El juego de la Oca: avanzan cuatro casilleros y retroceden seis
Ante, la ausencia de abogados defensores en la declaración de funcionarios municipales, los mentideros sostienen que intentan que el hilo se corte por lo más fino.
La Justicia Federal avanza en la investigación para tratar de determinar las responsabilidades y roles de la banda que lideraban, al parecer, en forma conjunta, indistinta y alternativamente los hermanos Daniel Andrés Celis, conocido en el mundillo como «Tavi», y Miguel Ángel Celis, alias «Titi».
Aparentemente la organización criminal operaba en distintos barrios de la capital entrerriana, como el Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín y se extendía a las ciudades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde.
Se trata de una organización criminal que se dedicaba a la comercialización de cannabis sativa en su modalidad de menudeo y que también aprovisionaba a otras estructuras criminales de menor dimensión.
El último golpe dado por la Justicia ocurrió recientemente cuando policías federales irrumpieron en un campo de Colonia Avellaneda y detuvieron a varias personas que en el momento descargaban un cargamento de más de trescientos kilos de marihuana desde una avioneta.
En dicha oportunidad cayeron quienes serían integrantes de la banda, la mayoría familiares de los lideres, así el padre de ambos, Eduardo Ramón Celis; el hombre que los crió, Miguel Carmelo Leguizamón, su esposa, Miguela Valde; y María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Celis, respectivamente, entre otras personas.
La noticia del desbaratamiento de la banda, los posteriores allanamientos, las numerosas detenciones –hoy llegan a más de 20- y las casi 1400 horas de escuchas telefónicas recolectadas durante meses, sacudieron enormemente el arco político no solo de la capital entrerriana, sino del país, y hoy la causa ocupa la primera plana en los medios nacionales.
Y no era para menos, el material probatorio generó una terrible hipótesis en la Justicia: existen lazos estrechos entre la organización criminal dedicada al narcotráfico y la gestión municipal del intendente de Paraná, Sergio Varisco.
Esa hipótesis sonó muy fuerte entre los mentideros políticos de Paraná en 2015, durante la campaña hacia la intendencia de Varisco, pero hasta ahora no había traspasado los límites del rumor.
Hoy la justicia avanzó y la línea de investigación, más allá de las responsabilidades y roles de los hoy detenidos, según los mentideros policiales, busca determinar si existió una contraprestación entre Varisco y Celis y su banda por los favores recibidos en la campaña, y que tipo de prestación brindó este último al intendente.
La sospecha judicial no sería desacertada ya que el intendente habría otorgado a Celis un centenar de contratos que beneficiaron a allegados del hoy detenido, además de la designación de dos personas de estrecha confianza de Celis a cargo de la Unidad Municipal 2 Oeste: Hernán Jesús Rivero y Miguel Carmelo Leguizamón, aquel apodado «Cebolla», jefe y subjefe del área.
El otro dato de interés en la causa que surgió de las pruebas es que, por haber mantenido el control absoluto de la Unidad municipal 2, el material estupefaciente habría sido distribuido en los camiones recolectores de residuos.
Más allá de que los indicios sean contundentes, los últimos movimientos producidos en la Justicia dejaron al descubierto que podría haber un retroceso o, más bien, que la investigación no iría hasta el fondo del asunto, lo que beneficiaría a la cúpula mayor del Municipio.
La semana pasada fueron citados como testigos el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la subsecretaria de seguridad municipal, Griselda Bordeira. Ambos declararon en absoluta soledad, y coincidieron en que conocían a Celis, no solo de la actual gestión que compartían como funcionarios, sino también de la campaña electoral del 2015.
Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones, las provocaron el vacío que hicieron los abogados defensores de los 21 imputados que ya lleva la causa.
La falta de presencias de los letrados dejó entrever una especie de soltada de mano de los mismos para con sus defendidos, casualmente, varios de estos funcionarios menores, empleados o contratados de la actual gestión municipal.
La conjetura no es menor, ya que si se trataba de determinar que roles tuvieron los imputados en la comercialización de la marihuana o si se trabada de establecer los puestos estratégicos de los mismos, o alguna causal que los exima de responsabilidad, o los imputados desconocían a los declarantes, los abogados debieron preguntárselo a los calificados testigos.
Da la sensación de que luego de haber trascendido públicamente el contenido de las escuchas y la relación que surgía de las mismas entre los altos popes del Municipio y la organización criminal, algo se habría detenido en el camino de la investigación de la justicia federal.
Es más, hoy los mentideros policiales califican a la investigación como el “juego de la oca” donde se avanzan cuatro casilleros y se retroceden seis.
Esta no sería la primera vez que el hilo se corte por lo más delgado y la investigación se detenga en los funcionarios de menor rango y se deje a salvo al intendente y sus funcionarios jerárquicos.