Negocios incompatibles y peculado
Se llevó a cabo una audiencia de apelación por una medida solicitada por la fiscal y autorizada por el juez de garantías en la causa donde se investiga el pedido de un millón y medio de pesos que la mutual realizó al Municipio como adelanto por retenciones.
Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en virtud de la investigación penal preparatoria debido a posibles maniobras que implicarían negociaciones incompatibles con la función pública y peculado realizadas a través de la mutual modelo.
Una causa que se inició luego de una denuncia que realizó el diputado provincial Gustavo Guzmán por la solicitud de un millón y medio de pesos en concepto de adelanto de retenciones realizada por la mutual y que contiene la firma de la concejal y profesional del derecho, Marta Zuiani, dirigida al intendente.
Una maniobra de por si sospechosa y que obligó la investigación penal en principio por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función publica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La audiencia fue presidida por el juez de apelaciones, Pablo Virgala, y estuvieron presentes, la fiscal Patricia Yedro, su par Gonzalo Badano, el abogado defensor de Picazzo, Emilio Fouces, su par defensor, Rubén Pagliotto y la abogada del querellante, Rocío Rivero.
En la misma se discutió sobre la admisibilidad o no de una pericial informática solicitada por la fiscal que conduce la investigación, Patricia Yedro y que fue autorizada por el juez de garantías, Humberto Franchi.
Una pericial que se pretende recabar sobre una notebook secuestrada en la sede de la mutual modelo en la causa que tiene como imputado al ex presidente de Sidecreer, Juan José Canoza, por enriquecimiento ilícito y en donde la investigación apunta a que las maniobras delictivas se habrían perpetrado en connivencia con las mutuales.
Dicha resolución fue apelada por la defensa del presidente de la mutual modelo argumentando el Dr. Emilio Fauces, abogado defensor de Picazzo, que la misma violaba las garantías del debido proceso y de defensa en juicio ya que, entre otros fundamentos, que la medida no había sido notificada a su parte y que la información contenida en la computadora que se pretendía peritar podría ser manipulada.
Asimismo sostuvo que existía un error grave en la resolución del juez de garantías debido a que en la misma se manifestaba que la computadora había sido secuestrada en virtud del presente legajo, algo que no era así.
A la hora de defender la medida probatoria solicitada por la Dra. Yedro, la abogada querellante, la Dra. Rocío Rivero, solicitó que sea desechada la apelación y se confirme la resolución que autoriza a la fiscalía a realizar la medida probatoria, argumentando que no existía violación a ninguna garantía ni del debido proceso ni del derecho de defensa toda vez que se habían cumplimentado todos los requisitos del código procesal penal entrerriano para este tipo de probanzas y que estaba intacta la posibilidad de controlar la prueba por todas las partes.
Por último, la Dra. Yedro, hablo de la inadmisibilidad el recurso interpuesto por la defensa, haciendo hincapié principalmente en lo prematuro del planteo, agregando que lo que ella estaba solicitando es evidencia y desconociéndose, hasta que se realice la pericia, si el material encontrado servirá ante una posible remisión a juicio.
Asimismo la fiscal aclaró de qué se trataba la medida solicitada y autorizada por el juez de garantía poniendo especial énfasis en que de ninguna manera el contenido de la pc podía ser manipulado, manifestando que la defensa solamente pretendía dilatar la investigación con este tipo de planteos.
Una audiencia donde la fiscal también habló de los actos de corrupción y los deberes que tiene los operadores jurídicos de combatir los mismos con la mayor celeridad posible y que será resuelta el próximo jueves por el juez Virgala.