El informe ambiental es ilicito
El resultado del Colegio profesional es terminante: el informe ambiental de la Caja previsional de bioquímicos y Norvial, por el cual el Municipio aprobó el loteo del Acceso Norte fue suscripto por un ingeniero sin matricula, toman forma los delitos de usurpación de titulo y violación de los deberes de funcionario público.
A mediados de junio este Portal daba a conocer sobre una denuncia penal contra un supuesto ingeniero santafesino, Ricardo Ruiz, por el delito de usurpación de titulo, ilícito penal atribuido en virtud de haber suscripto un informe ambiental sin poseer matricula habilitante en la Provincia de Entre Ríos.
La relevancia de dicho informe provenía del hecho de que ese documento constituyó el basamento central de la gestión de la entonces intendenta Blanca Osuna para aprobar las obras de iniciación del cuestionado loteo del Acceso Norte de propiedad de la Caja Previsional de Bioquímicos y que construye la varias veces denunciada empresa constructora Norvial Servicios S.A.
Un ingeniero que contrataron Leonardo Damonte, titular de la constructora, y el presidente de dicha caja previsional, Roberto Gebhart, para lograr la factibilidad del proyecto inmobiliario de ganancias millonarias.
Un loteo emplazado en una zona altamente inundable y en el cual, debido a las deficiencias de los materiales utilizados para la construcción, colapsara el sistema cloacal , como también en el que no se han previsto el caos vehicular y el desarrollo paisajísticos de la ciudad.
Un fraccionamiento, por otro lado, irregular por donde se lo mire, ya que se aprobó sin contar con un estudio de impacto ambiental previo y sin licencia ambiental, en contraposición de la normativa nacional y provincial que regula la materia en este tipo de mega emprendimientos inmobiliarios, lo cual también es materia de litigio a través de un amparo que actualmente está en la Corte Suprema.
La causa penal también tiene como denunciados a la ex intendenta Blanca Osuna y a sus funcionarios, el entonces subsecretario de planeamiento municipal, el Arquitecto Abelardo Llosa, su director de vialidad urbana, el ingeniero Xavier Luis Bilbao, como también del actual subsecretario de Planeamiento, Adrián Bassi, el secretario legal y técnico, Walter Rolandelli y al intendente Sergio Varisco.
Puntalmente a los mismos se los denunció por haber omitido verificar o controlar la calidad técnica de los informes presentados por una persona sin matrícula, deber impuesto por el Código Urbano Municipal, lo cual encuadraría en la figura del código Penal de violación de los deberes de funcionario público.
Una causa que para avanzar era necesario la remisión de un informe proveniente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Entre Ríos que determine si el ingeniero Ruiz estaba o no matriculado en la provincia, ya que de no estarlo se configuraría el ilícito penal de usurpación de titulo y, en consecuencia, el de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Un informe del colegio que se presentó recientemente, concluyendo el mismo que Ruiz no está matriculado en Entre Ríos y nunca lo estuvo, situación que le impide realizar actos propios de la profesión en nuestra provincia, caso contrario, su conducta seria pasible de sanción conforme al código penal.
Frente a este panorama, no solo se complica la situación judicial del ingeniero Ruiz que realizo un informe ilegal, sino también de los funcionarios mencionados, conociéndose que sería inminente la citación judicial de todos los denunciados a fin que designen abogados defensores y posteriormente los llamen a dar sus explicaciones de los delitos investigados.
Un caso judicial que habla a las claras de las versiones de connivencia entre los empresarios de la construcción y los funcionarios públicos que a sabiendas hacen la vista gorda con las documentaciones fundamentales para otorgar la factibilidad de los emprendimientos en donde las pingues ganancias únicamente van para ellos y las perdidas solamente para los vecinos y la ciudad.