Frente a un Poder Judicial debilitado
El empresario de la construcción imputado por la Cumbre del Mercosur y que fue denunciado por colgarse de la luz en el Centro de Convenciones, hoy quiere apartar a los jueces de las investigaciones por irregularidades en los negociados inmobiliarios millonarios entre funcionarios y privados.
El conocido empresario de la construcción, Miguel Marizza, junto a un grupo de privados del rubro, manifestaron su rechazo a la judicialización de los emprendimientos inmobiliarios.
Lo hicieron a través de una solicitada publicada en uno de los conocidos matutinos de la capital entrerriana, brindando a su vez una conferencia de prensa la semana pasada en donde pidieron que “se respete el Código Urbano” y expresaron, ante la judicialización de emprendimientos urbanos, que su actividad funciona de acuerdo a las leyes, las normas y los reglamentos. Aclaran que cualquier alteración a este proceder produce graves consecuencias al conjunto de la sociedad.
También se refirieron a las virtudes dinamizadoras de la economía de ese sector y que “la sola mención de posible paralización de obras, reglamentadas y aprobadas, produce un inmediato freno a las expectativas de inversión, reduciendo la economía en su conjunto”.
Aseguraron también que las acciones judiciales están opuestas al interés general y producirán la paralización del sector, con sus directas consecuencias de desocupación y freno a la actividad comercial.
Marizza puntualmente sostuvo “Estamos muy preocupados por el freno a proyectos de edificios como de loteos que han sido aprobados dentro de las normas existentes y que después son judicializados. Esto produce que el desarrollo se detenga. Esto es muy grave en el marco de la decisión que ha tomado el gobierno nacional que consiste en que lo que antes se hacía por obra pública hoy se haga por obra privada. Esta está basada en créditos hipotecarios. El problema es que si la obra se para por una decisión judicial produce un riesgo muy alto de quiebre del sistema” y agregó que “en función de eso y de que el peligro siga avanzando, estamos preocupados porque va a haber un freno muy fuerte en la construcción y una caída de los puestos de trabajo”.
Dichas amenazas y duras advertencias para que la Justicia se aparte o haga la vista gorda de las investigaciones se otorgaron, llamativamente, cuando un amparo contra una constructora, su comitente y el Municipio de Paraná llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual tendrá la oportunidad de resolver si el emprendimiento inmobiliario del Acceso Norte provocara un inminente daño ambiental y existen varias denuncias penales contra privados y funcionarios públicos, y puntualmente toma forma una por el delito de usurpación de títulos contra un ingeniero que firmó un informe ambiental sin poseer matricula habilitante en la provincia.
Frente a tal preocupación por parte de Marizza y Cia., los cuales se jactan de honestidad y probidad, habría que preguntarse si es el mismo empresario que actualmente está imputado y procesado por el mayor negociado a corto plazo como lo fue la Cumbre del Mercosur.
Habría que peguntarse si el mismo que, según trascendió, habría sido denunciado por haberse colgado de la luz en la obra del Centro de Convenciones de la capital entrerriana, y que con posterioridad pagó la factura para evitar el escándalo y que hoy quiere apartar a la Justicia de los hechos que investigan los negociados con la obra pública y privada.
Una advertencia la de Marizza y Cia., con ribetes de amenazas, y que apunta a la paralización de la construcción, dejando en claro que con ello se caerá todo el sector constructivo, y por lo tanto, menguara considerablemente el empleo de los trabajadores de la construcción.
Un aviso, el del empresario, dirigido contra un poder judicial que hoy no pasa su mejor momento, con una credibilidad muy debilitada en virtud de la sacudida que provocó el intento de juicio político y posterior renuncia del magistrado del Superior Tribunal Carlos Chiara Diaz, la investigación en ese sentido, pero que no prosperó, de la actual presidenta del Cuerpo, Claudia Mizawak y que actualmente enfrenta otra exposición por el jury de enjuiciamiento del juez de ejecución penal Carlos Rossi.
Indudablemente que las expresiones del grupo Marizza y Cía. dejan mucha tela para cortar cuando se pretende que la justicia investigue y vaya a fondo en las causas de corrupción que involucran a funcionarios y privados, todos estos negociados que dan ganancias millonarias y, que las pérdidas se la lleva exclusivamente la comunidad, con severos daños ambientales como colapsos cloacales, anegamientos de las viviendas, caos vehicular, entre otros, panorama que hoy sufre gran parte de la ciudad.