Insaciables
Uno de los pingües negocios de la Mutual Modelo firmado con Mondragon incluiría mano de obra en negro, evasión y deslealtad comercial, y ganancias de un 90%.
En el mes de mayo, este Portal daba a conocer una extensa investigación periodista que daba cuenta de otro pingüe negocio de la Asociación Mutual Modelo, la cual incluiría, mano de obra en negro, evasión y deslealtad comercial.
Una investigación que se inició luego de que estallara el escándalo ocurrido en la ciudad de Concordia, la cual azotada con la última inundación y con un sin número de evacuados recibió en calidad de donación almohadas y colchones que, llamativamente, con posterioridad pretendieron cobrar por la suma de un millón de pesos a través de una factura expedida por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
En aquel momento, se conoció que quienes insistían en el cobro de la factura eran Adrián Bruffal, titular de la Mutual Modelo (AMMER), y su socio, el afamado empresario de la obra pública, Miguel Marizza, los cuales habrían presionado fuertemente a las autoridades municipales para que saliera la orden de pago.
Según trascendió la situación irregular generó una investigación de la fiscalía de Concordia de oficio, para determinar cuáles son las vinculaciones entre los privados, la financiera AMMER, y el organismo estatal que habrían pretendido estafar, según lo denunciado públicamente, al Estado municipal cobrando un millón de pesos por los bienes dados en donación.
Una investigación que si bien avanza lentamente conociéndose ahora que el fiscal coordinador de Concordia, Santiago Brugo, que tiene a su cargo las actuaciones, amplió la misma, queriendo conocer cuál es la relación comercial que mantiene el Estado Provincial y la Mutual que está utilizando como mano de obra a los internos para confeccionar almohadas, colchones y frazadas.
Así mediante un oficio el fiscal le solicito un informe al director del servicio penitenciario, José Luis Mondragon a fin de que se expida sobre la nomina de internos que durante el 2015 se desempeñaron en el taller de confección de dichos elementos, en cuales establecimientos trabajaron, la remuneración percibida y la forma de pago.
Asimismo el fiscal quiere conocer detalles sobre la producción, cantidad de elementos realizados, días y horas de funcionamiento y que se remita el convenio de colaboración, el cual ya fue publicado por este Portal.
Más allá de la investigación, con las preguntas de Burgo y el pedido de remisión del convenio en original, provocan una serie de preguntas con respecto a la Justicia, por el llamativo desconocimiento de la magistrada de ejecución de penas de las irregularidades en la utilización de los internos, siendo la misma garante de sus derechos.
Paralelamente, y desde el mes de junio, el escándalo de los Colchones de Concordia y el Convenio de Colaboración entre la mutual y el Servicio Penitenciario también están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, conociéndose que asimismo existen actuaciones en Fiscalía de Estado, apuntando todas ellas a la Asociación Mutual, el Director de la Unidad Penal 1º, Mondragon y, llamativamente, a la Empresa Caballi S.A. de propiedad de Marizza.
Según información proveniente del Tribunal de Cuentas, auditoria hizo una series de observaciones al Convenio, debido a un sospechoso movimiento de caja en la unidad penal 1º donde se registro un ingreso de un millón seis cientos mil pesos y un egreso a los pocos días de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos, sospechándose que en la maniobra estuvo involucrada la firma Caballi S.A. del empresario Miguel Marizza y la Mutual que en dicho momento presidia Adrian Bruffal..
Un pingue negocio por donde se lo mire, con cero costos, previéndose ganancias únicamente para la Mutual que se lleva el 90% del producto de la ventas, quedando el 10% para la Unidad Penal en concepto de compensación por el producto vendido, algo que echa por tierra los pretendidos fines altruistas que dicen sostener a la mutual.
Indudablemente que el negocio redondo incursiona en la competencia desleal de otros vendedores de colchones que tienen que pagar impuestos, cargas, contribuciones, e innumerables costos para la producción y posterior venta.
Agravándose el escándalo por la participación del estado provincial a través del organismo penitenciario que conduce Mondragón, desconociéndose las condiciones laborales, impositivas y, un dato que no es menor, el precio de los denominados “colchones sociales.