncia, sin que la llamen, Castrillon hizo una presentación espontanea, designó abogado defensor y aportó cierta documentación por la seria denuncia que pesa sobre la misma.

Por último también trascendió que la fiscalía solicito informes sobre la empresa constructora y los denunciados a la AFIP, la cual no ha aun evacuado los mismos, a la Dirección de Personas Jurídicas y a Inspecciones, presentando estos últimos senda documental sobre la sociedad anónima.